La Casa Rosada fijó un plazo de 15 días para licitar las represas en Neuquén y Río Negro. Respuesta tacaña al pedido de Weretilneck y Figueroa.
Patagonia: pese al reclamo de las provincias, el Gobierno puso fecha para privatizar cuatro hidroeléctricas
El Gobierno avanzó este jueves con la decisión de privatizar cuatro represas hidroeléctricas clave de la Patagonia, atendiendo de manera muy escasa el pedido de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, quienes habían solicitado más tiempo para analizar el proceso. La prórroga otorgada fue de solo 15 días.
El Decreto 263/2025, publicado en el Boletín Oficial, fijó entonces para dentro de dos semanas el plazo para convocar al concurso público, nacional e internacional, que permita vender el paquete accionario mayoritario de las sociedades que operan las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Según el texto oficial, la decisión se tomó tras el pedido de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Ambos mandatarios habían solicitado al Gobierno una prórroga para que sus equipos técnicos pudieran revisar en profundidad el proceso de privatización.
La respuesta fue inmediata pero escueta: un plazo de 15 días, que el Ejecutivo consideró “razonable”, según el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo.
Las represas funcionan sobre las cuencas de los ríos Limay y Neuquén y durante décadas estuvieron en manos privadas. Sus concesiones vencieron en agosto de 2023, pero se prorrogaron por decreto hasta agosto de 2024, en tanto las empresas cumplieran con las nuevas condiciones impuestas por el Estado.
Las hidroeléctricas del Comahue se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Fueron financiadas con créditos internacionales, avales del Tesoro Nacional y los recargos tarifarios en las facturas eléctricas que abonaron durante casi dos décadas clientes residenciales, comercios e industrias de todo el país.
Durante la gestión menemista fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas que actualmente están a cargo de dos grupos extranjeros y dos compañías locales que también operan en otras áreas del negocio energético.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En Alicurá, la sociedad controlante está en manos del grupo estadounidense AES.
Desde diciembre pasado, Cerros Colorados está a cargo de la local Aconcagua Energía; mientras que Piedra del Águila pertenece al grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens y Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
Tras las sucesivas prórrogas dispuestas por el gobierno actual y por su antecesor, el nuevo marco habilita al Ejecutivo a vender el paquete accionario mayoritario dentro de los 180 días desde la publicación del decreto. Además, incorpora a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como coordinadora del proceso junto a la Secretaría de Energía.
Este lunes, los gobernadores enviaron una nota formal a la Secretaría de Energía para solicitar una revisión de los plazos. Argumentaron que se requería un término más amplio para evaluar el impacto técnico y estratégico de la operación. La respuesta de la administración libertaria llegó este jueves.
La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, había anticipado que el concurso sería abierto este mismo mes, lo que aceleró los tiempos políticos y jurídicos. Su declaración fue vista con preocupación en las provincias involucradas.
Como contó en septiembre pasado este medio, los gobernadores fueron a la Casa Rosada para negociar con Guillermo Francos la participación de sus provincias en las licitaciones de las hidroeléctricas. La explotación de las represas del Comahue implica un negocio de 800 millones de dólares al año. Se llevaron aquella vez un primer compromiso del jefe de Gabinete libertario.
Ahora, tras las declaraciones de la titular de Energía, los gobernadores enviaron una misisva en la que señalaron que querían “transmitir al Estado nacional una acabada respuesta sobre el tema”. Sin embargo, el Gobierno solo aceptó una dilación mínima, reafirmando su voluntad de avanzar cuanto antes con la privatización.
El tema genera tensiones crecientes en las provincias afectadas, donde el manejo de los recursos hídricos es considerado estratégico y vinculado al desarrollo energético y ambiental de la región.