Creen que la movida de los gobernadores para coparticipar fondos influyó en la ofensiva de Mercado Libre. El matiz de las elecciones.
Pablo Olivares, monistro de Economía de Santa Fe, una de las espadas de Maximiliano Pullaro en la pelea con Marcos Galperin
En el gobierno de Maximiliano Pullaro creen que el conflicto con Mercado Libre por la política tributaria de Santa Fe, que tuvo en los últimos días un capítulo feroz, está atravesado por las tensiones con la administración del presidente Javier Milei.
“Sin dudas hay una articulación, más allá de la presión por pagar menos Ingresos Brutos. La primera vez que salieron públicamente con este tema fue cuando reclamamos por las retenciones. Ahora salta después de la movida de los gobernadores por la distribución de los ATN y el impuesto a los combustibles”, afirmó en estricto off the record una fuente relevante de la Casa Gris a Letra P.
Los choques entre el gobierno santafesino y la empresa de mayor facturación de la Argentina comenzaron cuando, desde 2025, la administración pullarista impulsó y logró imponer a las fintech una alícuota del 9% de Ingresos Brutos sobre los recursos que las empresas obtienen por prestar plata, en línea con lo que pagan los bancos.
En este contexto, hubo a principios de año un encontronazo público y la consecuente polémica en las redes entre la gestión provincial y las firmas del sector. Pero ahora, esa puja escaló furiosamente. El martes pasado, la empresa de Marcos Galperin anunció, en un comunicado difundido en redes sociales, que a partir del 8 de julio Mercado Libre y Mercado Pago “diferenciarán los cargos por vender en cada provincia” para “transparentar el impacto de los impuestos”.
“Disminuirán los cargos por vender en Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero, donde el impuesto a los Ingresos Brutos es más bajo que en otras provincias. Aumentarán los costos para quienes operen en Córdoba, Santa Fe y Jujuy, donde el impuesto es más alto en comparación con el promedio del país. En el resto de las provincias los cargos se mantendrán sin cambios por el momento.”, precisó la compañía.
Ante esta situación, el gobierno de Pullaro decidió responder con máxima dureza. En su cuenta de X, el ministro de Economía, Pablo Olivares, aseveró que “es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta on line. Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios”.
Y luego disparó: “Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo a Mercado Libre para que realicen controles elementales a quienes les entrega dispositivos point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point (lectores de tarjeta y QR) de Mercado Pago". "Las fotos de los allanamientos en la provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”, denunció.
La respuesta de la compañía de Galperin fue nuevamente en formato de comunicado de prensa, aunque en esta oportunidad, llamativamente, no fue subida a redes sociales. “Difamar no baja Ingresos Brutos”, afirmó la empresa, y advirtió que “las declaraciones del ministro de Economía de Santa Fe buscan desviar la discusión con acusaciones infundadas y no resuelven el problema de fondo: la suba de Ingresos Brutos de la Ley Fiscal 2025 de su provincia encarece la actividad de miles de emprendedores, PyMEs y comercios que todos los días trabajan para hacer crecer la economía local”.
El propio Pullaro también se subió a la polémica y sacudió: “Le guste o no a Marcos Galperin, le guste o no a Mercado Libre, cuando las billeteras virtuales y las fintech prestan plata como los bancos, deben tributar igual. No hay privilegios para la especulación”.
Más allá de la batalla pública, en la Casa Gris analizan que este choque tiene varias dimensiones. Una de ellas es que la megaempresa busca subordinar a los gobernadores con los que no tiene acceso privilegiado, a diferencia de lo que ocurre con el Presidente. Y entienden que hubo una pretensión de arrastrar a otras firmas del sector, o incluso de otros rubros, para acumular mayor presión.
Es por ese motivo que la respuesta oficial santafesina tuvo altísimo voltaje. En la perspectiva de Pullaro, resulta inaceptable ceder ante un desafío de estas características porque mina su autoridad. Pero además, argumentan fuentes gubernamentales, “no podemos exigir en su trabajo a docentes y policías mientras reculamos a la primera de cambio cuando nos aprieta un grandote”.
En la administración santafesina admiten que este enfrentamiento tiene costos. “En la city nos están matando, dicen que estamos locos”, señalan en despachos oficiales, pero aseguran que “recular no es opción, porque se nos animaría cualquiera”.
También hay una evaluación política del caso. No es ninguna novedad que Galperin es un fervoroso defensor de la gestión mileísta. Teniendo en cuenta ese dato, en el gobierno santafesino enfatizan que “sin dudas” hay una “articulación” y consideran que la ofensiva de la empresa se enmarca en la movida de los gobernadores, con Pullaro como protagonista, por coparticipar los fondos de los ATN y del impuesto a los combustibles.
En la Casa Gris no apuntan al Presidente, ni a los otros dos vértices del “Triángulo de Hierro”, ni a ningún funcionario en particular. Se limitan a señalar que existe una alianza evidente del empresario con “la comunidad libertaria”.
Con todo, en la administración pullarista valoran un matiz en este enfrentamiento: el comunicado de Mercado Pago y Mercado Libre salió después de las elecciones. Dicho de otro modo, si Galperin hubiese querido “pudrirla” plenamente, el parte de prensa se hubiese emitido en la semana anterior a los comicios.
En este marco, los pronósticos oficiales sobre la continuidad del conflicto son contundentes: “Habrá nuevos episodios”.