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La aprobación del convenio se postergó para el jueves próximo. También, la creación de la Lotería porteña, el proyecto más cuestionado. La “mesa opositora” que frustró la negociación.
Por 07/12/2016 12:52

Tras horas intensas de frenéticas negociaciones, el PRO de la Legislatura porteña y un grupo de bloques opositores acordaron postergar la discusión del convenio del traspaso del juego de la Nación a la Ciudad, pautada para la sesión especial de este miércoles pero que será debatida el jueves de la semana próxima, cuando la Legislatura encare la última sesión ordinaria de 2016, que sería maratónica. Detrás de los cuestionamientos de forma, aparece una puja de intereses que explica el aplazamiento.

“Esto es un mamarracho. Encima, nos están corriendo”. La frase pertenece a una diputada de la oposición porteña que enfureció el martes por la tarde en el marco de la reunión de la “mesa opositora” que, por sus reclamos, frustró la votación del traspaso. El encuentro se realizó en el despacho del diputado radical Juan Francisco Nosiglia. Participaron María Inés Gorbea (SUMA +), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Diego García (Confianza Pública) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Estos cinco diputados leyeron de punta a punta el convenio y los dos proyectos vinculados: la disolución del Instituto del Juego y la creación de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el análisis, sugió una serie de cambios al proyecto presentado por la administración de Horacio Rodríguez Larreta, pero que fue diseñado en exclusiva por el asesor presidencial y parlamentario del Mercosur FabiánPepínRodríguez Simón, en el marco de la promesa de campaña de Mauricio Macri y del decreto firmado por la Nación a mitad de año, que inició formalmente la transferencia de competencias.

La polémica gira en torno a la ley que crea la Lotería porteña (LOTBA) y los reparos son nulos en torno al convenio. Esto sucede porque ese expediente, rubricado entre los gobiernos de la Nación y la Ciudad, no se puede modificar y, además, ninguna bancada quiere mostrarse en contra de un proyecto tendiente a engrosar la autonomía del distrito. Sobre este texto cuestionaron “incompatibilidades” en el artículo y advierten que “menoscaba” el rol de control y regulación del juego por parte del Parlamento, debido a que esta función quedaría únicamente a cargo del nuevo organismo. Sostienen el argumento invocando el inciso 19 del artículo 80 de la Constitución porteña, que establece que el Poder Legislativo regula los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas. Y el artículo rechazado del expediente es el N°2, que explica que LOTBA tiene por objeto la regulación, autorización, organización, explotación y control de juegos de azar; por lo cual, su función chocaría con la de los legisladores. La ley que creó el Instituto del Juego porteño aseguraba estas funciones para la Ciudad, pero no hacía alusión a la Lotería específicamente, modificación que llamó la atención en la Coalición Cívica, SUMA + y Confianza Pública.

A su vez, estos opositores critican que la ley “obliga” a que la Ciudad adhiera a concesiones ya vigentes en torno a esta actividad, como puede ser el Hipódromo de Palermo o los buques casinos flotantes de Puerto Madero. En concreto, el paquete de leyes del convenio inhabilita el quebrantamiento de concesiones entregadas por la Nación amparándose en que se trata de “derechos adquiridos”. En paralelo, el artículo N°50 de la carta magna porteña indica la imposibilidad de la privatización o concesión del negocio del juego “salvo  en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio”. Por lo cual, el gobierno porteño deberá tomar una decisión a futuro: cuando caigan las concesiones, si siguiese lo dictado por la Constitución, debería estatizar las salas privadas (Hipódromo o casinos flotantes), cerrarlas, con el riesgo de la pérdida de puestos laborales, o reformar la constitución.

Los opositores más reacios al proyecto de la creación de la Lotería porteña, que absorberá las funciones y empleados de su Lotería Nacional, sostienen que la iniciativa “garantiza los negocios de Cristóbal López” en la Ciudad. Hablan de un acuerdo entre Rodríguez Simón y el empresario chubutense, negociado tras el proyecto de moratoria y la decisión del Hipódromo de pagar los Ingresos Brutos adeudados. Curiosamente, fue “Pepín” quien más presionó, judicial y políticamente, para que las salas de López pagaran su deuda con el Estado local, trabajo a través del cual hizo migas con el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa. De todas formas, Cristóbal comunicó en junio que vendía su parte en las empresas relacionadas con el juego, pero tanto en la oposición como en el gobierno porteño descreen de ese desprendimiento. En la gobernación porteña todavía recuerdan la desazón de Larreta y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el día en que López anunció que se “retiraba” del negocio y la Ciudad recién acababa de ganarle la pulseada para que pague de una vez la abultada deuda que posee en conceptos de impuestos y que siempre postergó gracias a distintos fallos judiciales.

