La Casa Gris busca acordar el sistema con productores, transportistas, municipios y empresas del sector sin mezclar los tantos con el año electoral.
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.
El gobierno de Santa Fe resolvió aplazar la aplicación de un esquema de cobro para los accesos a las terminales portuarias hasta después de las próximas elecciones provinciales. La definición responde a la necesidad de sumar respaldo entre los distintos sectores vinculados a la actividad agroexportadora para aplicar la medida.
Según pudo saber este medio, funcionarios de primera línea transmitieron la decisión a representantes del campo. La preocupación central pasa por evitar que una nueva carga sobre el transporte de granos genere un conflicto con los productores durante el período electoral.
La administración de Maximiliano Pullaro mantiene, de todos modos, el objetivo de avanzar con un sistema que concentre y ordene los mecanismos vigentes de financiamiento de los caminos portuarios. La intención oficial es retomar el diálogo con las entidades agropecuarias una vez superada la contienda electoral.
El esquema todavía requiere acuerdos sobre varios puntos, entre ellos el monto que deberán afrontar los transportistas, el destino de los recursos y el mecanismo de administración. La provincia sostiene que cualquier eventual tarifa debería estar vinculada con un programa concreto de mejoras en la infraestructura vial.
La discusión también alcanza a la A012, una vía clave para el movimiento de camiones con cargas agrícolas. El Ministerio de Obras Públicas consiguió autorización nacional para ejecutar tareas de reparación y conservación sobre esa traza y analiza una estructura financiera específica para afrontar esas intervenciones.
De acuerdo con la información relevada, esa alternativa podría tomar como referencia el fideicomiso planteado para los caminos que conectan con las terminales portuarias. La Casa Gris busca que el financiamiento tenga una participación de los actores directamente vinculados con el uso de las rutas.
El gobierno provincial también contempla que el cobro no se active de inmediato. Una de las condiciones que plantearon fuentes oficiales es que las obras alcancen un determinado grado de avance antes de trasladar el costo a quienes utilizan esas vías. Ese proceso podría extenderse por alrededor de un año.
La demora en la implementación le permitirá al Ejecutivo santafesino continuar las conversaciones con intendentes, entidades rurales y representantes de la cadena agroexportadora. El objetivo es alcanzar una fórmula que permita sostener las obras sin profundizar el rechazo que provocó la primera versión de la iniciativa.
La propuesta original de la gestión de Pullaro contemplaba una tasa de u$s 1,5 por tonelada para los camiones que ingresaran a las terminales del sur provincial. La idea buscaba reemplazar la multiplicidad de cargos que aplican actualmente los municipios ubicados en los principales corredores hacia los puertos.
Tras las negociaciones entre la provincia y las intendencias, se acordó un reparto de los fondos. Los municipios conservarían u$s 0,4 por tonelada, mientras que el resto del dinero quedaría dentro de un fideicomiso con participación estatal y de representantes del sector privado.
La iniciativa recibió una recepción dispar entre las organizaciones vinculadas con el agro. Algunas cámaras relacionadas con la exportación consideraron conveniente una administración conjunta de los recursos, ante la posibilidad de garantizar que la recaudación tenga como destino exclusivo el mantenimiento de la infraestructura.
La Sociedad Rural y la Asociación Gremial de Acopiadores de Granos, en cambio, cuestionaron especialmente el valor planteado para la tasa. Esas entidades reclamaron que las obras sean ejecutadas primero y que cualquier mecanismo de financiamiento posterior se defina sobre esa base.
Con el calendario electoral como límite, el gobierno de Santa Fe optó por mantener abierta la discusión y postergar la definición. La estrategia oficial apunta a aprovechar los próximos meses para acercar posiciones y diseñar un sistema que permita financiar los caminos sin sumar un foco de conflicto con el sector agropecuario.
