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Un juez porteño hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Gobierno porteño en reclamo de la deuda por Ingresos Brutos que el empresario patagónico tiene con el fisco local.

Redacción 14/06/2016 16:06

El PRO continúa con su batalla contra uno de los empresarios emblema ligado al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y zar del juego, Cristóbal López. Este lunes consiguió que la Justicia porteña avale una medida cautelar presentada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que se inhiban los bienes del Hipódromo de Palermo, con el objetivo de que el chubutense pague la deuda en concepto de Ingresos Brutos que mantiene con el fisco local.

En concreto, el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 5, Martín Converset, resolvió este 13 de junio “conceder la medida cautelar solicitada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, decretar –bajo responsabilidad de la actora conforme los previsto en el artículo 188 del CCAyT- la inhibición general de bienes respecto a Hipódromo Argentino de Palermo SA – Casino Club SA – Unión Transitoria de Empresas (UTE)”.

La estrategia ante el zar del juego la maneja el diputado por el Parlasur Fabián Rodríguez Simón, desde hace meses el asesor jurídico más escuchado y ponderado por el presidente Mauricio Macri. Para esta tarea trabajó en tándem con el Procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa, hombre que se referencia con Larreta pero que llegó al partido de la mano de Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte.

Astarloa y el letrado apoderado del Gobierno de la Ciudad, Rubén Daniel González, iniciaron la acción y solicitaron la “urgente” medida cautelar preventiva de inhibición general de bienes de la unión transitoria de empresas que administra las tragamonedas del Hipódromo, la fuente de ingresos más fuerte de López, que es el único que logró operar con este sistema en la Ciudad. Una queja constante de los bingos porteños, que cerraron pero hasta el último día protestaron por esta situación de monopolio comercial.

La orden de Converset fue dictada en el marco de una medida cautelar autónoma impulsada por la Procuración para que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) pueda asegurar el cobro de deudas tributarias correspondientes al impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte de las dos firmas que que explotan las máquinas tragamonedas emplazadas en Palermo.

De acuerdo a lo dispuesto por el magistrado, con el fin de concretar la medida inhibitoria, “la Administración deberá individualizar -previamente- los registros respecto de los cuales pretende que ésta se haga efectiva”.

El juez en cuestión es un hombre con familia de tradición judicial aunque con estrecho vínculo con el PRO. Fue votado por la Legislatura porteña en 2014, a raíz de la fallida candidatura de Martín Farrell, el ex director de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control durante la tragedia del boliche Beara que causó dos muertes.

Según el organismo que depende del Ministerio de Hacienda porteño, el Hipódromo debe $671854089.34 en concepto de IIBB. La fiscalización realizada por AGIP comprende a los períodos fiscales que van desde enero de 2010 hasta diciembre del último año.

Por otra parte, el fallo del juez porteño asegura que “la actividad desarrollada por la UTE se halla alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos y que, sin embargo, la contribuyente presentó sus declaraciones juradas con saldo cero a favor del fisco, situación que generó que la AGIP iniciara una verificación impositiva que luego fuera notificada a la UTE”.

La decisión del Gobierno porteño de reclamar judicialmente por el tema anida en la necesidad de cobrar esa deuda. No obstante, la maniobra fue orquestada y contó con el patrocinio de la Casa Rosada, que emprende una guerra sin cuartel con Cristóbal desde que se conoció que el patagónico evadió 8 mil millones de pesos a la AFIP y Macri mismo dijo que trabajaría para subsanar esa situación.