Puertos: Mónica Litza mantiene frenada la definición por el dragado en Dock Sud
La presidenta del consorcio retrasa la adjudicación de la obra de ampliación del canal de acceso a la terminal más importante de la provincia de Buenos Aires.
El dragado del Puerto de Dock sud retrasado por el lobby de China.
La adjudicación de la obra de dragado y ampliación del canal sur de Dock Sud, en Avellaneda, uno de los puertos principales de la provincia de Buenos Aires, permanece sin definición desde hace cinco meses, pese a que una unión transitoria de empresas resultó ganadora de la licitación. El proceso ocurre en un contexto de interés de firmas de China.
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El expediente administrativo se encuentra en análisis en la Comisión Revisora de Cuentas del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, una instancia que habitualmente se tramita luego de la adjudicación de las obras. La falta de avances mantiene en suspenso el inicio de los trabajos previstos.
La inversión proyectada asciende a casi u$s 150 millones y está a cargo de Exolgan Container Terminal, concesionaria de la terminal. El plan incluye la construcción de un nuevo muelle con capacidad para operar buques neopanamax de hasta 14.000 contenedores. En Dock Sud también se concentran operaciones vinculadas a combustibles y derivados de hidrocarburos.
El recambio de autoridades en el consorcio portuario coincidió con la prolongación de la demora. Mónica Litza, exdiputada nacional y exvicepresidenta del Correo Argentino durante el gobierno de Alberto Fernández, asumió recientemente la presidencia del ente administrador del puerto.
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Mónica Litza asumió la presidencia del Consorcio de gestión del Puerto de Dock Sud
En paralelo, se registraron conflictos laborales en la terminal. La semana pasada, más de 500 trabajadores ferroviarios y portuarios, agrupados en la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF), se movilizaron en el ingreso al Consorcio de Gestión para rechazar el desplazamiento de personal de planta dispuesto por la nueva conducción.
Pueros bonaerenses y empresas chinas
En julio, el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud abrió las ofertas para la obra de dragado del canal de acceso, una intervención central dentro del programa de ampliación y modernización del puerto, que permitiría el ingreso de buques de mayor porte. Tanto el dragado como las obras complementarias continúan pendientes de adjudicación.
De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso licitatorio, las demoras se profundizaron luego de presentaciones realizadas por la empresa china CCCC Shanghai Dredging, que habría intentado incorporarse al concurso fuera de los plazos establecidos, una vez concluida la apertura y evaluación de las ofertas.
draga de la compañía china
En ese contexto, dentro del Consorcio se analizan distintas alternativas administrativas, lo que derivó en la judicialización del proceso. Mientras tanto, la adjudicación de la obra permanece suspendida y el cronograma original de ejecución continúa sin definiciones.
El escenario abre la posibilidad de que la licitación derive en un conflicto judicial de mayor alcance, lo que podría impactar sobre el plan de expansión de Exolgan, concesionaria que concentra más del 40% del movimiento de carga contenerizada del país.
Un conflicto judicial en el puerto
Desde el sector privado representado en el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud advirtieron que la definición de la licitación resulta clave para completar las obras anunciadas y sostener la competitividad de la terminal.
Según indicaron fuentes empresarias, la mejor oferta económica correspondió a la UTE integrada por Compañía Sudamericana de Dragados —filial local de la belga Jan de Nul— y ServiMagnuss, con un presupuesto sensiblemente inferior al del resto de los competidores.
En la licitación también participó otra UTE conformada por Dragados Argentinos y Pentamar, cuya propuesta resultó un 65% más elevada. En tanto, la firma DEME fue descalificada por no presentar las garantías y avales exigidos en el pliego.
En octubre, las empresas integrantes de la UTE ganadora enviaron una nota a la entonces presidenta del consorcio Carla Monrabal, en la que señalaron que la demora en la adjudicación les generaba perjuicios económicos. En la notificación explicaron que mantenían equipos disponibles para la obra a la espera de una definición formal, dado que su propuesta había sido la más conveniente y se ubicaba por debajo del presupuesto oficial.