El gobierno del presidente Mauricio Macri abandonó este miércoles la moderación republicana y atacó duramente a la Justicia, a la que calificó de “débil” e “inoperante” y a la que intimó a “rendir cuentas ante la sociedad”.
El gobierno del presidente Mauricio Macri abandonó este miércoles la moderación republicana y atacó duramente a la Justicia, a la que calificó de “débil” e “inoperante” y a la que intimó a “rendir cuentas ante la sociedad”.
El vocero de la embestida fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. A propósito del escándalo protagonizado por el ex secretario de Obras Públicas José López, detenido mientras arrojaba valijas con casi nueve millones de dólares al interior de un convento, el funcionario advirtió que el episodio "es una muestra cabal de la debilidad o inoperancia" del Poder Judicial, que “tiene que rendir cuentas frente a la sociedad".
El caso del ex funcionario kirchnerista "es un escándalo y muestra el nivel de impunidad que teníamos en nuestro país", y exhortó a los magistrados a que "los casos lleguen a juicio rápidamente".
En declaraciones a radio El Mundo, el ministro dijo –sin mencionar las fuentes de las que se nutre para alcanzar esta conclusión- que la "Argentina es hoy uno de los países con mayores niveles de impunidad de toda la región, no solo en corrupción, sino en cualquier comisión de delito" y señaló: “Necesitamos que el sistema de Justicia empiece a dar respuesta a las demandas de la sociedad".
REFORMAS “URGENTES”. El ministro Garavano es autor de un paquete de reformas legislativas contenidas en el Plan Justicia 2020, un programa que había escrito para el Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores), una ONG fundada por el represor Jaime Smart (ministro de Gobierno bonaerense entre 1976 y 1979) para darle soporte argumental a la dictadura.
Ese programa incluye la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales estén a cargo de un juez y no de un tribunal y la formación de un equipo de diez magistrados especializados en el crimen organizado, además una reforma de la ley que regula el Ministerio Público Fiscal –premio consuelo ante el fracaso de la presión que ejerció sobre la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para sacarla de su despacho.
El 24 de febrero pasado, el funcionario, en diálogo con el diario La Nación, les dio carácter de “urgentes” a estas iniciativas, que cuatro meses después empezaron a ser tratadas en el Congreso.
La urgencia también había llevado al funcionario a recomendarle al presidente Mauricio Macri que cubriera por decreto las dos vacantes que todavía hay en la Corte Suprema. El jefe de Estado le hizo caso y se ganó, a pocos días de asumir, un duro revés político: los severos cuestionamientos a esa jugada lo obligaron a dar (por primera pero no por última vez) marcha atrás. Seis meses después de gestiones morosa para conseguir los votos necesarios, este miércoles el Senado podría aprobar los pliegos de los candidatos oficiales a integrar el máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.