Es el artículo N°28 el que indica que las salas de juego existentes, como los casinos flotantes, “podrán continuar operando hasta la finalización de los plazos originales, o de las eventuales prórrogas, de sus autorizaciones, permisos, concesiones o contratos, en las condiciones existentes”.  El siguiente artículo reserva en la firma del jefe de Gobierno la potestad de revisar estas concesiones aunque “sin afectar derechos adquiridos” en concesiones, permisos o autorizaciones.

Por otra parte, este grupo de ediles porteños también cuestionó al bloque PRO por el “apuro” en la sanción de la normativa. “Es una ley que se puede debatir y discutir con tiempo, no tenemos que hacerlo corriendo”, sostuvo una fuente al tanto de la negociación de la mesa opositora que logró postergar la discusión por el convenio en el Parlamento. No son pocos los que encuentran un fin “recaudador” en la celeridad de la Jefatura de Gobierno por el tema: $800 millones anuales, $50 millones mensuales más lo que ingrese por la moratoria, según estiman en Perú 160. En tanto, en Uspallata 3160 niegan este móvil y afirman que el apuro es únicamente de Rodríguez Simón porque “Horacio quería avanzar con el traspaso en 2017” y había pensado en el año corriente para transferir la Policía Federal y la Justicia, que sí se cayó definitivamente, tal cual informó Letra P.

El PRO tomó los reclamos, los giró al Ejecutivo y la respuesta fue que esos pedidos eran “inviables”. En paralelo, la oposición amenazó con presentar un proyecto de resolución con observaciones y cuestionamientos a la normativa de LOTBA y el oficialismo enroló esa postura en una “discusión por cargos”.

El artículo N°5 de la creación de la Lotería porteña indica que el organismo estará conducido por un Directorio compuesto por cinco miembros nombrados únicamente por el Ejecutivo; es decir, sin intermediación del Parlamento. Meses atrás, la discusión por la creación de la Agencia de Bienes se terminó de saldar mediante modificaciones en el directorio y la creación de la figura de síndicos, todos espacios cubiertos por la oposición y nombrados por la Legislatura. En rigor, el oficialismo cree que detrás de los reclamos de cambios existe un interés por modificar ese artículo y garantizar que el “control” sea ejercido en el directorio por funcionarios votados y propuestos por la oposición porteña, una opción rechazada y desmentida por quienes siguieron la negociación.

La LOTBA también será una sociedad estado a diferencia del ente autárquico al que reemplazará, el Instituto de Juegos y Apuestas. También formará parte del organigrama del Ministerio de Hacienda. En el oficialismo califican como “clave” esta decisión de formar una nueva sociedad estado: según la ley de convenios de trabajo, para que todos los empleados de Lotería Nacional pasen a la Lotería porteña con el mismo escalafón y salario que poseen actualmente es menester la formación de este tipo de organismo público. En otras palabras, si se mantenía la estructura del Instituto no se podían garantizar las fuentes laborales. La oposición también desconfía de este artículo, que se terminó de discutir en las oficinas del Ministerio de Trabajo, entre el ministro Jorge Triaca y el titular de UPCN, Andrésel CentauroRodríguez, a cuyo gremio están adheridos la mayoría de los empleados de Lotería Nacional.

En horas de la noche, la vicepresidenta primera de la Legislatura porteña, Carmen Polledo, y el jefe de bloque del PRO,  Francisco Quintana, decidieron, tras un breve diálogo con la oposición, sepultar la discusión y correrla para el jueves 15 de diciembre, a la que buscan llegar con más tiempo para consensuar con la oposición, que está dispuesta a votar las iniciativas si se avanza con los cambios requeridos.

La aprobación del convenio se sanciona con mayoría simple de los diputados presentes, mientras que la creación de LOTBA requiere de 2/3 de los presentes. De estar los 60 diputados en sus bancas, el oficialismo requerirá el apoyo de 40 diputados y posee 28 propios. Además, en el caso de tratarse en el marco de la sesión especial de este miércoles, hubiera necesitado también esa cantidad de apoyos para habilitar tabla. Al postergar el debate para el jueves próximo la iniciativa llegará al recinto con los tiempos parlamentarios adecuados, un gesto para la oposición que enfureció por la “celeridad” del tratamiento.