Reclama dos millones de dólares en pagarés. Del rubro informático a los Panamá Papers. Llegó al fuero federal con abogados ligados a la causa Bailaque.
Santa Fe: quién es Sergio Airoldi, el empresario rosarino acusado de extorsionar a los fundadores de Bioceres
La denuncia de Sergio Airoldi contra Bioceres sumó ruido en la guerra por la biotecnológica de Santa Fe, pero también puso bajo la lupa al hombre que llevó el conflicto al fuero federal. Los socios fundadores lo describen como un “extorsionador”: un acreedor atípico, con dos millones de dólares en pagarés y antecedentes incómodos en el círculo empresario de Rosario.
Según la presentación, Airoldi acusa a la compañía de haber captado fondos con una imagen de solvencia que no se correspondía con su situación real. Con esa base, llevó el conflicto a la Procelac bajo la figura de lavado de activos, una calificación que sacó la pelea del terreno concursal y la transformó en una causa penal mucho más gravosa para la empresa.
Antes de quedar en el centro del nuevo frente judicial de Bioceres, Sergio Airoldi construyó un recorrido aparentemente lejano del mercado de capitales. Es un empresario rosarino del rubro informático, ceo de Air Computers, una firma con más de 50 años de trayectoria dedicada a la venta, distribución y ensamble de equipos tecnológicos.
La compañía desarrolló marcas propias como CX, Performance y Mobox, tiene actividad en el Parque Industrial de Alvear y proyectó desembarcos productivos en Tierra del Fuego.
Con los años, además, Airoldi buscó diversificar su radio de acción hacia otros rubros: movilidad eléctrica, paneles solares, exportación de alimentos y hasta la compra de la bodega Titarelli, en Mendoza.
Ese recorrido vuelve más llamativa su aparición en el expediente de Bioceres. A través de Air Computers, Airoldi compró dos millones de dólares en pagarés bursátiles emitidos por la biotecnológica entre abril y julio de 2024. Se trató de una inversión significativa para una empresa de su perfil, un caso poco habitual en el mercado financiero.
En el mercado rosarino, el movimiento no pasó inadvertido. La escala de la inversión contrastó con el perfil de una firma cuyo negocio declarado está lejos de las finanzas y dejó flotando una pregunta: cómo accedió a semejante volumen de dólares y por qué los volcó a un rubro extraño a su operatoria.
La incógnita sobre el origen de esos fondos, entonces, abrió otra dimensión del perfil del empresario tecnológico. En ese mapa aparecen antecedentes sensibles: Sergio Daniel Airoldi, Carlos Daniel Airoldi y Sandra Airoldi figuran en Panamá Papers, la megafiltración que expuso estructuras offshore del estudio Mossack Fonseca, vinculadas a Air Computers y a la comercializadora Intgomex.
Figurar en esos registros no es un delito, pero delata una ingeniería contable y empresarial mucho más sofisticada que la de una tradicional firma informática.
Sin embargo, la apuesta patrimonial por fuera del rubro no termina allí. La familia Airoldi tiene en stand-by el proyecto Quon, un complejo de torres de usos mixtos previsto para edificarse en el predio del histórico local de Air Computer, en pleno microcentro de Rosario.
La iniciativa permanece frenada en el Concejo Municipal, un dato que también ata parte del recorrido empresario de Airoldi a los tiempos de la política municipal. A eso se suma su presencia durante años en la Confederación General Económica en Rosario, una vidriera pyme con línea directa a la dirigencia productiva y política que completa el cuadro de un entramado de vínculos y negocios mucho más robusto de lo aparente.
Los nombres elegidos para representar al empresario tecnológico en la causa que involucra a Bioceres tampoco son un dato menor. La denuncia presentada ante la Procelac fue patrocinada por los penalistas Froilán Ravena y Renzo Biga, especialistas en el fuero federal de Rosario.
El dúo de abogados es el mismo que defiende a un polémico financista rosarino actualmente imputado junto al exjuez federal Marcelo Bailaque en uno de sus múltiples frentes judiciales.
Que Airoldi haya elegido precisamente a esos profesionales para presentar una denuncia ante la Procelac —el organismo que interviene en algunas de las causas contra el otrora magistrado— agrega otro elemento que en el núcleo fundador de Bioceres llama la atención.
En la empresa creen que la jugada busca correr la discusión del expediente concursal, donde se tramita el default de los pagarés, hacia un terreno penal de mayor impacto público y judicial en el que, sienten, está la cancha inclinada.
Así, la denuncia por lavado de activos no sólo funcionaría como reclamo de un acreedor, sino también como una forma de presión para forzar una salida económica por fuera de los carriles ordinarios.
Por ese motivo, en el entorno de la biotecnológica insisten con un adjetivo pesado para definir a Airoldi: “extorsionador”.
En el entorno de los fundadores de Bioceres sostienen que antes de la denuncia hubo meses de maniobras de presión orientadas a conseguir un arreglo económico por fuera del proceso concursal que tramita en la Justicia provincial.
Hasta enero de 2026, el abogado Nicolás Avelino actuó como representante de Airoldi en conversaciones que, según ese sector, buscaban “compensaciones económicas de dudosa legalidad al margen de los procedimientos concursales”.
Ante la negativa, afirman, llegó la denuncia penal con tipificación de lavado de activos. Esa figura habilitó el salto al fuero federal y sacó el conflicto de la jurisdicción provincial donde la firma ya tramita su quiebra.
La aparición de Airoldi se monta sobre una crisis mucho más amplia. Bioceres, una de las biotecnológicas más emblemáticas de Santa Fe, atraviesa un proceso de quiebra después de un derrumbe financiero que dejó acreedores, pagarés impagos y una fuerte disputa interna por el destino de los activos de la compañía.
El conflicto excede el reclamo de un acreedor. En el fondo aparece la pelea entre los fundadores de la firma y el empresario uruguayo Juan Sartori, a quien acusan de haber dejado a la sociedad argentina de Bioceres con la deuda, mientras los activos más valiosos habrían quedado bajo otra estructura societaria.
Con ese trasfondo, la figura de Airoldi queda lejos de la de un simple acreedor que reclama por una inversión fallida. Su irrupción combina una apuesta millonaria poco habitual para una empresa informática, antecedentes offshore, vínculos empresariales y una denuncia penal que profundiza la crisis de Bioceres. Por eso, en la biotecnológica creen que, más que un damnificado, es un actor que eligió mover la pelea en terrenos non santos.
FUENTE: ICIJ — Proyecto Panama Papers: www.icij.org/investigations/panama-papers Procelac — Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos: www.mpf.gob.ar/procelac Bioceres Crop Solutions Corp. (NASDAQ: BIOX): www.bioceres.com.ar Confederación General Económica (CGE): www.cge.org.ar Mercado Argentino de Valores (MAV): www.bcba.sba.com.ar