La propuesta a los acreedores supone quitas del 90% si quieren cobrar en tres meses. También el repago del 200% si esperan diez años.
La puja por quedarse con Vicentin
La propuesta del empresario rosarino Mariano Grassi, titular de Commodities SA, se consolida como la candidata principal a quedarse con el salvataje judicial de Vicentin, la histórica cerealera de Santa Fe que arrastra una deuda de u$s 1600 millones desde 2020.
Para lograrlo, el oferente debe obtener la aceptación de 840 acreedores, de los cuales unos 400 ya adelantaron su conformidad. El mensaje es claro: “Es esto o la quiebra definitiva”.
El empresario se refiere a la compañía que busca rescatar como "La Nueva Vicentin": quiere marcar un punto de quiebre el oscuro final de la cerealera, pero mantener su historia.
El plan de Grassi propone dolarizar las deudas a $60, el valor del tipo de cambio de 2019, cuando estalló la crisis de Vicentin. A partir de allí, ofrece distintas alternativas de recupero:
Pagar el 9% del total en 90 días, para quienes busquen cobrar de inmediato.
Devolver hasta el 200% en dólares en un plazo de diez años, si los productores se comprometen a venderle soja a "La Nueva Vicentin" durante esa década.
La propuesta incluye un incentivo adicional: un fideicomiso que podría generar una ganancia extra de hasta 120% sobre el capital inicial.
Grassi cuenta con dos socios estratégicos. Por un lado, Cargill, el gigante estadounidense del comercio de granos, que se comprometió a comercializar toda la producción de "La Nueva Vicentin" y a pagar las cargas a 48 horas del embarque, lo que aportaría liquidez inmediata a la firma.
Por otro lado, el grupo inversor nacional CIMA, liderado por el financista Esteban Nofal, compró la deuda de Vicentin con los bancos internacionales. Con u$s 50 millones, reunió a inversores de Wall Street y adquirió el derecho a negociar u$s 447 millones del pasivo total, lo que representa un 36% del capital en default.
Nofal, que recientemente fue noticia por quedarse -por un dólar- con la quiebra de Celulosa Argentina y dos aserraderos correntinos del empresario José Urtubey, es considerado una de las piezas clave en la ecuación del rescate.
El proceso de salvataje judicial fue organizado por el juez civil y comercial de Reconquista (Santa Fe), Fabián Lorenzini, quien deberá homologar la propuesta ganadora.
Además de Grassi, las cerealeras Bunge, Molinos y Dreyfus pagaron un millón de dólares para tener derecho a presentar sus propias ofertas, aunque hasta ahora no lo han hecho. El plazo vence el 15 de octubre.
Bunge ocupa un lugar especial: es socia de Vicentin en Renova, la planta de crushing de oleaginosas más grande del mundo, ubicada en Timbúes. En caso de concretarse el plan de Grassi, Bunge pasaría a ser socia de La Nueva Vicentin.
Grassi tenía hasta el 1° de octubre para presentar las firmas de al menos 800 acreedores, cuya deuda sume más del 66,6% del pasivo total.
Si la propuesta de Grassi resulta aprobada y homologada por la justicia, los acreedores que no hayan votado quedarán incluidos automáticamente en el esquema de “quita y espera”:
Reducción del 60% del capital,
Pago del resto en cuotas a diez años,
Interés anual del 1,2% en dólares.
En diálogo con Letra P, Grassi explicó: “Nuestra propuesta es mantener a Vicentin entera, funcionando y con todos los activos en valor”.
Según indicó, un equipo de 50 personas trabaja en contactar a los acreedores y se habilitó un simulador online para que cada productor analice qué opción le conviene aceptar.
Grassi es, a su vez, el segundo acreedor individual de Vicentin, con casi u$s 60 millones en créditos impagos.
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) encabeza la lista, con u$s 90 millones, mientras que los productores individuales reclaman en conjunto más de u$s 500 millones.
Entre los acreedores más relevantes aparece el Banco Nación, con una deuda impaga de u$s 300 millones en créditos otorgados a Vicentin durante el último tramo del gobierno de Mauricio Macri.
La justicia federal investiga posibles maniobras de defraudación al Estado en el otorgamiento de esos préstamos. El fiscal Gerardo Pollicita pidió al juez Julián Ercolini que cite a indagatoria a exdirectivos del BNA -entre ellos Javier González Fraga, Lucas Llach, Carlos Castellani y Ercilia Nofal-, además de ejecutivos de la empresa como Daniel Buyatti, Roberto y Hernán Vicentin, Máximo Padoan y otros 20 involucrados.
En la propuesta de Grassi, sólo u$s 70 millones de la deuda con el Banco Nación están incluidos. Los u$s 270 millones restantes están garantizados por otras empresas del grupo, como Algodonera Avellaneda, que también enfrenta un proceso de concurso de quiebra, lo que dificulta su recupero.