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Una zona sitiada y un diálogo trabado por el Gobierno, bajo la sombra de Rafael

La presión de las organizaciones sociales gestó una mesa para pacificar una región militarizada. Avruj rechazó avances hasta ejecutar el desalojo, el mismo que terminó con el joven asesinado.

Por 28/11/2017 20:59

BARILOCHE (Enviado especial) "El juez no ordenó ningún peritaje. No existió eso. Nosotros acordamos la posibilidad de que se hiciera el peritaje el domingo pasado con el juez. Y hasta ahora el juez no dio órdenes al respecto. Creo que algunos medios salieron diciendo algo que no estaba dicho ni hecho. Tampoco hubo piedrazos. Se meten informaciones que no son verdaderas. Lo que ha pasado es lo que dijo ahora", contestó a Letra P el obispo de San Carlos de Bariloche, Juan José Chaparro, cuando había concluido el primer día de funcionamiento de la mesa de diálogo que se reunió este martes en la sede barilochense de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.

La convocatoria fue realizada por el juez federal Gustavo Villanueva para "lograr un desenlace pacífico" a la nueva crisis que conmueve a esta ciudad patagónica desde el jueves pasado, cuando el magistrado ordenó el desalojo del territorio que había tomado la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, en la localidad de Villa Mascardi, ubicada a 35 kilómetros de esa ciudad cabecera. El mega operativo contó con más de 300 efectivos de las fuerzas federales, en una espiral de violencia que no concluyó ese día, sino que tuvo su máximo pico de tensión el sábado por la tarde, cuando un comando de elite de la Prefectura Naval Argentina (PNA) regresó a la zona y mató por la espalda al joven Rafael Nahuel, de 22 años, que había ido para solidarizarse con sus compañeros reprimidos.

Según pudo reconstruir este medio, a partir de fuentes judiciales, los Albatros -compuesto en gran parte por francotiradores- atacaron al grupo que había resistido el desalojo del jueves con balas de plomo, cuando los miembros de la comunidad mapuche habían comenzado uno de sus ritos ancestrales. Ante los primeros disparos, los protagonistas de la toma se tiraron al suelo y comenzaron a huir. "Rafita", como le decían en su barrio, no pudo, porque una bala policial lo mató por la espalda.

El lugar del rito originario se transformó en la escena del crimen desde las seis de la tarde de este sábado. Pero el enorme cerrojo en la zona que habían dispuesto las fuerzas de seguridad federales, bajo la conducción política de la ministra Patricia Bullrich, profundizó el aislamiento impuesto desde el jueves para evitar que se conocieran los detalles de las violaciones a los derechos humanos cometidos por los efectivos que intervinieron.

 

La primera reunión de la mesa de diálogo convocada en Bariloche. (Gentileza, diario Tiempo Argentino)

 

La noticia del asesinato recién se conoció antes de la medianoche del sábado, cuando los retenes que habían desplegado las fuerzas represivas abrieron paso a los abogados de organismos de derechos humanos que insistían con volver a la zona, que estaba virtualmente sitiada desde el jueves.

Antes y después del crimen, el Gobierno -especialmente, los voceros allegados a la ministra Bullrich- se encargó de sostener -y repetir- que las balas del Grupo Albatros fueron disparadas en respuesta a una presunta agresión de la comunidad mapuche, con proyectiles tan letales como la bala 9 milímetros que mató a Nahuel. La segunda versión, del mismo calibre, buscó instalar durante todo el fin de semana que los mismos integrantes de la comunidad se habían negado a permitir que la justicia realizara un peritaje que, según le dijo a este medio el Obispo Chaparro, jamás existió.

 

 

"En el operativo de desalojo que ordenó Villanueva el jueves, el encargado de llevar adelante la acción no fue el juez sino el jefe de la Policía Federal y lo hizo como quiso. Las consecuencias de esa actitud impasible se vivieron el sábado, cuando las fuerzas de seguridad siguieron haciendo lo que quisieron", se lamentó una fuente judicial que dialogó con este medio y se animó a confiar detalles aún desconocidos del operativo que revivió la fractura social que divide a Bariloche, una opulenta cabecera turística rodeada por una periferia azotada por la pobreza y la ferocidad de la policía local.

Luego del crimen, el magistrado Villanueva comenzó a ganarse el desdén y luego la furia del Gobierno nacional, que no estaba dispuesto a aceptar la mesa de diálogo que este martes encabezó el obispo local junto a representantes de organismos de derechos humanos y, por fin, un representante de la Casa Rosada, través de un enviado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

 

 

NUEVA CRISIS. La presencia del INAI muestra la dimensión de la nueva crisis que atraviesa la ministra Bullrich, cuya intención de evitar cualquier negociación con los mapuches comenzó a derrumbarse el domingo, cuando Villanueva pidió el armado de la mesa de diálogo. Se trata del primer intercambio institucional que ocurre en Bariloche, mantenido por representantes indígenas y enviados del Gobierno, con la mediación de la Iglesia.

El resultado, por ahora, es incierto, pero implica un primer giro ante el regreso de la ministra Bullrich como la voz de mando de las fuerzas de seguridad federales, luego de la muerte del joven Santiago Maldonado, cuyo cuerpo estuvo más de 60 días desaparecido.

"Fue muy difícil. Por un lado tenemos al sector más ultra del oficialismo y, por el otro, a un sector de la comunidad mapuche que no quería negociar de ningún modo. Ambas posiciones eran totalmente funcionales al empeoramiento de la crisis y así lo dejamos en claro en la mesa de diálogo", confió a Letra P uno de los participantes de la troika que contó con más de 20 integrantes y que volverá a reunirse este miércoles, a las 11.

Sin embargo, el tironeo que rodea al crimen del joven de 22 años no llegó a su fin. Cuatro horas después de la lectura pública de la primera acta que firmaron los integrantes de la mesa de diálogo, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, en manos de Claudio Avruj, sembró serias dudas sobre un desenlace positivo.

 

 

"Ante las versiones en relación a los hechos que sucedieron en el territorio de Villa Mascardi, provincia de Río Negro, el Gobierno nacional aclara que presentó este martes una nota al juzgado con un acta de la mesa de dialogo de la que participo la interventora del INAI, en la que se dejó constancia (de) que en estas condiciones de ocupación del Parque Nacional no es posible progresar en soluciones, las que solo se lograrán cuando los actores actúen conforme a la Ley y al estado de derecho".

La comunicación oficial confirma que el Gobierno no aflojará las presiones políticas hasta que la comunidad mapuche sea totalmente desalojada, a cualquier precio. Una crisis que, al parecer, recién comienza.