Sin respuesta de la Nación, el reclamo fiscal escala con una postura cerrada de las provincias. La rosca paralela en Córdoba. El Congreso, la primera trinchera.
Los gobernadores siguieron la rosca en el CFI desde la Conferencia Climática Internacional que se hizo en Córdoba
El ministro de Economía de Maximiliano Pullaro ofició de vocero de la fracasada reunión que mantuvieron este martes sus pares de 17 provincias con el secretario de Hacienda de Javier Milei, Carlos Guberman. El santafesino Pablo Olivares estuvo activo dentro del encuentro que buscaba respuestas al pedido de fondos de los gobernadores. La bronca era el factor común.
Mientras se desarrollaba la reunión con el alfil de Luis Toto Caputo, en Córdoba el gobernador Martín Llaryora compartía la mesa con Pullaro, Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa) y la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani. Momentos antes le acababan de mostrar los dientes al Presidente por su negacionismo ambiental.
La Conferencia Climática Internacional se desarrolló con la agenda limpia, es decir, no se colaron otros reclamos al poder central. Sin embargo, la foto de unidad de los gobernadores hablaba por sí sola y los pasillos también.
Según pudo reconstruir Letra P, la reunión con Guberman generó un fuerte malestar entre los gobernadores. Hubo una oferta “insignificante”, califican, para repartir el tramo vial del impuesto a los combustibles y distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sólo en caso de emergencia.
En conclusión, los mandatarios resolvieron avanzar con un proyecto que pretende que el Gobierno reparta de manera automática estos ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. “No se descarta la vía judicial”, sumaban fuentes de la Región Centro.
Para este miércoles se está gestando un Zoom para afinar el juego. La conferencia virtual tendría un carácter informal y, de concretarse, sumaría indicio suficiente para concluir que las provincias presionarán en bloque para tener retornos en sus arcas.
El crisol de posturas no es cerrado. El grupo de mandatarios colaboracionista con Milei sigue apostando al diálogo institucional antes que a medidas de última instancia como la Justicia.
Sin embargo, no hay vuelta atrás en la movida que se gestó el mes pasado en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) que dirige Ignacio Lamothe, otro de los participantes de la cumbre ambiental que organizó Llaryora.
Después de la reunión de ministros, en los pasillos de la cumbre verde reinaba la conclusión de que las intervenciones de Guillermo Francos y del equipo de Toto Caputo fueron una pérdida de tiempo. El provincialismo unido empezará a moverse y será el Congreso la caja de resonancia de la pelea por más fondos.
Los gastos comprometidos y la conflictividad social son algunos de los temas que inquietan a las administraciones subnacionales. Algunos gobernadores admiten que tuvieron problemas para reunir los fondos para abonar el medio aguinaldo o que, incluso, debieron negociar un pago en cuotas.
Otras provincias, como el caso de Córdoba, patalean por la ampliación del gasto para sostener el transporte, programas de salud y la infraestructura vial cuando, por ejemplo, en concepto de retenciones al campo no hay regalías para el Tesoro provincial.
La Bolsa de Cereales de Córdoba estimó que la provincia perderá US$ 420 millones con el regreso de la alícuota total de los derechos de importación, que la Casa Rosada había rebajado hasta este lunes. Llaryora dio ese dato concreto en su última exposición ante el Círculo Rojo.
Con el calendario electoral sobre los hombros, las provincias mudan la piel y apuran un juego en bloque que, salvando las distancias, algunas fuentes ya comparan con la Liga de Gobernadores que tensó con Alberto Fernández por mayor federalismo en la distribución de los recursos. Como hoy, la prenda de cambio era la gobernabilidad.