La pesada herencia de Mauricio Macri y Alberto Fernández: ocho años fallidos
La economía llega rota al recambio institucional. En esta nota, previa al ballotage, radiografía de un cuadro crítico. Inflación, deuda, pobreza en alza y salarios a la baja.
La economía llega al ballotage de este domingo luego de ocho años de fracasos en la economía. La inflación y la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron dos grandes condicionantes para la dinámica del manejo de las políticas económicas. La pobreza y los salarios, las caras de las consecuencias de problemas irresueltos. En esta nota, qué hicieron Mauricio Macri y Alberto Fernández para administrar las dificultades y cómo (cuánto de mal) les fue en ese proceso.
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En 2015, el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se refería a la inflación como "la demostración de la incapacidad para gobernar" y prometía que en su gestión no sería "un problema". Cristina Fernández de Kirchner dejó la presidencia ese año con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 26,9% anual. La administración de Cambiemos lo llevó a 53,8% en 2019, el registro más alto, hasta entonces, desde 1991.
El gobierno macrista le sacó las anclas a la inflación. Mientras que durante el kirchnerismo la estrategia para mantener los precios fue planchar las tarifas de servicios públicos y congelar precios mediante acuerdos, la de Macri pasó por las decisiones de política monetaria y fracasó. En sus cuatro años, buscó una tasa de interés real que terminó por asfixiar el acceso al crédito y definió una reducción a cero de las trasnferencias al Tesoro que luego tuvo que volver a aplicar por la inestabilidad.
En la búsqueda de la corrección de precios relativos, las dos medidas más relevantes que liberaron los valores fueron desregulación del tipo de cambio oficial, los tarifazos y la ironía de la expansión de la cantidad de dinero. El rojo de las cuentas públicas fue cubierto con la colocación de deuda en moneda extranjera y la compra de esas divisas se cubría con emisión.
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2019 y el calendario electoral con la sorpresa de las PASO, en las que el Gobierno perdió por paliza, abrieron la puerta a una mayor presencia de la inflación cambiaria, es decir, el traslado a precios del aumento del dólar.
Cuando Alberto Fernández asumió, el 10 de diciembre de 2019, corregir la inflación era uno de sus desafíos máximos: los tres dígitos interanuales de los últimos meses son pruebas del fracaso. Tres eventos inesperados agravaron el problema: la pandemia de Covid-19 , la guerra en Ucrania y la sequía.
El primero significó una expansión fuerte del gasto público para sostener la actividad económica que el Gobierno resolvió financiando con emisión monetaria. El segundo, un aumento de los precios internacionales de commodities que se trasladaron a la Argentina en productos de primera necesidad. El tercero, una reducción drástica de la oferta de divisas, la imposibilidad del Banco Central de acumular reservas, ahora en niveles críticos, y un cepo cambiario dificil de sacar.
Las reservas brutas de la autoridad monetaria pasaron de U$S44.848 millones al 31 de de diciembre de 2019 a un rango de U$S20.000 en los días que corren. La sangría compromete la capacidad del BCRA de intervenir en la brecha cambiaria, contener una corrida y evitar el traslado a precios.
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Todos esos factores llevaron a una mayor distorsión de precios, atrasados por los aumentos controlados en acuerdo con el Estado y contenidos ante una presión inercial que ni el exministro Martín Guzmán ni el actual, Sergio Massa, pudieron resolver. Además, el motor especulativo: la inestabilidad del dólar blue, la incertidumbre para la reposición de costos de producción y la cobertura frente a eventuales devaluaciones.
La mochila del FMI
La toma de la deuda con el Fondo del gobierno macrista dio inicio a un nuevo ciclo de sobreendeudamiento. Argentina pasó de deber cero a U$S57.000 millones, el préstamo más grande en la historia del organismo, en un pacto plagado de irregularidades, sin pasar por el Congreso y con un cronograma de pagos imposible de cumplir.
En los primeros meses, el entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, tuvo que renegociar el sistema de desembolsos en varias oportunidades ante la necesidad de divisas y la intención de adelantar todos los fondos antes del término de 2019, cuando un nuevo presidente tomaría la posta. El incumplimiento de las metas del pacto stand by llevó a que incluso el FMI suspendiera, en setiembre de ese año, un desembolso por unos 5.400 millones de dólares.
Dos años después, la llamada Evaluación Ex Post (EPE, por su sigla en inglés) del Fondo admitió que el programa no cumplió sus objetivos y advirtió que "la estrategia económica de Macri fue demasiado frágil". Así, dio a entender, de forma indirecta, que Cambiemos debió interponer controles de capitales para ordenar los flujos y evitar fuga de divisas, que es lo que el crédito venía a salvar y terminó ocurriendo después de ello.
Macri lo admitió luego en entrevistas. Según un informe del BCRA, entre 2015 y 2019, la fuga de capitales superó los u$s86.000 millones.
En enero de 2022, Guzmán renegoció todo el acuerdo con FMI: plazos, condiciones, desembolsos y forma de cancelar vencimientos. Se pasó de un crédito Stand By a un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EEFF) y a pagar los deadlines con la moneda del Fondo, los Derechos Especiales de Giro (DEG).
Martín Guzmán
Guzmán tuvo mayoría de cumplimientos de objetivos trimestrales. Con la llegada de Massa al ministerio, la premisa fue rediscutir todo el acuerdo una vez más para sortear metas a punto de ser incumplidas y reorganizar el calendario de pagos de forma tal que no entorpeciera las fechas electorales y no contribuyera a la especulación. La segunda parte no se logró, mientras que la política massista frente al Fondo se basó en que la entidad reconociera la imposibilidad de acumular reservas de la Argentina por la sequía y el menor ingreso de divisas; perdonara metas incumplidas y aumentase los desembolsos ante el riesgo especulativo.
Pobreza y salarios
Argentina vive una crisis de ingresos. La inflación acelerada hace crecer la nominalidad, es decir, el valor asignado a los bienes, de forma tal que salarios de seis cifras no logran cubrir, por sí solos, una canasta básica; tampoco, ahorrar a fin de mes. La pérdida de valor de la moneda es tal, que se acorta el horizonte de inversión, es decir, la capacidad de planificar la inversión de los ingresos. En este caso, los provenientes del empleo.
El problema está en la relatividad, en este caso, en la relación entre los sueldos y el valor de los bienes y servicios; lo que se llama la tasa real. Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) planteó la figura del "trabajador pobre": son personas con empleos formales que no llegan a cubrir una canásta básica y se las considera por debajo de la línea de pobreza. Según el estudio, para 2022 había un 30,1% que aumentaron del 16,2% en 2017 al 29,5% en 2019.
Sergio Massa corbata
El ministro de Economía, Sergio Massa
Distintas mediciones privadas registraron una caída del poder adquisitivo de los salarios informales de entre 18% y 20% en los cuatro años de Macri. Un análisis de Fundar marca un punto de quiebre: mientras que los períodos de aceleración en el comportamiento de los precios generalmente llevan a caídas del poder de compra, la relación se rompió en la pandemia.
"En 2020, la inflación se desaceleró fuertemente y los salarios reales cayeron, mientras que en 2021 y 2022, en el marco de una clara aceleración inflacionaria, no hubo pérdida del poder adquisitivo", indicó el estudio. En la comparación histórica, los ingresos reales son los más bajos de los últimos 12 años.
