El Decreto 267 es el corazón de las transformaciones aplicadas desde diciembre de 2015. Creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que reemplazó a las disueltas AFSCA (medios audiovisuales) y AFTIC (telecomunicaciones). Excluyó a la TV por cable de la regulación audiovisual y permitió la venta de licencias de radio y TV abierta. Además creó una Comisión para redactar un anteproyecto de ley. Este colectivo diseñado para la discusión de una normativa novedosa vio opacado su accionar (con varios aciertos) por la constante acción regulatoria del Gobierno, que sancionó decretos y resoluciones con impacto significativo en el sistema.
Coordinada por Silvana Giudici (directora del ENACOM) la Comisión es integrada por Héctor Huici (Secretario de TICs); Alejandro Pereyra (Director del ENACOM); Henoch Aguiar (Vicepresidente de ARSAT); Andrés Gil Domínguez (Constitucionalista) y Santiago Kovadloff (Filósofo). Casi todos los miembros comparten una visión vinculada al desarrollo privado-comercial de la comunicación. La presencia de especialistas (más allá de Kovadloff) es desequilibrada. No hay integrantes que representen a sectores de la sociedad civil, los medios sin fines de lucro ni a los trabajadores. Este trío ha perdido incidencia en el diseño de la política de comunicación con el nuevo gobierno.
La Comisión trabaja bajo la órbita del ENACOM. De hecho incluye a dos de sus siete directores. Declama un trabajo abierto y participativo. Y parte desde una perspectiva que comprende a la comunicación como una mercancía antes que como un bien público.
Desde el mes de abril constituyó tres mecanismos de “participación” para la futura regulación: 1-los debates académicos; 2-las reuniones participativas; 3-el espacio “Suma tu aporte” en la web. Son el paso previo a la redacción del proyecto.
LOS DEBATES. Se organizaron cinco encuentros denominados “debates académicos”. Fueron en las facultades de Derecho (UBA, UNCuyo –Mendoza- y UNR –Rosario-) o Ingeniería (Jujuy y Córdoba). Las carreras de Comunicación y/o periodismos perdieron terreno e incidencia.
A su vez, en los meses de junio y octubre realizó dos seminarios internacionales sobre la futura regulación convergente. El primero incluyó dos paneles con periodistas especializados, docentes de universidades públicas y privadas del país y especialistas extranjeros. El segundo encuentro fue el más amplio y de mayor visibilidad.
Participaron todos los directores de ENACOM y los miembros de la Comisión Redactora. Contó con la presentación del Jefe de Gabinete, Marcos Peña. El programa incluyó exposiciones sobre medios públicos y diversidad, regulación convergente y competencia, plataformas, soportes y contenidos. La convocatoria a especialistas resultó amplia, representativa y exhibió a profesionales y académicos de varios países de América Latina, Europa y EEUU.
La intensidad de los debates académicos perdió peso con el correr de los meses. La conformación de las mesas resultó cada vez menos diversa. Pero siempre hubo espacio para voces críticas de las medidas aplicadas por el gobierno de Cambiemos en particular. La gestión política y la responsabilidad quedaron en manos de Silvana Giudici, quien asistió a todos los encuentros. La presencia del resto de los Directores de ENACOM y de la Comisión (cuyos miembros la integran ad honorem) resultó dispar y esporádica.
La convocatoria en general resultó poco numerosa y los asistentes no lograron apropiarse de la instancia. Otro rasgo a destacar es la escasa convocatoria a especialistas mujeres. Al observar la lista de oradores se encuentra apenas una o dos voces femeninas por encuentro. A su vez, se cubrieron pocas regiones del país: apenas las cuatro ciudades más pobladas y una capital del norte. El resto del territorio solo pudo acceder a las discusiones mediante transmisiones por streaming.
Ingenieros en telecomunicaciones, abogados, periodistas, algunos pocos especialistas en políticas de comunicación, autoridades de las universidades sedes de los encuentros y funcionarios del ENACOM intercambiaron visiones en los debates. Los aportes deberían incidir en la elaboración de un proyecto de ley cuyos contenidos se desconocen.
Las mesas se organizaron en general bajo los ejes “Desarrollo de redes de infraestructura de telecomunicaciones” y “Pluralidad de voces, acceso a la información y libertad de expresión”. Entre los planteos realizados se destaca la necesidad de crear un organismo de aplicación autónomo del Poder Ejecutivo. Esto se subrayó en reiteradas ocasiones, a partir del Ente creado por Mauricio Macri, quien se reservó la capacidad de destituir a los siete Directores sin necesidad de justificar la decisión.
