Se trata de una conciliación con dos fondos por casi 200 millones de dólares. El ministro podrá cumplir con una sentencia de Nueva York. El PJ, en contra.
Silvana Giudici, encargada de defender el acuerdo de Toto Caputo.
Toto Caputo obtuvo una buena noticia del Congreso: la Cámara de Diputados sancionó el proyecto para validar el acuerdo con un grupo de acreedores. Se trata de una conciliación celebrada entre la República Argentina y el grupo de acreedores de 2001 encabezados por Bainbridge, que recibirá 67 millones de dólares; y Attestor Value Master Fund LP, que percibirá 104 millones.
El pacto tiene sentencia favorable en Nueva York y el ministro de Economía necesitaba un aval legislativo para ejecutarlo. La sanción fue con 139 votos a favor y 97 en contra. La Libertad Avanza (LLA) contó con el aval del PRO, la UCR y los partidos provinciales. También votó a favor Provincias Unidas (PU). Por el rechazo se inclinaron Unión por la Patria (UP) la izquierda y monobloques como Marcela Pagano, Jorge Fernández y Natalia de la Sota.
Otro rechazo fue el de Miguel Pichetto (Encuentro Federal), con un detalle que puede jugarle en contra el Gobierno: la iniciativa no tiene una asignación presupuestaria, un reclamo habitual del Poder Ejecutivo. "También el decreto del propio presidente de la Nación que dice que no puede haber ninguna partida sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto nacional”, chicaneó el rionegrino.
El Gobierno justificó la iniciativa en que el acuerdo cerrado en New York tiene "una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de neoyorquina".
El proyecto tuvo que ser modificado en el Senado, porque los acreedores no habían mencionado algunos bonos que tenían en su poder, según el pacto firmado, tenían que ser entregados al Ministerio de Economía al momento de la cancelación de la deuda. Fueron necesarias aclaraciones en ambas cámaras del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Bertie Benegas Lynch, de LLA, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, celebró la oportunidad de "cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”, que llegó tras "fracasos de la política”.
“Pasamos por la vergüenza de pasar por los procesos de Discovery y los embargos judiciales. La urgencia tiene motivos: primero, se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente; segundo, se nos exime de pagar honorarios legales; y tercero, los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales”, completó.
El cierre del debate fue a través de un duro cruce entre Germán Martínez (UP) y Silvana Giúdici (LLA), un clásico de la cámara baja. “Decir que somos ‘defaulteadores’ es una barbaridad en términos políticos e históricos. Ni siquiera se esforzaron en argumentar el porqué del dictamen y ni siquiera son líneas de hoja A4”, dijo el santafesino, molesto por un discurso del libertario misionero Diego Hartfield, a quien responsabilizó por consecuencias judiciales de decir que los acreedores son aliados del país.
"Es una burrada. Van a usar los textuales de ustedes para litigar en contra del Estado argentino”. Hartfield se había expresado a favor de las alianzas entre la República Argentina y los holdouts, y Martínez le respondió: “Los fondos buitres no son aliados un carajo”, atacó.
Le respondió Giudici. “Nadie puede tirar la primera piedra porque el conflicto con los holdouts es un problema que venimos teniendo desde los '70. Estamos cumpliendo con una sentencia del juzgado de Estados Unidos, como aquellas a las que ustedes no les gustan cumplir”, cerró a los gritos la diputada.