LA INDUSTRIA DEL JUICIO

Quebró Galeno ART: 470 despidos y temor por la onda expansiva de un sistema en crisis

El empresario Fraomeni “se cansó de poner plata” de sus otras empresas. El Gobierno disolvió la firma. Litigiosidad en aumento y colapso financiero.

La Aseguradora de Riesgos del Trabajo Galeno ART, una de las más importantes del país, dejó de operar, está en camino a disolverse y provocará 470 despidos. La quiebra es un emergente del peligro de colapso financiero, por acumulación de juicios, que atraviesan todas las ART del mercado local.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), cuyo titular es Guillermo Plate, canceló la operación de Galeno luego de que le detectara un déficit de capital superior a $12.954 millones en septiembre de 2025. La reforma laboral que está lista para sancionarse en el Congreso no tiene una línea respecto de alguna alternativa para aliviar la crisis del sistema ART.

Claudio Belocopitt aportó y Fraomeni no

Julio Fraomeni, fundador y ceo del Grupo Galeno, es propietario de casi 40.000 hectáreas de campos productivos. Quiso vender la ART en 2024 y no encontró compradores. Luego, intentó aislarla del conjunto del grupo y buscó cambiar su nombre a Nogal ART, pero tampoco le funcionó.

A fines del año pasado comenzó a blanquear la situación de quebranto ante los representantes del Sindicato del Seguro, cuyo líder es Jorge Sola, también triunviro de la CGT, e informó a los trabajadores que no estaba dispuesto a "seguir poniendo capital externo" en la ART, que era deficitaria.

Su par empresario de la salud, Claudio Belocopitt, también fue advertido por la SSN en 2024. Sin embargo, el dueño de Swiss Medical ART S.A aportó el dinero faltante en su balance y siguió operando con normalidad.

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Galeno tenía casi 800 trabajadores cuando comenzó la debacle, pero ahora quedan 470 sin destino. El resto se distribuyó entre retiros voluntarios y traslados a otras empresas del Grupo, como la prepaga o la compañía de seguros generales.

Crisis del empleo y peligro para todo el sector ART

“Quedan casi 500 sin trabajo, esperemos que paguen las indemnizaciones”, dijo a Letra P Daniel Navazo, secretario gremial del Sindicato del Seguro, que también reclama que Fraomeni se haga cargo del pago de los honorarios de febrero. La empresa tiene inhibidos los bienes y los trabajadores temen quedar colgados con el último salario.

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Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y triunviro de la CGT

Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y triunviro de la CGT

Navazo agregó que “el sistema colapsa y golpea a todas las ART". Agregó que el principal problema "es el volumen de juicios, en muchos casos impulsados por los peritos médicos, cuyos honorarios están atados al resultado del juicio”.

El sector del seguro incluye a unos 30.000 trabajadores. Los empleados de las ART cobran por convenio $1,8 millones como mínimo.

El sector entero está en una crisis estructural grave por la litigiosidad récord. Según la Unión de ART (UART), hubo 134.141 juicios en 2025; son 370 por día. Entre las ART líderes están Sancor, Federación Patronal, Asociart ART, Provincia ART, Prevención ART, San Cristóbal y La Segunda.

Mauricio Macri cambió la ley, pero no pasó nada

El sector se queja porque, cuando un trabajador sufre un accidente laboral o enfermedad profesional, la ART brinda la cobertura médica y cuando el trabajador recibe el alta las comisiones médicas determinan si quedaron secuelas permanentes o incapacidad.

Si el trabajador queda disconforme con la resolución de la comisión médica, recurre a la justicia laboral provincial. De allí que uno de cada cuatro accidentes laborales se judicializa.

En 2017, el expresidente Mauricio Macri reformó el sistema de ART, la privatización de la salud laboral que creó Carlos Menem en la década del '90, y obligó a los estados provinciales a crear y solventar los “Cuerpos Médicos Forenses”, que evalúen cada caso de accidente o enfermedad laboral que llegue a la Justicia.

Las provincias no movieron

Las provincias nunca generaron esas comisiones. Cada juez laboral designa a un perito de salud privado, cuyos honorarios están atados al resultado del juicio laboral y cobran un porcentaje de la sentencia. Esos pagos los afrontan las ART.

“Los peritos van a comisión y los jueces convalidan, en el 98% de los casos, lo que escriba el perito médico. El trabajador termina en la Justicia porque no pierde nada, son juicios rápidos y siempre algo se lleva”, explicó un experto del mercado asegurador.

Desde la Unión Argentina de Riesgos del Trabajo (UART), que preside Mara Bettiol, los números oficiales indican que “el 91% de los juicios ingresan por casos en los que las comisiones médicas determinaron 0% de incapacidad, pero que en la Justicia Laboral terminan con un 14% de incapacidad, por la acción de los peritos externos, sin control y con honorarios vinculados al resultado”.

La misma fuente detalló que Galeno ART pagó sólo durante el último año $ 63.000 millones por 483 casos que fueron recurridos y terminaron en la Justicia laboral, cuando originalmente, antes de las apelaciones, debía pagar $5908 millones.

La UIA y el costo argentino

Las ART cobran 2,18% en promedio por cada trabajador asegurado. En actividades más riesgosas, como la minería, esa suma es mayor. En otras, como el comercio, más baja. Más de la mitad de lo recaudado va a pagar juicios.

Para recuperar rentabilidad, plantean aumentar un 80% la cuota por trabajador. Eso haría que cada empresario tenga que pagar más del 5% de la masa salarial para asegurar a sus trabajadores. Es parte del denominado “costo argentino" que complica la rentabilidad de cualquier sector.

Desde la Unión Industrial Argentina se quejan de la falta de control que existe sobre las ART de parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. “Las ART deben prevenir los accidentes laborales, pero, con honrosas excepciones, no dan un curso ni de casualidad. Es un negocio que busca maximizar ganancias; si no se las controla…”.

En Chile, por caso, las ART son empresas “mutuas” sin fines de lucro, que se asociaron para brindar salud y protección a sus trabajadores y a sus trabajadoras.

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