El titular del organismo, vinculado a grandes semilleras, cerró agencias, abrió retiros voluntarios y redefine el negocio. Otro brote en la interna del campo.
El ministro Federico Sturzenegger aplicó la motosierra en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y abrió un nuevo retiro voluntario para los trabajadores con el objetivo de desvincular a mil técnicos y profesionales. El presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, busca reducir a poco más de 4000 personas del plantel total, que actualmente asciende a 5709 empleados.
El retiro voluntario es parte de un plan de ajuste que incluye también el recorte de la red territorial del INTA; por caso, ya cerraron más de 41 agencias de extensión, de las casi 300 que existían.
“La amenaza permanente que tenemos los trabajadores es que, a quienes no adhieran al retiro voluntario, nos van a pasar a disponibilidad, porque la nueva estructura de gobierno del INTA contempla solo a 4000 empleados”, dijo a Letra P Julieta Boedo, delegada de ATE y miembro de la coordinación nacional de ATE-INTA.
Todo el ajuste está planeado por Sturzenegger y ejecutado por Bronzovich, un exdirectivo de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), entidad estrechamente relacionada con el sector del agronegocio que cuenta con el esponsoreo de las grandes semilleras globales radicadas en Argentina. Según fuentes del sector, esta organización siempre tuvo interés en tener una "pata" dentro del INTA.
La administración de Javier Milei busca, también, cerrar diez centros regionales de los 15 actuales. De estos centros dependen las Chacras Experimentales, las cuales tienen inmensa reputación en sus zonas de influencia por ser transmisoras de tecnología e innovación para productores que, de otro modo, no podrían acceder a tales recursos.
En marzo, además, Bronzovich cerró la Estación Experimental AMBA ubicada en Ituzaingó, que desde hace 15 años trabajaba con el cinturón frutihortícola y la agricultura familiar en municipios como La Plata, San Vicente, Luján, Escobar, Avellaneda y Marcos Paz.
El Estado ya subastó el edificio del INTA ubicado en la intersección porteña de Cerviño y Ortiz de Ocampo, donde resultó ganador el estudio Brukman Mansilla. Además, se pusieron a la venta o se traspasaron a las provincias 40.000 hectáreas productivas que componen las chacras.
Se trata de un organismo estatal con participación privada en el que tiene voto la mesa de enlace, conformada por las gremiales empresarias del campo, que hasta ahora no han ejercido la defensa que esperaba el personal profesional del instituto.
Por su parte, muchos gobernadores también han desertado en su apoyo al ente.
La Sociedad Rural, cuyo titular es Nicolás Pino, es aliado político de Milei y tiene un peso determinante en el Consejo Directivo: ejerce la vicepresidencia a través del chaqueño Carlos Alberto Vera y ocupa otra silla con Juan Manuel Bautista.
Bronzovich necesita mostrarle resultados a Sturzenegger. Para ello, obturó el ingreso al Consejo del representante de la Facultad de Veterinaria, Guillermo Bernardes —quien se había manifestado a favor del personal— y dejó sin representante a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Con estas dos bajas, consiguió aprobar el nuevo retiro voluntario.
“Sturzenegger dice que hay que trabajar con el privado; hace 70 años que el INTA trabaja con productores privados. El problema es la escala, y ahí aparece el agronegocio. Quieren que el INTA investigue y desarrolle tecnologías para entregarlas a las grandes empresas”, explicó un ingeniero agrónomo con más de 20 años de trayectoria en el organismo.
Dentro del organismo aseguran que “el INTA está intervenido y el director general de Administración, Gustavo Abaurrea, retiene pagos, no ejecuta fondos para acciones o programas y paralizó todo”.
El INTA tiene un director nacional, que accedió al cargo por concurso. Es Ariel Pereda, quien fue el primero que advirtió del desguace y quedó en la mira de Sturzenegger.
Bronzovich, que es socio en Juraj, la empresa familiar de producción y servicios agropecuarios radicada entre los partidos bonaerenses de Tandil y Balcarce, aseguró que su estadía en el INTA es para “cumplir un rol”.
Desde su llegada, se provocó la salida de 1145 trabajadores: 297 accedieron al retiro voluntario de 2024 y 848 corresponden a contratos finalizados, jubilaciones o licencias sin goce de sueldo.
“El retiro voluntario es un despido encubierto y desde ATE estamos en total desacuerdo. Hay que resaltar que la gestión libertaria, con Sturzenegger a la cabeza, hizo un trabajo de desgaste muy cruel sobre los trabajadores del Estado”, señaló Boedo.
La delegada aseguró que se asiste a un cambio de modelo que abandona el acompañamiento técnico a pequeños productores para enfocarse en los intereses de las grandes corporaciones.
La fase dos del retiro voluntario está dirigida a un universo de 4970 personas y el gobierno destinará hasta $101.000 millones para despedir a quienes estén bajo estas condiciones:
El personal del INTA advierte que las condiciones no son favorables y marcan dos trabas fundamentales:
