Los mandatarios avanzan con proyectos de ley que aumentan erogaciones y reparten recursos que se traga el Tesoro. La meta fiscal, en zona de turbulencias.
El reclamo de los gobernadores a Toto Caputo
La meta de superávit fiscal, principal ancla del programa económico, quedó en el medio de la disputa entre el gobierno de Javier Milei y Toto Caputo y los gobernadores, que reclaman una mayor distribución de los recursos. Sin respuestas del Ejecutivo, el Congreso será la arena de una pelea que puede aumentar el gasto en casi 2% del PBI.
Esta es la cuenta que, a trazos gruesos, suman los proyectos de ampliación del gasto para atender necesidades sociales y de las provincias.
Algunos gobernadores fueron clave para dar cuórum esta semana en la Cámara de Diputados para emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert a sentarse, en los próximos días, a dictaminar proyectos para financiar a las universidades públicas y la emergencia en pediatría.
Como referencia, la ley de financiamiento a universidades que vetó Milei en 2024 representaba un aumento del gasto de 0,8% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
La OPC estimó, además, que el proyecto de ley para aumentar la atención a personas con discapacidad puede incrementar el gasto en hasta 0,42% del PBI.
A esto se suman los proyectos para incrementar jubilaciones y extender la moratoria previsional, con media sanción y un esfuerzo para el Estado equivalente a 0,38% del Producto.
Los gobernadores también amagan con enviar a sus legisladores a votar la coparticipación de la parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que debería destinarse a obras y que abulta la billetera del Tesoro y el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se financian con masa coparticipable y la Nación retiene. Como viene contando Letra P, las provincias quieren recuperar $ 2,3 billones o 0,3% del PBI.
Los mandatarios aceleraron luego de que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, les hiciera una oferta "insignificante", contaron.
Dentro del entente de gobernadores, hay posiciones más conciliadoras que quieren apretar para negociar. En una de estas provincias aseguraron que buscan continuar con las conversaciones con el Ejecutivo para destrabar recursos, aunque con el proyecto ya ingresado en el Congreso, por el Senado, y la expectativa de que empiece a moverse esta semana.
En la jefatura de Gabinete de Guiilermo Francos dijeron a Letra P que hubo más conversaciones con mandatarios, pero sin detalles.
El Gobierno calcula hasta dónde puede tirar de la cuerda. Semanas atrás, Milei hizo trascender que les pidió a los ministros un ajuste mayor, para concretar un superávit primario de 1,6% del PBI o 0,3% superior al de la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero un informe de la consultora MAP advirtió que las fuentes para recortar el gasto se agotan. "Considerando lo recortado hasta el momento (desde el inicio de la gestión), hay tres cuartas partes del gasto en el que parece haber poco margen para continuar ajustando", indicó la firma que dirige Juan Pablo Ronderos.
"Las prestaciones previsionales y la AUH, que en conjunto explican cerca del 50% del gasto primario, se encuentran sujetas a mecanismos automáticos de actualización y, por lo tanto, no son ajustables de manera discrecional", recordó MAP.
"Tampoco parece haber margen para continuar atrasando las remuneraciones del sector público", siguió, ya que perdieron 15 puntos en términos reales. Además, "la obra pública ya opera en niveles históricamente bajos, restringiendo el espacio de recorte", y sin considerar (aún) el impacto negativo del deterioro de la infraestructura en la competitividad.
En el 25% del gasto que todavía podría ajustarse se cuentan los subsidios al transporte y la energía, que el Gobierno no tocará hasta después de las elecciones.
Del lado de los ingresos, la recaudación crece en términos reales, pero también muestra señales de agotamiento. Según un análisis de PxQ, el impuesto con mejor desempeño en junio fue Derechos de exportación (66,9% real interanual), influenciado por la rapidez de la liquidación del agro antes del fin de la ventana de retenciones rebajadas.
Es un impuesto que no se coparticipa. En cambio, Ganancias y el impuesto a Cheque, que van a las provincias cayeron en términos reales.
"Los impuestos asociados a la actividad económica (IVA DGI, créditos y débitos e impuestos internos) crecieron 13% real en el primer bimestre del año versus 5% en el cuatrimestre marzo-junio", añadió Empiria, la consultora del exministro Hernán Lacunza.
"El dato es aún más llamativo si se tiene en cuenta que el valle de la recesión de 2024 (y por lo tanto de la recaudación) fue el segundo trimestre del año", remarcó.
En el primer semestre, la recaudación por IVA (coparticipable) aumentó 1,9% real, pero la de Ganancias cayó 4,8%. El impuesto a los Combustibles fue el que más aumentó en el semestre (84,3% real) y todavía tiene margen para subir, ya que sigue desactualizado. Ahí apuntan los gobernadores.
El ancla fiscal entra en zona de turbulencias, tanto por los reclamos de los gobernadores como por la intención del Gobierno de aumentar el superávit primario y, a la vez, implementar una reforma tributaria que baje impuestos.
"Si bien es cierto que hasta el momento el ancla fiscal ha sido la viga maestra del plan de estabilización, incluso sobrecumpliendo las metas estipuladas, el resultado primario deberá pasar de 1,6% del PBI en 2025 a 2,2% en 2026 (según lo acordado con el FMI) para sostener el equilibrio financiero", indicó Empiria.
"Una reforma tributaria que baje impuestos y/o discuta federalmente el régimen de coparticipación volvería a la meta aún más desafiante", añadió.