Mientras el ministro de Economía, Sergio Massa y su par de Transporte, Diego Giuliano, estaban en pleno vuelo hacia China, el Ministerio de Trabajo extendió por diez días la conciliación obligatoria y evitó el paro convocado para este martes por choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que reclaman aumento de salarios; pero el conflicto sigue porque las empresas de colectivos que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dicen no poder afrontar la demanda gremial por la falta de pago y atrasos en los subsidios al sector.
Fuentes empresariales consultadas por Letra P advirtieron que el problema de fondo es que el Gobierno, en línea con el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), viene aplicando un recorte y congelamiento a los fondos de subsidios para servicios públicos; un problema que -aseguraron- se volvió crónico, dado que la inflación hace "inviable" el cálculo actual del monto que reciben las empresas de parte del Estado.
La reunión que derivó en el decreto de extensión de la conciliación hasta el 12 de junio terminó con el enojo de Roberto Fernández, secretario general de la UTA, quien calificó de "irresponsables" a los funcionarios de la cartera laboral que conduce Kelly Olmos por no sumarse a la negociación que se llevó a cabo este lunes por zoom.
"No vamos a resignar nuestros derechos por el transcurso del tiempo, el tiempo pasa generando graves perjuicios a los bolsillos de los trabajadores. La inflación está golpeando fuerte señores, y quienes dependemos de nuestro sueldo, perdemos poder de compra", dijo Fernández durante la reunión, donde estuvo acompañado por el secretario adjunto de la UTA, Aldo Kiener.
En tanto, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina De Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), dijo a Letra P que esta situación "se resuelve poniendo plata; es decir, o se aumentan las tarifas o se incrementan los subsidios, y ninguno de esos dos resortes depende de nosotros".
"Los empresarios exigimos que las autoridades de Transporte asuman su rol y responsabilidad y tomen las decisiones que aseguren la continuidad de los servicios y el sostén de las fuentes laborales", agregó.
Desacuerdo y reclamo
El desacuerdo quedó explícito desde la mañana del lunes, cuando el subsecretario de Transporte Automotor, el riocuartense delasotista Marcos Fariña y el subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte, el tigrense Carlos Vittor recibieron a los empresarios de colectivos y no hubo una solución; resultado que se estimaba predecible, ante la ausencia de Giuliano.
El sistema de transporte en el AMBA funciona con el 85% de aportes del Gobierno en concepto de compensaciones o subsidios y 15% de lo que recaudan las empresas cada vez que los usuarios pasan la SUBE por la máquina instaladas en los colectivos.
Los trabajadores están reclamando un aumento de sueldo que deje el salario básico de abril en $ 262.000 y además piden por única vez, una suma fija no remunerativa de $ 32.000. Para el sueldo de mayo están solicitando $ 284.000 y para junio $ 320.000. También exigen que se les aumente en forma proporcional los “viáticos diarios” a $ 1.626.
En junio, el Gobierno les va a enviar a las empresas 43.000 millones de pesos para que hagan circular los 18.500 colectivos que trasladan a más de 10 millones de usuarios por día. Los empresarios aseguran que ese monto que les paga el Gobierno no alcanza para sostener el funcionamiento del sistema.
Las empresas de transporte aseguran que para pagar ese aumento necesitan $ 6.200 millones adicionales por mes, o de lo contrario, aumentar en 25 pesos el precio de cada viaje, cuando la tarifa mínima del AMBA está actualmente en 47 pesos. También argumentan que si el Gobierno corta todos los subsidios, cada usuario debería pagar 315 pesos por viaje para que los colectivos funcionen.
Asimismo, sostienen que -por la inflación- el Gobierno calcula "a la baja" los subsidios que les tiene que enviar, y eso genera un déficit entre entre lo que reciben y el costo operativo real del sistema.
Las empresas vienen denunciando que prestan el servicio prácticamente sin margen de rentabilidad: “No cubren los costos”, aseguran. Esto es, fundamentan, por la no actualización de la planilla donde el Gobierno establece cuánto gastan las empresas, por ejemplo en combustible, lubricantes, neumáticos, engrase y lavado, reparación y mantenimiento del material rodante, depreciación del material rodante, salario del personal, seguro del vehículo, patentes, tasas municipales, etc. Esos precios son los que determinan el costo operativo y el pago de los subsidios o compensaciones a cada empresa.
