Más de un año después de anunciar el plan, el gobierno de Javier Milei empezó a destrabar la ampliación de las redes de energía del AMBA. La convocatoria a la audiencia ambiental es el paso previo a una licitación que movilizará inversiones privadas por hasta u$s 1000 millones y que se financiarán con cargos incluidos en las tarifas.
Tras haber acumulado una prolongada demora en la puesta en marcha del plan, la gestión libertaria busca ahora acelerar los trámites con una presentación contrarreloj sobre el impacto ambiental y social de las obras previstas para la región metropolitana.
Con apenas cuatro días hábiles de anticipación, la Secretaría de Energía, que conduce la macrista María Tettamanti, convocó para el próximo miércoles una "instancia pública informativa" sobre el estudio ambiental y las medidas de mitigación del proyecto AMBA I. La exposición se realizará en la localidad bonaerense de Marcos Paz.
Con el informe final que surja de esa convocatoria, la administración mileísta quedará en condiciones de aprobar los pliegos y llamar a licitación en un plazo estimado de 60 días.
Según las reglas de juego aprobadas a fines del año pasado, las obras del AMBA I y de los otros 15 proyectos identificados como "prioritarios y urgentes" se ejecutarán bajo el régimen de concesión de obra pública, con los costos de construcción, operación y mantenimiento a cargo de los usuarios de las regiones beneficiadas por la ampliación de las redes.
Las empresas privadas que se adjudiquen las obras recuperarán la inversión mediante el cobro de un canon por la construcción y una remuneración mensual por la operación de las nuevas instalaciones.
Con este mecanismo, el Gobierno deja de lado el modelo de los planes federales financiados con fondos públicos que se utilizó hasta fines de 2023 para expandir el sistema de transporte eléctrico.
Planificado hace más de 15 años, el proyecto AMBA I comprende un paquete de 11 obras, entre las que sobresalen la construcción de la Estación Transformadora Plomer; la ampliación de las estaciones transformadoras de Luján, Mercedes, Zappalorto e Isidro Casanova; y el tendido de unos 500 kilómetros de líneas de alta tensión de 500, 220 y 132 kV para vincular las nuevas instalaciones con Vivoratá, en la zona de Mar del Plata.
Las obras apuntan a asegurar el abastecimiento en las zonas más pobladas del norte y oeste del Gran Buenos Aires y a reducir el riesgo de fallas en las subestaciones de Ezeiza y General Rodríguez, que operan al límite de su capacidad técnica.
El proyecto tuvo su primer traspié durante la administración de Mauricio Macri. Estaba incluido entre las licitaciones del sistema de Participación Público-Privada (PPP), pero la crisis económica de 2018 frustró su lanzamiento.
El gobierno de Alberto Fernández volvió a impulsarlo y, a principios de 2022, firmó un acuerdo con la empresa China Electric Power Equipment and Technology (CET) para el diseño, provisión y construcción de la obra.
El convenio contemplaba una inversión estratégica de u$s 1100 millones financiada por el Bank of China y el ICBC, pero nunca llegó a concretarse por las internas del área energética que bloquearon la firma de los acuerdos de financiamiento.
Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el proyecto volvió a quedar relegado. En 2024, Transener —entonces controlada por Pampa Energía y la estatal Enarsa— propuso incorporar las obras al plan de inversiones de la Revisión Tarifaria Integral (RTI).
Tras descartar esa alternativa, la Secretaría de Energía diseñó un esquema de financiamiento anticipado mediante un recargo tarifario que implicaba un aumento de entre 1% y 3% en las facturas eléctricas.
Esa opción tampoco prosperó. El ministro de Economía, Toto Caputo, terminó habilitando recién a mediados de 2025 un nuevo esquema basado en concesiones de obra pública.
Además del AMBA I —destinado a reforzar el abastecimiento de la región donde se concentra el 40% del consumo eléctrico nacional—, el Gobierno tiene en carpeta otros dos proyectos estratégicos:
La inversión prevista para las obras del AMBA ronda entre u$s 900 millones y u$s 1000 millones. En las otras dos líneas, el desembolso estimado oscila entre u$s 600 millones y u$s 800 millones.
Para facilitar el financiamiento de estos proyectos —clasificados como de categoría A, con alto riesgo ambiental y social—, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé otorgar un esquema de garantías por hasta u$s 200 millones.
Las empresas adjudicatarias recuperarán la inversión de manera gradual a medida que avance la construcción de las líneas y estaciones transformadoras. El plazo de ejecución del proyecto AMBA I superará los cuatro años y el recupero total de la inversión se estima entre siete y ocho años.
