La letra chica del proyecto AMBA I incorporó restricciones a firmas con participación del sector público. Quedarían afuera la dueña de Edesur y Transener.
Javier Milei licita obras de transporte eléctrico
Javier Milei licita obras de transporte eléctrico
Captura de redesA poco más de un año de haberlo anunciado, el gobierno de Javier Milei puso en marcha la licitación del proyecto de transporte eléctrico AMBA I, con un pliego que combina asistencia estatal, financiamiento internacional, beneficios del RIGI y una cláusula que restringe la participación de empresas vinculadas con gobiernos extranjeros, en particular China.
La licitación se conoce después de una fuerte advertencia de Estados Unidos por la presencia china en sectores estratégicos argentinos. El embajador estadounidense Peter Lamelas advirtió que la tecnología china en redes vinculadas con áreas estratégicas puede afectar la llegada de capitales extranjeros. También vinculó la seguridad de los datos con la seguridad nacional y pidió no perder la oportunidad de convertir a Vaca Muerta en un polo energético global.
Uno de los puntos centrales de la letra chica es una cláusula restrictiva orientada, básicamente, a impedir la participación de empresas controladas por gobiernos extranjeros. El criterio ya había aparecido en la licitación de la hidrovía y ahora vuelve a incorporarse en una obra estratégica para el sistema eléctrico.
Según los pliegos, no podrán presentarse como oferentes empresas que “estén sujetas a control, directo o indirecto, de Estados soberanos, sus subdivisiones territoriales, políticas y/o administrativas, sus órganos, entes u organismos estatales, así como empresas o sociedades de titularidad estatal”.
Tal como quedó redactada, la prohibición no se limita a compañías de capital chino. También alcanza al grupo italiano Enel, actual dueño mayoritario de Edesur, y a Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de Sudamérica, que tienen a sus respectivos Estados como accionistas.
Otra de las restricciones establece que tampoco podrán participar empresas o sociedades que “tengan como accionistas, directores, y/o dependientes a funcionarios, empleados públicos o dependientes de empresas o sociedades estatales, con competencia en la licitación”.
Según fuentes del sector consultadas por Letra P, una interpretación estricta de este punto también dejaría afuera a Transener, la principal transportista eléctrica del país, controlada por Pampa Energía, el grupo Neuss y Genneia. La compañía tiene como accionista a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El segundo aspecto relevante del esquema licitatorio es la doble asistencia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), destinada a reducir el costo del financiamiento y hacer más atractivo el negocio de construcción y operación de las nuevas redes de transmisión de la región metropolitana.
Planificado hace más de 15 años, el proyecto AMBA I comprende un paquete de obras que incluye la construcción de la Estación Transformadora Plomer, la ampliación de las estaciones transformadoras de Luján, Mercedes, Zappalorto e Isidro Casanova y el tendido de unos 300 kilómetros de líneas de alta tensión de 500, 220 y 132 kV.
Las obras apuntan a asegurar el abastecimiento eléctrico en las zonas más pobladas del norte y oeste del Gran Buenos Aires y a reducir el riesgo de fallas en las subestaciones de Ezeiza y General Rodríguez, que operan al límite de su capacidad técnica.
Para facilitar el financiamiento del proyecto, que implicaría una inversión total del orden de los u$s 1000 millones, el BID prevé otorgar un esquema de garantías por hasta 25 años. Ese mecanismo cubriría los pagos de la remuneración prevista para el futuro concesionario durante un período de entre seis meses y un año.
Por su parte, el Gobierno, a través de Cammesa, realizará un anticipo financiero no reembolsable de u$s 55 millones para apuntalar el inicio de las obras. A ese aporte inicial se sumaría otro de similar valor mediante la entrega de transformadores y equipamiento destinado a los trabajos.
El tercer dato saliente de la licitación es el mecanismo previsto para que la empresa adjudicataria recupere gradualmente la inversión a medida que cumpla con los distintos hitos de construcción.
Por esa vía cobrará mensualmente la denominada "Tarifa por Concesión de Obra Pública" (Tarifa COP), que se ajustará anualmente de acuerdo con el Producer Price Index (PPI) de Estados Unidos.
En paralelo, por los servicios de operación y mantenimiento recibirá la “Tarifa TI”, correspondiente a su función como transportista independiente. Esa remuneración se actualizará mensualmente de manera automática y cada cinco años, junto con las revisiones tarifarias integrales (RTI).
Ambas tarifas serán abonadas por Cammesa y tendrán prioridad de pago frente a otras obligaciones contractuales de la administradora del mercado eléctrico.
Tanto los pagos por la construcción de las líneas, bajo el régimen de concesión de obra pública, como las remuneraciones por la operación y el mantenimiento se cubrirán con recargos tarifarios aplicados a los usuarios que, según determinen las autoridades regulatorias, se beneficien de la ampliación de la red.
Los hogares, comercios e industrias del AMBA y del interior de la provincia de Buenos Aires tendrían los mayores recargos, por ser los beneficiarios directos de las obras. Para el resto de los usuarios del interior del país, el adicional sería menor, debido a que recibirían un beneficio indirecto a través de la mejora del sistema nacional de transporte.
El cuarto elemento de la licitación es la posibilidad de que la empresa ganadora acceda a los beneficios económicos e impositivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La firma que resulte preadjudicataria tendrá 15 días para solicitar su adhesión al régimen. Si lo hace, la firma del contrato quedará suspendida hasta que se defina la aprobación o el rechazo de la solicitud.
En caso de que la presentación sea denegada, la empresa podrá suscribir el contrato de concesión sin los beneficios del RIGI o desistir de la licitación sin perder las garantías presentadas.
Las empresas interesadas en participar del negocio deberán acreditar experiencia específica durante los últimos 15 años como contratista única o integrante de un consorcio en el diseño y ejecución de obras similares.
En materia financiera, deberán contar con un patrimonio neto igual o superior al 25% de la inversión prevista.
Entre las compañías que superen ese filtro de antecedentes, la ganadora será la que solicite la menor tarifa en dólares para la construcción de las obras.
La presentación de las ofertas quedó agendada para el 14 de diciembre. Si no se producen demoras, la preadjudicación se concretaría durante el primer trimestre de 2027 y la ejecución de las obras se extendería hasta mediados de 2031.
