Torres, Cornejo y Vidal piden ser querellantes en la causa que investiga la operación entre el Grupo Petersen y Repsol. Un paso para torcer el fallo de Preska.
Ignacio Torres y Alfredo Cornejo, gobernadores de Chubut y Mendoza, en Comodoro Py.
Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se presentaron como querellantes en la causa que investiga el ingreso del Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, en YPF. La presentación se realizó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py, a cargo de Ariel Lijo.
El argumento que motiva a los gobernadores a ingresar como querellantes en la causa es proteger sus acciones en la petrolera. Además, entienden que si se comprueba que el ingreso del Grupo Petersen fue irregular, todo lo que se desprende de aquella operación debería ser reconsiderado.
Entre otras cosas, el fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó a la Argentina pagar 16.000 millones de dólares y entregar el 51% del paquete accionario de la petrolera.
Para oficializar el movimiento, Torres y Cornejo se reunieron este lunes en la Casa de Chubut en Buenos Aires y lanzaron un comunicado en el que afirman que el debate se trata de “una cuestión de Estado”. “En un momento en que somos noticia por un posible swap con Estados Unidos por 20 mil millones de dólares, nos intiman a pagarle a ese fondo buitre 16 mil millones”, asegura el patagónico para graficar la profundidad del problema.
“Como gobernadores de provincias petroleras, y socias de YPF, tenemos el compromiso y la obligación de defender los intereses de la Nación y las provincias hasta las últimas consecuencias: tanto de las malas gestiones kirchneristas como de los juicios que comprometen la soberanía nacional y el futuro todos los argentinos”, dice el texto común que se difundió tras la reunión.
En lo concreto, la ley de estatización establece que el 49% de lo expropiado a Repsol se reparta entre las provincias productoras de petróleo, que hoy avanzaron con la presentación en Comodoro Py bajo el patrocinio de Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro durante la gestión de Mauricio Macri.
“Si es necesario, también vamos a avanzar ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda la causa civil hasta que se resuelva la situación penal, porque la operación que permitió el ingreso de Eskenazi se financió con los propios dividendos de YPF, una maniobra irregular que luego derivó en la venta de esas acciones a un fondo buitre, principal beneficiario del fallo de la jueza Preska”, dijeron los gobernadores.
A finales de 2007, el grupo de Enrique Eskenazi acordó con Repsol (entonces dueña de la petrolera estatal) la compra del 25% de las acciones de la empresa. Lo hizo a través de lasa firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Ese acuerdo denuncian los gobernadores. El punto clave de la denuncia está en la forma en que se financió esa compra.
El Grupo Petersen compró un 15% en 2008 y el 10% restante tres años más tarde. Lo hizo a través de préstamos que pidió en bancos internacionales y que devolvió a partir de los dividendos de la propia empresa, que quedaron establecidos luego de formalizado el acuerdo que habría contado con el visto bueno de la Casa Rosada. “Es decir que compraron las acciones de la empresa con plata de la propia empresa”, explica la denuncia.
También alegan que allí comenzó (o se profundizó) el vaciamiento de la empresa que, con el paso del tiempo, sirvió como argumento para que la administración de Cristina Fernández de Kirchner avanzara con la estatización.
En 2012, el Estado argentino se hizo cargo de la empresa y suspendió el reparto de dividendos acordados bajo la gestión de la firma española. Las empresas del grupo Petersen se quedaron sin el flujo de dinero que contemplaban para devolver los créditos que habían solicitado para la compra de las acciones y quebraron.
El fondo Burford Capital compró el derecho de litigio y en 2015 presentó una demanda contra la Argentina reclamando una indemnización. En ese momento empezó el litigio que derivó en el fallo de Preska, momentáneamente suspendido Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Una eventual reactivación de la causa que apunto contra los Eskenazi no quedará exenta de un ruido político que se meterá en medio de las elecciones. En las provincias aseguran que sólo buscan defender su patrimonio y el del país y activaron el movimiento ante la Justicia cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo.
Las provincias presentaron también este mismo lunes un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender su participación accionaria en YPF en el marco del juicio que lleva adelante la jueza Preska. El fallo de la magistrada neoyorkina “no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado argentino”, manifestó Torres al respecto.
Así también esquivan a las dudas que generan la ausencia de otros jugadores importantes en la producción petrolera como Neuquén y Río Negro, y se desentienden de la jugada que podría volver a poner en debate el proceso de reestatización, reivindicado como uno de sus principales logros por el kirchnerismo.