El default de la cerealera santafesina entró en su etapa definitoria. Bunge quiere dar pelea. El grupo local compró la deuda de los bancos internacionales.
La puja por quedarse con Vicentin
El grupo rosarino Grassi fortaleció su estrategia para quedarse con la defaulteada cerealera Vicentin al sellar un acuerdo con la multinacional estadounidense Cargill, que le dará respaldo para imponerse sobre otros gigantes: Bunge, la alianza Molinos Agro-LDC Dreyfus y Unión Agrícola Avellaneda, que también pulsean por la agroexportadora quebrada.
La alianza con Cargill, que el Grupo Grassi dejó trascender, robustece su posición en el proceso de cramdown o salvataje, una herramienta legal previa a la quiebra que dispuso la Justicia de Santa Fe y que se definirá el próximo 15 de octubre.
La empresa quedará en manos del grupo que logre primero el consenso de al menos la mitad de los acreedores y, además, cubra dos tercios de la deuda total de Vicentin.
Grassi ya había dado un paso clave al comprar, junto con el grupo inversor nacional CIMA -liderado por el financista vinculado al macrismo Esteban Nofal-, la deuda de Vicentin con los bancos internacionales, por unos u$s 447 millones.
Además, es el segundo acreedor individual de la empresa, con casi u$s 60 millones a través de su firma Commodities SA. La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) encabeza la lista de acreedores con u$s 90 millones, mientras que los productores individuales reclaman en conjunto más de u$s 500 millones.
Según fuentes judiciales, Grassi está en una posición óptima para quedarse con la aceitera. Sin embargo, deberá convencer a la mayoría de los 1.300 productores que quedaron atrapados tras el default declarado en septiembre de 2019. La ventaja es que ya tiene el respaldo de los bancos internacionales, al haber comprado sus acreencias.
El otro gigante en carrera es Bunge, que enfrenta un dilema. Actualmente comparte con Vicentin la propiedad de Renova, la planta de crushing de oleaginosas más grande del mundo, ubicada en Timbúes. Si Grassi logra el control de Vicentin, pasará a ser socio de Bunge en ese estratégico activo, aunque actualmente sean competidores.
Un capítulo aparte lo constituye la venta del 16% de Renova que Vicentin le hizo a Bunge para obtener liquidez antes del concurso. Si Grassi resulta ganador, ya adelantó que impugnará esa operación por considerarla “espuria y parte del vaciamiento”.
Mientras tanto, Vicentin continúa acumulando pasivos. El juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que conduce el concurso e intervino la compañía, designó a Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg como administradores. Ambos informaron que la agroexportadora generó una deuda posconcursal de u$s 30,5 millones, que incluye salarios, impuestos y servicios. Algunas plantas siguen operando bajo contratos a fasón para terceros.
Por el default, 18 exdirectivos de Vicentin y de empresas vinculadas enfrentan procesos judiciales por presunta estafa y vaciamiento. Entre ellos figuran Daniel Buyatti; Roberto Gazze y Javier Gazze; Omar Scarel; Sergio, Pedro y Roberto Vicentin; Alberto Macua; Máximo Padoán y Cristian Padoán; Martín Colombo Boschi y Yanina Colombo Boschi; Daniel Foschiatti; Fernando Bougain; Carlos Sartor; Diego Boschi; Facundo Persoglia y Miguel Vallaza.
El viernes pasado, el Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin, que nuclea a 71 productores individuales, emitió un comunicado de respaldo a la propuesta de Grassi SA. Destacaron que “refleja un verdadero interés en sostener la operación de la compañía, proteger a sus trabajadores, asegurar la recuperación del 100% de lo adeudado desde 2019, en condiciones transparentes y justas”.
Este mismo grupo de productores ya había acompañado a Grassi en 2023, cuando impugnó ante la Corte santafesina la propuesta concursal de rescate presentada por Vicentin y respaldada en ese entonces por Glencore -actualmente parte de Bunge-. Aquella iniciativa había obtenido el apoyo del 66% de los acreedores particulares y de los bancos extranjeros, e incluía la dolarización de las deudas. Sin embargo, fue frenada por la acción de Grassi y también por la oposición de los bancos públicos Nación, Bapro y BICE, además de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El Banco Nación, principal acreedor institucional, reclama u$s 300 millones: u$s 70 millones en calidad de deuda privilegiada, que se negocian por fuera del concurso, y otros u$s 230 millones que deberá cobrar junto con el resto de los acreedores.
El caso Vicentin suma hitos fallidos. Entre ellos, el frustrado anuncio de expropiación que realizó el expresidente Alberto Fernández en 2020, que nunca se concretó pero retrasó el avance del expediente judicial.
Aún persiste el debate sobre si se trató de una estafa y un vaciamiento doloso de sus dueños, o de un colapso producto de la vulnerabilidad financiera que la firma acumuló en su proceso de expansión y diversificación. El salto del dólar de $45 a $60 tras las PASO de 2019 habría terminado de desmoronar la estructura.
“Grassi tiene una posición fuerte al haber comprado la deuda de los bancos del exterior, pero veremos qué ocurre. Como industria, lo que queremos es que ningún trabajador pierda su fuente de trabajo”, explicó a Letra P Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) y director del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
En tanto, el diputado provincial santafesino Carlos del Frade advirtió: “La propuesta de Grassi con Cargill es muy fuerte políticamente, porque Grassi hace el acopio y Cargill maneja la exportación. Significa que el mayor negocio de exportación de la Argentina quedaría en manos de una empresa estadounidense”.
Del Frade, que sigue la causa desde el inicio, también reclamó justicia: “Ojalá que alguien vaya preso, que se ocupen de los delincuentes de guante blanco imputados por estafa y fuga de dinero por u$s 800 millones. Aunque la ley de blanqueo de Milei cerró varias causas, habrá que seguir impulsándolas”.