Otro eje discutido –fundamentalmente en el primer debate, realizado en la UBA- resultó la necesidad de definir con claridad qué se entenderá por “comunicaciones convergentes” y cuáles serán sus objetivos. También se demandó la necesidad de ubicar el interés público y el derecho a la información como objetivos vitales de la normativa. Y se discutió sobre los modos de regular la competencia. Dado el rol y la centralidad de los bienes y servicios culturales en la constitución de sociedades democráticas, resulta muy necesario establecer marcos específicos para limitar la concentración de la propiedad de medios y empresas proveedoras de servicios convergentes.
Los encuentros no contaron con la visibilidad de las discusiones previas a la Ley Audiovisual por parte de los medios masivos de comunicación. Aun es necesario destacar que la instancia actual opera en el marco de la elaboración del ante-proyecto. Entre las incertidumbres a resolver durante el año que viene sobresalen: cuáles serán las formas de la discusión, quiénes participan y cuánta capacidad de incidencia tendrán.
De la serie de cinco jornadas de 2016 se destacó la segunda –realizada en Mendoza – porque la Comisión presentó allí un avance del ante-proyecto de ley que elaborará: los 17 principios que regirán la futura legislación. Esta decisión pareció obturar la discusión, pues la redacción de cada uno de esos 17 puntos no contempló las perspectivas, intereses, necesidades y demandas de la totalidad de los actores del campo.
En términos concretos: se puede hacer casi cualquier cosa con una ley que responda a dichos “principios”. A la vez, resultan muy puntuales en algunas definiciones específicas, como las que reconocen a la “competencia” como el núcleo de la futura regulación.
Lo pautado desconoce el contexto económico del sistema comunicacional argentino. No hay referencia alguna a los problemas centrales: la concentración de la propiedad y la centralización de la producción de contenidos en pocos actores de la gran capital. Por su parte, el reconocimiento al sector sin fin de lucro es limitado.
Las reuniones participativas y los aportes vía web.
El segundo mecanismo habilitado por el Gobierno para generar aportes a la tarea de la Comisión fue la realización de reuniones participativas. Se convocó a profesionales especializados, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias, organizaciones de consumidores y usuarios, entidades académicas, profesionales y sindicales para que realicen sus aportes al anteproyecto de ley.
Un elemento destacable es que lo discutido en cada reunión (17 en total) es informado de modo muy claro en la web del ENACOM. Y es posible acceder a los aportes que todos los actores (los invitados y quienes solicitaron la convocatoria) realizaron a la Comisión.
En definitiva, las reuniones participativas fueron amplias y diversas en su convocatoria. E incluyeron la visita del Relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, como actor internacional. Pero no está claro cuánto de lo propuesto será contemplado en la redacción del ante-proyecto que se elevará al Poder Ejecutivo. Tampoco si el Presidente sostendrá la decisión política de debatir en el Congreso una ley tan sensible en una año electoral.
El tercer espacio generado para que la ciudadanía se manifestara resultó el más peculiar. En la web del ENACOM se abrió una ventana bajo el título “Suma tu Aporte”. Exige completar ocho casilleros de datos personales y permite expresarse en 300 caracteres. Poco más de lo que suman dos tweets. El mecanismo generó apenas ilusión de participación, condicionada por el formato y limitada por el espacio.
CONCLUSIONES. Diseñar una Política de comunicación democrática es un desafío clave en este momento histórico. La participación debe ser contemplada desde el momento de su elaboración. A los rasgos de pluralismo y diversidad se suma la necesidad de garantizar equidad en el acceso a las TICs. Esto es mucho más necesario en una nación tan desigual.
Ningún país en el mundo lo logró todavía una regulación convergente. Por la dificultad de regular un proceso en desarrollo. Por la tradición de regular de modo divergente sistemas que tienden a integrarse. Y porque el desarrollo tecnológico puede profundizar la concentración económica y su lógica excluyente.
El gobierno de Cambiemos se fijó este objetivo desde el inicio de su gestión. Lo encamina con una visión negativa de la estructura heredada. Con una lógica de refundación muy marcada, aun cuando permanecen vigentes algunos avances logrados por los sectores como los sin fines de lucro. Y que se sostiene en una perspectiva que piensa de modo optimista y poco crítico la tecnología. Las propuestas de participación hasta ahora quedaron a mitad de camino. Y toparon con la contradicción de que en simultáneo el gobierno regulaba el sector con decretos.
Las reuniones informativas fueron amplias y plurales. Los seminarios internacionales expusieron visiones muy interesantes. Mientras que otras instancias resultaron elitistas y reducidas. Hay incertidumbre sobre cuanto de lo aportado se retomará. Dependerá de la decisión política, entre otros aspectos. Queda esperar atentos al próximo movimiento.
