El ministro avanza con el proyecto de reforma que redefinirá el comercio exterior. Disputa con el asesor presidencial por el control de un organismo clave.
Javier Milei y Federico Sturzenegger buscan profundizar la apertur comercial con la reforma de la Aduana
El ministro desregulador Federico Sturzenegger avanza con una reforma profunda de la Aduana que elimina controles y redefine el comercio exterior. El plan, anunciado por Javier Milei en la Asamblea Legislativa, genera resistencias internas y reaviva la disputa con el asesor presidencial Santiago Caputo por el manejo de esta oficina clave.
El proyecto también busca adecuar el Código Aduanero a estándares regulatorios de Estados Unidos, en línea con el acuerdo de comercio e inversión firmado por la Cancillería con la administración de Donald Trump. El Gobierno apunta así a facilitar futuros tratados de libre comercio.
La reforma forma parte de una estrategia más amplia de apertura económica. El aumento de importaciones ya impacta en sectores como textil, calzado, electrónica, línea blanca y metalmecánica, además de autopartistas y automotrices, incluso bajo el paraguas del Mercosur.
Milei defendió el rumbo en la Asamblea Legislativa: “Se habla de apertura indiscriminada y Argentina es el país más cerrado del mundo si se mide la relación entre exportaciones e importaciones y el PBI”. Citó además el ranking del Banco Mundial, que ubica al país en el puesto 178 sobre 179. "Quienes hablan del aluvión de importaciones son los que defienden a los cazadores del zoológico”, planteó el Presidente.
Sturzenegger ya convocó a cámaras empresarias y sectores involucrados. En la comisión participan funcionarios del equipo del ministro Toto Caputo y de la Aduana, aunque con incidencia limitada. “Aplicaremos las normativas que se aprueben”, anticiparon fuentes aduaneras consultadas por Letra P.
En enero pasado, la Unión Industrial Argentina (UIA) le acercó a un documento al ministro de Economía, en el que advierte sobre el ingreso de productos de contrabando -cigarrillos, zapatillas, bebidas y electrónicos- tanto por fronteras como por pasos aduaneros con controles débiles.
Fuentes del Sindicato Único del Personal Aduanero alertaron que la reforma “pone en discusión el futuro de un organismo clave del Estado” y la vincularon con la política de desregulación y reducción del Estado.
"Toca un punto sensible, la seguridad nacional y al contexto geopolítico internacional en un mundo atravesado por conflictos bélicos”, plantearon las voces gremiales.
La Aduana cuenta con unos 5000 agentes. En 2024, cerca de 3000 personas de la plantilla de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -que integra AFIP y Aduana- adhirieron a retiros voluntarios.
El titular de la Aduana, José Andrés Velis, depende del jefe de la ARCA, Andrés Vázquez. Ambos mantienen vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien resiste el avance de la reforma.
El proyecto también abre interrogantes sobre cambios en la conducción del organismo. Velis quedó bajo presión tras el episodio de las valijas que ingresaron sin control en un vuelo vinculado al empresario Leonardo Scatturice.
En ese caso, una funcionaria aduanera recibió la orden -aún no identificada judicialmente- de dejar pasar el equipaje sin control de scanner ni manual.
La empresa de Scatturice, OCP Tech, mantiene dos contratos con la ARCA por $984 millones por la provisión de una solución de enrutamiento Core modular.
El esquema que impulsa el Gobierno profundiza la lógica del DNU 70/23: sin cupos ni prohibiciones al comercio exterior por motivos económicos. Se habilitaron importaciones como neumáticos usados y se eliminó el rol obligatorio de despachantes, reemplazados por la figura del “declarante”.
El nuevo sistema reduce controles previos: el importador declara y la mercadería ingresa. Las verificaciones pasan a ser ex post, en góndola, mediante denuncias de consumidores. El Ejecutivo denomina a este esquema “vigilancia de mercado”.
“La Aduana es un nido de coimas: los inspectores tienen todo tarifado. La semana pasada ingresamos una pieza que entraba en una caja de zapatos; estaba en regla y nos cobraron $100 mil. Un día de ‘playa’ cuesta caro”, relató un profesional con 20 años en la ARCA. Según su visión, “la recaudación se distribuye: alcanza con ver los autos del estacionamiento; es una caja histórica”.
El empresariado coincide en que muchas veces se impone la lógica de “pagar, incluso con todo en regla”, para evitar costos mayores: apertura de contenedores, descarga, servicios en playa y días extra de depósito en puertos o aeropuertos, que encarecen la operatoria.
También señalan que el contrabando en las fronteras del norte combina economías de subsistencia con redes organizadas que aportan logística a los “paseros”.
Sin embargo, advierten que los episodios más graves se registran en grandes puertos y en Ezeiza. Un exportador de alimentos que vende a Países Bajos denunció que, al salir del puerto de Rotterdam, fue interceptado a punta de arma y obligado a abrir el contenedor, del que retiraron mercadería que -según afirmó- desconocía.
El Gobierno acumula cerca de 200 medidas para liberalizar el comercio exterior. Eliminó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), redujo aranceles a múltiples productos, bajó el impuesto PAIS y simplificó controles.
También suprimió el canal rojo de verificación de valores, los “valores criterio” y la participación de veedores sectoriales. Además, habilitó el reconocimiento automático de certificaciones internacionales, reduciendo la intervención de organismos como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).