ESTADO DE REMATE

Privatización vial: la concesionaria que tomó la Riccheri y la ruta 3 hace casi dos meses ya suma reclamos

Los planteos al consorcio Corresur se focalizan en peajes más caros y ocho nuevas cabinas de cobro. Quejas por la ausencia de obras y conversión en autopistas.

  1. A 45 días de la privatización vial impulsada por Javier Milei, la concesionaria Corresur quedó en el centro de los reclamos por el aumento de los peajes y la instalación de nuevas cabinas en las rutas bonaerenses. El contrato habilita el cobro durante 20 años, pero contempla pocas obras de ampliación y transformación en autopistas.

El 1 de julio, el consorcio integrado por las constructoras Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose se hizo cargo de los tramos viales Acceso Sur —que comprende 50 kilómetros de la autopista Riccheri-Ezeiza—; Sur, de 870 kilómetros de las RN 3 y 205 en territorio bonaerense; y Atlántico, que abarca 404 kilómetros de la RN 226 entre Mar del Plata y Bolívar.

Arrancó con un beneficio tarifario inmediato: sin haber iniciado ninguna obra, recibió la autorización de la administración libertaria para aumentar un 19% los peajes que hasta ese momento cobraba la concesionaria estatal Corredores Viales.

Privatización de las rutas argentinas con más postas de peaje

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En la autopista Riccheri, el peaje para automóviles pasó de $1300 a $1548,82 en horario no pico, tanto para TelePASE como para pagos manuales y electrónicos. En horario pico, la tarifa aumentó de $1500 a $1787,10, sin distinción entre las modalidades de pago.

En tanto, en las estaciones de Cañuelas, Uribelarrea, El Dorado, Hinojo y Vasconia de las RN 3, 205 y 226, el peaje básico para automóviles también pasó de $1500 a $1787,10.

Tras hacerse cargo del cobro, la concesionaria comenzó a realizar las tareas de “puesta en valor” previstas en la licitación. Básicamente, comprenden la recolección de basura, corte de pasto, limpieza de alcantarillas, bacheos con hormigón, reparación de luminarias, calce de banquinas y sellado de grietas.

La presencia de máquinas y trabajadores no logró aplacar los ánimos de los usuarios del interior bonaerense, que salieron a rechazar la apertura de nuevas cabinas y a reclamar las obras de ampliación que la Nación viene prometiendo desde hace varios años para convertir las rutas en autovías y autopistas.

Ocho nuevas cabinas en 2027

En los tres tramos adjudicados a Corresur existen actualmente siete estaciones troncales de peaje, a las que se sumarán otras ocho el próximo año, cuando concluya la primera de las tres etapas de obras previstas en el contrato de concesión.

El tramo Acceso Sur —correspondiente a la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas— es el único que no sumará más cabinas y seguirá operando con sus estaciones troncales actuales, ubicadas en Mercado Central y Tristán Suárez.

En cambio, el tramo Sur, que ahora cuenta con dos cabinas de peaje en Cañuelas y Uribelarrea, incorporará siete más. En la RN 3 se agregarán cinco estaciones en Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos y Dorrego. En tanto, en la RN 205 las nuevas cabinas estarán en Saladillo y Unzué.

A su vez, en el tramo Atlántico, a las tres cabinas instaladas en la RN 226, en El Dorado, Vasconia e Hinojo, se sumará una nueva en Villamanca.

Protestas en Azul y la promesa de un descuento

Las protestas más contundentes contra las nuevas estaciones de peaje se vienen registrando en la zona de Azul, Cacharí y Benito Juárez. Tras la entrada en escena de la nueva concesionaria privada, los integrantes del grupo Vecinos Autoconvocados de Azul y la ONG Estrellas Amarillas comenzaron a realizar movilizaciones y banderazos los fines de semana en la RN 3 para impedir la habilitación de nuevas cabinas y exigir la urgente conversión en autovía.

El malestar de las personas usuarias se hizo más fuerte en los últimos días, cuando los directivos de Corresur decidieron mantener una reunión solo con los concejales de La Libertad Avanza de Azul Luis Hoursouripe, Magalí Piancioli y Juan Furiasse. Al término del encuentro, los referentes libertarios anunciaron que habían logrado un descuento del 50% en los nuevos peajes para los usuarios de la zona.

Lejos de aquietar las aguas, el anuncio reforzó el rechazo de los vecinos autoconvocados, que calificaron la movida como una “acción política a espaldas de la comunidad”. Destacaron, además, que “el futuro de los peajes, las obras comprometidas y las condiciones de seguridad de la ruta son cuestiones significativas que no pueden quedar circunscriptas solo a conversaciones privadas entre dirigentes políticos y la empresa concesionaria”.

Ante esa situación, exigieron a los representantes libertarios y a las autoridades de Corresur que convoquen “de manera urgente a una mesa de diálogo abierta y pública” para encontrar una salida a los históricos reclamos de las agrupaciones ciudadanas.

Un contrato con pocas autopistas

Los pliegos licitatorios elaborados por los técnicos mileístas prevén muy pocas obras de ampliación y duplicación de calzadas en los tramos concesionados a Corresur.

En la RN 3, solo se incluyó un tramo de autovía entre Gorchs y Las Flores, previsto después del quinto año de concesión. En la RN 205, el único trayecto que se transformaría en autopista es el que va de Cañuelas a Lobos.

En la RN 226, en tanto, lo más destacado es la construcción de una colectora entre los kilómetros 163 y 164,1 y la semaforización de un sector urbano de Tandil a partir del segundo año de la concesión.

La Cámara de la Construcción advirtió por las millonarias pérdidas a causa de la falta de mantenimiento en Argentina.

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Por su parte, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) advirtió que “la nueva concesionaria tiene muy pocas obligaciones y solo debe cumplir con tareas de conservación, repavimentación, bacheo y corte de pasto, a cambio del cobro de peajes que se actualizarán cada tres meses”.

El coordinador de la entidad, Ricardo Lasca, destacó que “resulta incomprensible que desde Uribelarrea a Bahía Blanca, donde ahora hay un solo peaje, se vayan a agregar cinco nuevas estaciones de cobro con tarifas más caras que encarecerán los costos logísticos y de transporte”.

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Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

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