Gobernadores de distintos partidos dijeron al Gobierno que los recursos que Javier Milei y Toto Caputo no repartieron a las provincias mediante transferencias no automáticas y fondos fiduciarios aportaron el 2,3% del PBI al ajuste. También propusieron coparticipar $ 2,3 billones del Impuesto a los Combustibles que retiene la Nación y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En un documento que los gobernadores compartieron con el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán y el secretario de Hacienda de Caputo, Carlos Guberman, las provincias reclamaron por la no ejecución de $ 17 billones a valores de mayo, entre las transferencias no automáticas frenadas, los fondos fiduciarios que se ejecutaban en los territorios y la Nación retuvo desde diciembre de 2023 y los ATN que el Gobierno gira a cuentagotas y, generalmente, a provincias amigas.
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A esto sumaron la caída en la coparticipación de impuestos, del 13,1% en términos reales, desde diciembre de 2023. En total, la caída de recursos de origen nacional representa el 4,25% del PBI o $ 30,4 billones a valores actuales, equivalentes a casi u$s 25.800 millones.
Advertencia de los gobernadores
Los gobernadores detallaron fondos de afectación específica que se interrumpieron y que la Nación retuvo. Por ejemplo, el Aporte Solidario -el impuesto a los ricos de la pandemia- destinaba dinero al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que Milei y Caputo discontinuaron.
"El Gobierno Nacional se apropió de $ 553.520 millones destinados al FISU", detallaron e indicaron que otros $ 1,2 billones que debían financiar obras de infraestructura. Son $ 2,5 billones a pesos de mayo de 2025.
Además, un tercio de lo que se recauda por el impuesto a los Combustibles debe destinarse a fondos fiduciarios para realizar obras hídricas y de infraestructura vial, que se frenaron. Son $ 1,2 billones a valores actuales.
Proyecto de ley al Congreso
El proyecto de ley que impulsarán en el Congreso busca que ese tercio del impuesto a los Combustibles pase a coparticiparse (es decir, que el 58% de lo recaudado se reparta entre las provincias y la Nación retenga el 42% restante. Actualmente, los distritos reciben el 26% y la administración federal retiene un 36% que debería destinar a obras que no ejecuta. Según los cálculos que hicieron técnicos de las provincias, sumarían casi $ 1,8 billones adicionales por esta vía.
A su vez, buscan eliminar los ATN, que se financian con el 1% de la masa coparticipable bruta. Si no se reparten, que se eliminen, propusieron. "Hoy hay casi 600.000 millones de pesos que el Estado nacional debería girarle a las provincias", dijo el economista de Epyca Martín Kalos.
Ignacio Torres, gobernador de Chubut, justificó la propuesta como parte de una reforma tributaria "que termine con el esquema distorsivo, regresivo y profundamente injusto".
Para esto, tuiteó, se propuso "avanzar en la eliminación de todos los fondos fiduciarios financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos" y "suprimir los Aportes del Tesoro Nacional y redistribuir ese 1% de la masa coparticipable federal según el coeficiente que le corresponde a cada provincia".
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Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, fue menos diplomático y posteó un reclamo judicial que hizo con intendentes "para que el Gobierno Nacional explique qué hizo con los $ 200.000 millones que recaudó con el impuesto a los Combustibles que solo eran para las rutas y $ 1 billón del impuesto PAIS destinados a obras de infraestructura".
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El impacto en el ajuste de Milei
Estos recursos forman parte del ajuste. De avanzar los cambios legislativos, Caputo tendría menos recursos para cumplir con la meta de superávit fiscal primario, en momentos en que Milei se encargó de difundir que le pidió a sus ministros acelerar los recortes para elevar el 1,3% comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al 1,6% del PBI.
Sólo los cambios en el impuesto a los Combustibles quitarían recursos a la Nación por el 0,25 por ciento del PBI. Entre enero y mayo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sumó $ 1,6 billones por este tributo. Está atrasado, porque el Gobierno lo actualiza a discreción para consolidar la desinflación, pero Caputo le dijo al FMI que su actualización es una de las vías para sumar recursos.