Las actuales operadoras del Comahue, Aluar, Mindlin y un conglomerado cercano a Santiago Caputo pujan por las usinas. Respaldo al Gobierno por la privatización.
Las hidroeléctricas en la era Javier Milei
Captura de redesLa licitación para reprivatizar las hidroeléctricas del Comahue, impulsada por el gobierno de Javier Milei, abrió la competencia entre gigantes nacionales y extranjeros por el control del negocio de la energía dolarizada. El proceso, que marca un nuevo capítulo en la política de privatización del sector, definirá quién operará las usinas de la Patagonia durante los próximos 30 años.
La nueva privatización de las represas de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila constituye la primera licitación relevante en materia energética de la gestión libertaria. Nueve empresas presentaron ofertas para quedarse con la explotación de esos activos clave del sistema eléctrico nacional.
Tres de ellas buscan mantener las concesiones que detentan desde hace décadas, mientras que otras seis apuestan a desplazar a los actuales operadores para ocupar su lugar hasta 2056.
Más allá del negocio en juego, la presencia de los principales generadores eléctricos del país y del exterior en el proceso licitatorio representa una señal política: el respaldo del poder económico a la política de desregulación y privatización del sector energético impulsada por la administración Milei.
Las hidroeléctricas en la era Javier Milei
Tras la recepción de los sobres de antecedentes y garantías, la disputa por las centrales del Comahue quedó claramente dividida en dos frentes.
Por un lado, están las actuales concesionarias que buscan retener el negocio:
Enel. El grupo italiano es el principal accionista de la concesionaria de El Chocón y dueño mayoritario de la controlante de Edesur. En la Argentina también participa en las transportistas eléctricas CTM, TESA y Yacylec.
AES. La firma estadounidense controla Alicurá y opera, además, las usinas Cabra Corral, El Tunal, Termoandes, Ullum, Sarmiento, Paraná y San Nicolás, además de los parques eólicos Vientos Bonaerenses y Vientos Neuquinos.
Central Puerto. Maneja Piedra del Águila y tiene como accionistas a Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. Aunque Nicky Caputo declaró haberse desvinculado, en el sector energético aún se lo menciona como actor de peso en la sombra.
En el otro bando aparecen las empresas que buscan ingresar al negocio de las hidroeléctricas:
Edison Energía. El grupo local encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, con vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo, irrumpió este año con la compra de las distribuidoras de Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y la hidroeléctrica Cempsa (Potrerillos). Entre sus accionistas figuran Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai y Carlos Giovanelli.
Pampa Energía. Conducida por Marcelo Mindlin, es la compañía energética integrada más grande del país, con fuerte presencia en generación y transporte eléctrico.
Aluar. El grupo Madanes Quintanilla, único productor local de aluminio primario y uno de los mayores de Sudamérica, participa asociado con Genneia, líder en energía renovable controlada por fondos internacionales y directivos del grupo Brito. Aluar ya opera la central de Futaleufú y participa en la transportista Transpa.
Central Costanera. Propiedad de Central Puerto desde 2023, es una de las principales generadoras térmicas del país, con una capacidad instalada de 1.789 MW (4% del total nacional).
BML Inversora. Creada este año, está conformada por José María Bazán, Javier Minorini y Nicolás Bruzone, integrantes del estudio jurídico Zang, Bergel & Viñes.
IPS Renewal. Sociedad inversora integrada por los empresarios guatemaltecos Iker Echeverría Lucchese, Catarina Pinula y Francisco Quiñonez Midence. Sus representantes locales son Juan Manuel Quintana y María Laura Barbosa.
La comisión evaluadora tiene 15 días para analizar los antecedentes y avales presentados por los oferentes. Quienes superen esa instancia pasarán a la etapa final, donde resultarán adjudicatarios los que ofrezcan las sumas más altas en dólares por la totalidad del paquete accionario de cada usina.
Las hidroeléctricas en la era Javier Milei
Según estimaciones del ministro de Economía, Toto Caputo, la subasta podría aportar entre u$s 500 y u$s 700 millones al Tesoro.
Para la licitación se conformaron cuatro sociedades anónimas, una por cada represa, con el fin de facilitar la transferencia directa de las acciones y los contratos de operación por un plazo de 30 años.
Los pliegos de condiciones establecen que los oferentes deben acreditar activos superiores a u$s 300 millones y un patrimonio neto no menor a u$s 150 millones.
El proceso excluye expresamente a entes o compañías estatales, tanto locales como extranjeras, y no contempla un programa de propiedad participada (PPP) que permita a los trabajadores acceder a una porción minoritaria de acciones.
Además, se fijó un límite regulatorio: ningún oferente podrá concentrar más del 20% de la generación eléctrica nacional (43.555 MW). Una misma empresa podrá adjudicarse hasta dos centrales, y todas deberán contar con un “operador técnico” con al menos el 25% de participación en la sociedad oferente.
Durante los dos primeros años, los nuevos concesionarios deberán destinar el 95% de la energía generada a las distribuidoras eléctricas, a un precio fijo en dólares. El 5% restante podrá comercializarse libremente con grandes usuarios o en el mercado mayorista.
A partir del tercer año, el porcentaje regulado se reducirá gradualmente hasta eliminarse en 2046, cuando la totalidad de la energía se comercialice a precios de mercado.
Los gobernadores de Neuquén y Río Negro reclaman por las hidroeléctricas
Los adjudicatarios deberán realizar las inversiones necesarias para mantener en funcionamiento las centrales durante las tres décadas de concesión. Antes de cumplirse los dos primeros años, deberán presentar un plan integral de obras y recambio de equipos que permita extender la vida útil de las represas hasta 2055.
Para sumar el respaldo político de los gobiernos de Neuquén y Río Negro, la administración libertaria incorporó al esquema tres fuentes de ingresos para las provincias.
Además, se incorporará un nuevo recargo tarifario nacional, que recaerá sobre los usuarios de todo el país, para financiar las obras pendientes en las presas de Arroyito y Portezuelo Grande. Dichos trabajos fueron ordenados por la Corte Suprema en 2009 pero nunca ejecutados.