Javier Milei quiere que el Congreso avale una compensación por ajustes de tarifas que las distribuidoras no aplicaron por congelamientos y emergencias.
Toto Caputo y María Tettamanti hicieron aportes para el Presupuesto de Javier Milei
Entremezclada entre los 81 artículos del proyecto de ley de Presupuesto enviado a Congreso, la administración de Javier Milei coló una iniciativa que va camino a generar ruido fuerte en el sector eléctrico: un beneficio millonario para las distribuidoras Edenor y Edesur.
Se trata del artículo 74, que habilita al Poder Ejecutivo a implementar un esquema de compensación por los ingresos específicos que las distribuidoras no pudieron aplicar en los últimos años debido a las emergencias económicas y los congelamientos tarifarios.
En los hechos, se trata de un reconocimiento que podría alcanzar hasta $800.000 millones, que las empresas podrán utilizar para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
De acuerdo con especialistas energéticos consultados por Letra P, los beneficiarios directos de la medida impulsada por el ministro de Economía, Toto Caputo, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, serían Edenor y Edesur.
La primera -controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti- y la segunda -administrada por el grupo italiano Enel- acumulan diferencias a su favor que rondarían entre $300.000 millones y $500.000 millones cada una.
El cálculo surge de las sumas actualizadas vinculadas al valor agregado de distribución (VAD) y a los planes de obras acordados en la revisión tarifaria integral de la gestión de Mauricio Macri, que quedaron paralizados desde 2019. El beneficio también incluye ajustes contractuales no otorgados durante la administración de Alberto Fernández.
El texto del artículo 74 establece que la Secretaría de Energía, “en consulta con las jurisdicciones provinciales y sus entes reguladores, determinará las diferencias de ingresos percibidos por las distribuidoras con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas”.
Una vez definidas esas diferencias, el mecanismo prevé que se utilicen para cancelar las obligaciones de las distribuidoras con Cammesa por la compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), siempre que las empresas desistan de reclamos judiciales o administrativos vinculados a los efectos de las emergencias tarifarias.
El exinterventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, alertó que la medida abre la puerta a una ola de judicialización.
“Busca reconocer supuestas diferencias que las distribuidoras alegan desde la Revisión Quinquenal Tarifaria de 2017. Los aumentos previstos para esos ingresos, que habían quedado establecidos en los contratos, se interrumpieron por la declaración de emergencia y ahora el Gobierno pretende actualizarlos y netearlos con las deudas que las empresas acumularon con Cammesa”, señaló.
"Es incomprensible porque en cada acta de compensación firmada ya había renunciamiento a esas diferencias. Además, el criterio de irretroactividad de las tarifas hace que esto sea altamente judiciable”, agregó.
Por su parte, la exsubsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti, sostuvo ante Letra P que el Gobierno está habilitando un doble alivio para las distribuidoras.
“Tras perdonarles deudas con Cammesa por la falta de aumentos tarifarios, ahora se les otorga un reconocimiento adicional que permitirá que no paguen sus obligaciones, pero sin descontar lo que ya fue condonado”, explicó.
La especialista recordó que cuando las distribuidoras no giraban lo recaudado por la energía, el Tesoro cubría el bache del mercado eléctrico con aportes al Fondo de Estabilización, y que además las compañías recibieron planes de regularización con quita de intereses a cambio de desistir de reclamos.
“El problema del artículo 74 es que no establece auditorías ni compensa lo ya transferido o condonado. Si no se corrige, se convertirá en un doble beneficio para Edenor y Edesur”, concluyó Garibotti.