Más represión en el sur

Doce provincias denunciarán en la CIDH el asesinato de Rafael Nahuel

Los secretarios de Derechos Humanos calificaron de "hechos gravísimos de represión" el accionar de la Prefectura en la zona de Lago Mascardi. Amplio repudio de la oposición.

Los secretarios de Derechos Humanos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Catamarca, Neuquén, San Juan, Chaco y Misiones anticiparon que denunciarán el asesinato del joven rionegrino Rafael Nahuel ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se manifestaron "sorprendidos por hechos gravísimos de represión por parte de fuerzas federales -esta vez en la zona de Lago Mascardi, provincia de Río Negro-, contra una Comunidad Mapuche asentada hace tiempo en ese territorio, con la consecuencia, más grave aún, de la muerte de una persona perteneciente a la comunidad reprimida".

 

Al respecto repudiaron la represión, solicitaron "la intervención del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, para exigir el esclarecimiento del hecho y la pronta investigación de las responsabilidades de las autoridades, como así también proteger y brindar garantías a la Comunidad Mapuche víctima de la represión, especialmente en lo concerniente a la integridad física y la atención medica de los miembros de la misma". Le pidieron que le solicite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "el cese inmediato de toda medida represiva en la zona de Lago Mascardi".

 

 

Además, resolvieron denunciar el tema "a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una acción particular de evaluación, protección y seguimiento de la sistemática persecución a comunidades mapuche en la región de la Patagonia Argentina" y condenaron "el protocolo de intervención de las Fuerzas de Seguridad nacionales, avalado y ejecutado por las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad, principalmente la ministra Bullrich, que es lesivo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, más cercano a un Estado policial que a un Estado democrático y republicano".

 

El texto al que accedió Letra P lleva la firma de los funcionarios: Lilia Marien Marchesini (ministra de DDHH de Misiones), Hugo Raúl Figueroa (secretario DDHH de Santiago del Estero), Érica Brunotto (secretaria de Estado de DDHH de Tucumán), Délfor "Pocho" Brizuela (secretario de DDHH La Rioja), Juan Carlos Goya (secretario de DDHH de Chaco), Matías Germano (secretario de DDHH
 de Entre Ríos), Laura Mendez (secretaria de DDHH de Río Negro), Antonio Curciarello (secretario de DDHH de La Pampa), Nadia Astrada (secretaria de DDHH de Santa Cruz), Hernán Velárdez Vaca (director de DDHH de Catamarca), Alicia Comelli (subsecretaria de DDHH de Neuquén), Jorge Rodriguez (subsecretario de DDHH de San Juan), Nestor Sotelo (subsecretario de Protección de DDHH de Chaco), Silvia Robles (subsecretaria de Verdad y Justicia de Chaco), Julio García (subsecretario de Promoción de DDHH de Chaco) y Chochi Vazquez (subsecretario de DDHH de Misiones). Todos ellos responden jerárquicamente al gobernador de su provincia, es decir que el pronunciamiento cuenta con el aval de cada uno de los titulares de las administraciones involucradas en el documento. 

 

Ante las consultas de Letra P, fuentes de la Casa Rosada informaron que no habrá más pronunciamientos al respecto que las explicaciones que hizo el Ministerio de Seguridad, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck; sus funcionarios y el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva.

 

Durante la tarde de este domingo, luego del señalamiento de Gioja, la cartera que conduce Bullrich repitió la información que difunde desde la noche del sábado, cuando deslizó mediante distintos voceros que se trató de "un enfrentamiento", pero admitió que los prefectos del Grupo Albatros que hicieron una razzia en busca de “prófugos” del desalojo del jueves pasado dispararon armas de fuego.

 

 

Bullrich con el gobernador rionegrino, Weretilneck, en la inauguración de una sede de Prefectura en Viedma.

 

 

REPUDIO Y NUEVO PEDIDO DE RENUNCIA. Mientras comenzaba este domingo por la tarde la marcha de repudio en la Plaza de Mayo, comenzaron las críticas hacia el Gobierno y los señalamientos por su responsabilidad política.

 

"Estamos viviendo episodios de represión sin explicación y esto me retrotrae a cuando estuve detenido a disposición del PEN durante la última dictadura militar. Con puro secretismo y sin voz oficial que esclarezca los hechos, evidenciamos una vez más, represión desmedida e ilegal", dijo el presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista y ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a través de su cuenta de Twitter.

 

 

 

Mediante un comunicado, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ cargó contra Bullrich. "Es lamentable que las fuerzas de seguridad que dirige con escasa pericia la ministra Patricia Bullrich cada vez que son noticia es porque asesinaron a un manifestante o reprimieron a mansalva a ciudadanos que repudian la intolerancia del Gobierno nacional, gobierno que siempre prefiere la violencia antes que el diálogo".

 

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman se expresó por Twitter y señaló que "en la represión de Mascardi actuó la coordinación de fuerzas que planeó y proclamó (el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) Pablo Noceti el día anterior a la muerte de Santiago Maldonado. No hay errores ni excesos", señaló.

 

 

 

"Se hace ineludible el pedido de informe a la ministra Bullrich y cómo mínimo la ministra debe renunciar. Es un hecho aberrante. Acá el Gobierno nacional no puede eludir ninguna responsabilidad. Es la nueva demostración de que están dispuestos a utilizar balas de plomo frente a gente que protesta. Hay Estado de derecho si están en Nordelta haciendo un asadito y no hay estado de derecho si estás en el Lago Mascardi haciendo un reclamo justo”, opinó en declaraciones radiales el diputado electo por Unidad Ciudadana y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

 

 

La cámara baja, donde hoy se trata la reforma constitucional de Santa Fe.
Edgardo Kueider.

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