La interna en la entidad del campo se profundiza. El presidente quiere un cuarto mandato y casi 80 socios le reclaman alternancia. Duelo de apellidos ilustres.
Otros tiempos: Marcos Pereda, Nicolás Pino y la interna en la entidad gremial del campo.
A meses de las elecciones en la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino agitó la interna al ratificar que puede competir por otro mandato. El gesto, en plena sintonía política con Javier Milei y en un año clave para el campo, abrió una disputa estatutaria con su vice, Marcos Pereda, y reavivó la pelea por la conducción.
Pino reiteró que está habilitado para presentarse una vez más como candidato en los comicios de septiembre y desató una batalla de cartas firmadas por socios con argumentos contrapuestos sobre si el Estatuto le permite postularse nuevamente al cargo que ejerce desde junio de 2021.
Pereda, número dos de la entidad gremial del campo, sostiene que una nueva postulación vulnera el espíritu de la reforma estatutaria y asegura estar dispuesto a “encabezar un proceso de modernización” en la organización que representa a uno de los actores centrales del agro.
Quienes respaldan a Pino argumentan que el actual período (2024-2026) debe considerarse el primero bajo el nuevo Estatuto reformado en 2023. En cambio, quienes impulsan “renovación y alternancia democrática” afirman que el dirigente intentaría un cuarto mandato consecutivo, algo que —según su lectura— está expresamente prohibido.
“Estamos conversando. Me siento conforme con lo que hizo esta Comisión Directiva y la posibilidad de seguir existe”, afirmó Pino en una entrevista con Cadena 3 de Córdoba.
La declaración disparó un documento que comenzó a circular en grupos de WhatsApp y reunió casi 80 firmas de socios que rechazan su continuidad. Cerca de Pereda aclararon que se trata de “una movida de socios independientes” y no de una acción directa de campaña del vicepresidente.
El texto crítico sostiene que un nuevo mandato implicaría “un retroceso institucional grave”, en contradicción con el Estatuto reformado en 2023 por la actual conducción, que limita a tres los períodos consecutivos al frente de la entidad.
Entre quienes firmaron contra la reelección figuran nombres de peso en la historia reciente del agro. Santiago del Solar, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri; Pablo Torello, ex diputado nacional del PRO; y Enrique Crotto, expresidente de la SRA, se pronunciaron por la alternancia.
También lo hizo Guillermo Pedro Alchouron, hijo de Guillermo Eduardo Alchouron, extitular de la Rural y quien incorporó a Pino a la organización de la muestra anual, punto de partida de su carrera dirigencial.
La lista incluye a Jorge Pereyra Iraola, Nicolás Corti Maderna y Eduardo (Stuart) Navajas, referente del establecimiento correntino Las Marías, líder en producción de yerba mate y con fuerte presencia forestal. En un dato que grafica la división interna, su hermano y socio, Víctor Navajas, firmó el documento de apoyo a Pino.
Otro de los firmantes críticos es Alejandro Delfino, exvicepresidente durante la gestión de Hugo Biolcatti, período atravesado por el conflicto con el kirchnerismo por la resolución 125 y las retenciones móviles. Aquella crisis redefinió el rol político de la SRA y consolidó su peso en la discusión tributaria.
La interna no se limita a cuestiones estatutarias. También expone alineamientos políticos. Juan Balbín, expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante el macrismo, rechazó la continuidad. Lo mismo hizo María Mercedes Lalor Quirno Costa, quien compitió contra la fórmula Pino-Pereda en 2022 y fue la primera mujer en integrar la Comisión Directiva.
En la nómina aparece además Luis Felipe Giraudo, padre de Pilu Giraudo, actual presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) bajo la gestión de Milei.
“Seis años son suficientes. Es una contradicción ética criticar a los políticos que se aferran al poder mientras se replica esa práctica en la entidad”, señala el documento opositor. El texto reivindica la alternancia como valor institucional y reclama renovación de liderazgos en un contexto de cambios económicos profundos.
La respuesta no tardó. Cuarenta y seis integrantes de la Comisión Directiva respaldaron formalmente la continuidad del presidente y defendieron “la plena legalidad” de su eventual candidatura.
El argumento central es un dictamen de la Inspección General de Justicia (IGJ) de junio de 2025 que sostiene que el período 2024-2026 debe considerarse el primero bajo el nuevo Estatuto. Según esa interpretación, la reforma no computa retroactivamente los mandatos previos.
El estudio jurídico Cassagne avaló esa postura al considerar que la modificación estatutaria no puede aplicarse hacia atrás. Bajo ese encuadre, Pino estaría habilitado para competir por un nuevo mandato en 2026-2028.
Entre quienes apoyan la continuidad figuran Ernesto Ayling, Juan Martín Barrantes Mantilla, Raúl Etchebehere y otros miembros de la actual conducción, que destacan el “saneamiento institucional y económico” realizado en los últimos años.
Pino y Pereda asumieron juntos en 2021 y fueron reelectos en fórmula. Sin embargo, la relación se deterioró. En el entorno del presidente deslizan que a Pino le incomoda que su vice haya anticipado públicamente su intención de competir. Del lado de Pereda sostienen que seis años al frente de la entidad son un plazo razonable.
La disputa también se trasladó a redes sociales, en las que reaparecieron cuestionamientos personales. A Pino lo critican por su perfil ganadero y por no ser propietario de grandes extensiones de tierra, sino arrendatario. Sus detractores sugieren que esa condición influye en su agenda sectorial.
En particular, le reprochan su cercanía con Milei —a quien el propio dirigente definió como amigo— y la falta de presión pública para acelerar una baja de retenciones a las exportaciones de granos. Actualmente la soja tributa 24% y los cereales entre 7,5% y 8,5%.
Esta semana, Pino reveló que conversó con el ministro de Economía, Toto Caputo, y con el Presidente, y que no habrá anuncios sobre retenciones en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. El dato fue leído puertas adentro como una señal de alineamiento con la Casa Rosada en un año político sensible.
Pereda, en tanto, informó recientemente que vendió junto a su familia 24.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires —15.000 en Olavarría y 9000 en Hipólito Yrigoyen— además de la hacienda. En el mercado inmobiliario rural estiman que la operación superó los u$s 100 millones.
El vicepresidente conservó la estancia El Potrero, en Gualeguaychú, mientras que su hermano mantuvo un campo en Pehuajó. La venta fue interpretada por algunos socios como una señal de reconfiguración patrimonial en vísperas de una eventual candidatura.
La disputa en la Sociedad Rural trasciende los nombres propios. En un contexto de ajuste fiscal, presión tributaria y debate por el rumbo económico de Milei, la conducción de la principal entidad del campo se convierte en un espacio de poder estratégico. Las elecciones de septiembre no sólo definirán autoridades: también marcarán el tono de la relación entre el agro y la Casa Rosada.