El avanzado estado de deterioro de la flota, sumado a las escasas frecuencias y el valor del boleto que se hace cuesta arriba para los isleños que sufrieron un duro impacto en la tarifa de luz, han sido factores desencadenantes para que, tanto residentes del Delta del Paraná como los transportistas, reclamen que la Provincia tome cartas en el asunto. Y así fue, aunque no de la manera esperada por los usuarios. Este martes, el gobierno de María Eugenia Vidal fijó un tarifazo de hasta un 100% en el transporte fluvial.
En contraposición a esta resolución, el massismo, que administra los municipios involucrados (Tigre y San Fernando), presentó en el Senado un proyecto de ley solicitando al Ejecutivo provincial que declare la emergencia de este sistema, y que otorgue subsidios de hasta un 50% en las tarifas como así también estímulos crediticios para la renovación de las embarcaciones.
En diálogo con Letra P, la senadora bonaerense del Frente Renovador Micaela Ferraro, remarcó acerca de la iniciativa que impulsa: “Es absolutamente necesario declarar la emergencia para que eso desencadene que quien tenga la responsabilidad de gobernar pueda ejecutar con la rapidez necesaria los mecanismos para subsidiar, para de algún modo encontrar el mecanismo adecuado para que los vecinos de las islas con estos tarifazos no se vean tan afectados”.
Asimismo, la legisladora oriunda de Tigre remarcó que, previo a los incrementos que se pondrán en vigencia a partir de este miércoles 1 de junio, “un isleño gasta con el abono mensual 600 pesos sólo para salir de la isla”.
Al observar “con tristeza y preocupación” el tarifazo publicado este martes en el Boletín Oficial y que ya generó rechazo entre los isleños a través de las redes sociales, Ferraro subrayó que este incremento “pone en una situación de muchísima vulnerabilidad” a estos vecinos en un contexto bajo el cual sufrieron un fuerte impacto en sus bolsillos al recibir la boleta de luz: “Se calefaccionan con luz, utilizan bombas que funcionan a energía eléctrica para sacar agua, toda su vida depende del servicio eléctrico”, alertó la senadora del Frente Renovador, razón por la cual detalló que presentó otro proyecto que busca declarar a estos usuarios “electro dependientes” y “tengan una tarifa social diferenciada”.
Por otra parte, la legisladora consignó que, en un segundo proyecto, planteó el otorgamiento de un subsidio del 50% del abono mensual de este servicio “que utilizan diariamente entre 5 y 7 mil personas”.
APOYOS Y DUDAS. En lo que refiere a las expectativas de avance de esta iniciativa en la Cámara Alta, Ferraro comentó que “iba a ser tratado sobre tablas con acuerdo no de todas las fuerzas políticas, sí del Frente para la Victoria y de todo el Frente Renovador”.
No obstante, señaló que la bancada de Cambiemos “estaba estudiándolo, viendo y evaluando su impacto económico versus las necesidades de la gente, que ese es el problema con el que nos encontramos”. Advirtiendo la actitud esquiva del oficialismo que se condice con el tarifazo oficializado este lunes, la senadora massista apuntó: “Primero hay que poner a la gente, más allá del impacto económico”.
Por lo pronto, estas iniciativas están siendo empujadas desde comunas involucradas como Tigre, donde el intendente Julio Zamora observó como “fundamental que la Provincia pueda garantizar este servicio indispensable para todos los vecinos de Islas”. En tanto, el Concejo Deliberante tigrense requirió que “la Provincia se haga cargo de la responsabilidad que tiene sobre el transporte fluvial”.
EL TARIFAZO. Al fundamentar las nuevas escalas, la resolución firmada por el subsecretario de Transporte, Lisandro Perotti, remarca que “la necesidad de la recomposición tarifaria” surge “atento el reclamo que hace tiempo vienen planteando las prestadoras de transporte fluvial de pasajeros”, las cuales “se han visto afectadas en el orden económico por incrementos en algunos insumos componentes de los costos de explotación del servicio”.
Con esta medida, el valor mínimo (sección primera) pasa de 12,50 a 25 pesos para un residente y de 38 a 70 pesos para un no residente, mientras que el valor máximo (sección octava) trepa de 50 a 90 pesos para los residentes y de 140 a 190 pesos para los no residentes.
