Integrado por las constructoras Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose, controlará tres subtramos. Incluye peajes, obras obligatorias y sistema free flow.
El gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de la autopista Riccheri y de casi 1800 kilómetros de rutas nacionales con peaje al adjudicar la concesión por 20 años al consorcio Rutas Sur Atlántico SA. La medida abrió una nueva etapa en el esquema de gestión privada de la infraestructura vial.
La nueva concesionaria asumió la administración, el mantenimiento y la ampliación del corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, que comprende la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y tramos de las rutas nacionales 3, 205 y 226. El contrato también estableció un nuevo régimen de inversiones y explotación mediante el cobro de peajes.
Rutas Sur Atlántico SA quedó conformada por cuatro constructoras locales:
El corredor concesionado quedó dividido en tres subtramos. El Acceso Sur comprende 50 kilómetros de la autopista Riccheri-Ezeiza. El tramo Sur abarca 870 kilómetros de las rutas nacionales 3 y 205 en la provincia de Buenos Aires, mientras que el Atlántico incluye 404 kilómetros de la ruta nacional 226 entre Mar del Plata y Bolívar.
El contrato estableció tres etapas de intervención. La primera contempló obras de puesta en valor para recuperar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial mediante bacheo, reparación de banquinas, reposición de defensas y renovación de la señalización.
La segunda fase incluyó obras obligatorias sobre calzadas, distribuidores e iluminación con tecnología LED. La tercera previó trabajos de rehabilitación con ampliación de carriles, reconstrucción de pavimentos, nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito.
El nuevo esquema también modificó el sistema de peajes. En una primera etapa convivirán las cabinas manuales con el pago automático. A partir del segundo año, toda la traza operará con tecnología free flow, sin barreras ni cabinas, mediante cámaras y sensores. Los usuarios que no utilicen TelePase deberán abonar una tarifa equivalente al doble.
La administración mileísta también adjudicó el denominado tramo Pampa, que comprende 546 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa. La concesión quedó en manos de Corredor Vial 5 SAU, sociedad controlada por la firma mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA), perteneciente a la familia Porreta.
Con estas adjudicaciones, el Ejecutivo dio el primer paso de una nueva etapa del proceso de privatización de los corredores viales nacionales. El objetivo oficial apuntó a trasladar la operación, el mantenimiento y las futuras inversiones al sector privado mediante contratos de largo plazo financiados, principalmente, con los ingresos provenientes de los peajes.