LA PELEA POR LOS FONDOS

Los gobernadores no bajan los juicios hasta que el acuerdo esté aprobado

Ni Buenos Aires ni las demás provincias desistirán de sus demandas hasta tanto la negociación con la Nación haya sido ratificada por el Congreso. Vidal espera la restitución total del Fondo para 2019.

Aunque el Gobierno se fijó como objetivo dejar sellado el acuerdo con los gobernadores el próximo jueves, en una nueva reunión en Casa Rosada, ninguna de las provincias, incluida la de Buenos Aires, bajará las demandas que tienen entabladas contra la Nación hasta tanto las negociaciones estén cerradas y hayan sido aprobadas por el Congreso nacional.

 

Uno de los anuncios más fuertes de la reunión que encabezó el jueves el presidente Mauricio Macri en Casa de Gobierno que María Eugenia Vidal aceptaba "retirar su reclamo en la Corte Suprema de Justicia" por el Fondo del Conurbano, a cambio de una "compensación de 20 mil millones de pesos este año, cifra que se incrementará de manera gradual en los años subsiguientes".  

 

Según explicaron el viernes fuentes de Economía de la provincia, la compensación será de 20 mil millones en 2017, 40 mil en 2018 y ascenderá a 65 mil millones en 2019. Es decir, Vidal apunta a la restitución total del Fondo. Mientras eso no esté asegurado, la gobernadora no desistirá de la demanda. "La voluntad de desistir está pero el reclamo se baja solo si hay acuerdo de restitución total. Llegado el caso, lo vamos a evaluar", aseguran cerca de la gobernadora.

 

En el paquete de acuerdo se incluía, además, el pedido los diferentes distritos para que dejen atrás "el problema de la judicialización por los diferendos que existen entre la Nación y las provincias y de las provincias entre sí". Pero los gobernadores toman la misma precaución que Vidal.

 

"Nos piden que renunciemos a las demandas que tenemos en la Corte. No puedo desistir de una demanda si no me autoriza la Legislatura provincial, porque para hacer eso necesito autorización y hay algunas que va a ser difícil: sobre el 1,9% que retiene la DGI de los impuestos planteamos la discusión en 2007, tenemos un dictamen favorable del procurador y hay antecedentes favorables de San Luis, Córdoba y Santa Fe. Es una cifra de 1.000 millones y es difícil resignarse a perderlos", anunció el pampeano Carlos Verna. Lo mismo dijo respecto de la demanda por el déficit de la caja previsional. No desistirá hasta "que no se firme un convenio en el marco de la nueva ley de reforma del régimen jubilatorio del año pasado".

 

 

En sintonía, el fiscal de Estado de Entre Ríos y a la vez vicepresidente del foro federal, Julio Rodríguez Signes, explicó a Letra P que ninguna provincia debería  "desistir de una pretensión si todavía el acuerdo no está cerrado, firmado y ratificado". "Me parece que, en lugar de desistir, podría platearse la suspensión de los plazos procesales. Sería una buena herramienta hasta tanto se termine la negociación", dijo. El desistimiento podría traer consecuencias judiciales para los mandatarios, porque implica la resignación de recursos provinciales.  

 

La provincia que gobierna Gustavo Bordet  tiene dos demandas judicializadas contra Nación - el juicio de inconstitucionalidad de las afectaciones específicas del Impuesto a las Ganancias y otro sobre afectaciones específicas del IVA - y un reclamo administrativo por el 15 por ciento de la coparticipación.

 

En tanto, La Rioja mantiene un litigio con Nación por el punto de coparticipación que perdió en 1988 y que, desde entonces y hasta ahora, fue compensado en el Presupuesto nacional  pero que el Gobierno no incluyó en la previsión para 2018. El gobernador Sergio Casas llevó el reclamo ante la Corte. Según explicaron a Letra P desde la provincia, la demanda solo se bajará si el punto de coparticipación es efectivamente devuelto en la firma de un nuevo pacto.

 

 

Por estas horas, los gobernadores mantienen conversaciones bilaterales para evaluar la oferta de Nación y programan una reunión en soledad para el próximo miércoles, un día antes del segundo encuentro con Macri.

 

 

Los gobernadores de Juntos por el Cambio apoyarán la ley ómnibus pero tienen condiciones para Javier Milei.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba. 

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