Patricia Bullrich sufre para dictaminar. Martín Menem no logra frustrar una sesión opositora clave. Gobernadores tienen la llave. Pulseada por el Presupuesto.
Javier Milei en el Congreso.
El discurso por la soberanía de Malvinas que Javier Milei incorporó a su narrativa el jueves llegó en un momento clave para su Gobierno. En las próximas semanas, el Presidente afrontará una serie de desafíos en el Congreso que determinarán, tal vez en forma definitiva, su marco de alianzas para 2027.
En el último tiempo, los socios legislativos que tuvo La Libertad Avanza en estos años se alejaron de los acuerdos y trabaron el Congreso. En el Senado, Patricia Bullrich inició una práctica peligrosa: pasa a la firma de dictámenes sin garantías de reunir la mayoría. La jefa del bloque LLA en la cámara alta no consiguió despachar el súper-RIGI y necesitó 12 horas para dejar lista la reforma a la ley de biocombustibles, donde tuvo que esperar para juntar las adhesiones de su propio bloque.
En Diputados, la situación es más tensa. Martín Menem jugó fuerte para bloquear la sesión pedida por la oposición para el miércoles, con el objetivo de avanzar en proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. El titular de la cámara baja abrió las comisiones y sus diputados garantizaron fecha para dictaminar. Sin embargo, las citaciones de la totalidad de los plenarios anunciados nunca llegaron y la presión no dio resultado. Karina Milei confía en la ayuda de cinco gobernadores, que por ahora no se deciden a frustrar la jornada.
Los diputados de Unión por la Patria que están a cargo de juntar voluntades llegaron al fin de semana seguros de poder ocupar las 129 bancas necesarias para abrir la sesión.
Para el caso de poder abrir el recinto el miércoles, la oposición ya armó una agenda: el debate sobre endeudamiento demandará dos o tres semanas, porque hay 50 proyectos disímiles y no es sencillo acordar una síntesis.
Unión por la Patria tiene 20 iniciativas y no logra consensuar una. Las tribus más moderadas, como federales y massistas, insisten en evitar el riesgo de generar un problema sistémico para resolver una crisis que no afecta a más del 15% de la población.
Los gobernadores más afines a la Casa Rosada sólo mantienen su compromiso de ayudar a emplazar las comisiones. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) e Ignacio Torres (Chubut) se anotan en esa lista. Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) juegan a las escondidas.
El debate por discapacidad es el que garantiza la sesión. De hecho, estos mandatarios voltearon un capítulo entero del Presupuesto 2026 en diciembre para garantizar la vigencia de la emergencia, que Milei proponía derogar.
Eran tiempos que exhibían al Presidente mejor posicionado en las encuestas y aun así lo dejaron sin un fragmento de la ley más importante. La exposición del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, complicó la negociación: no supo detallar la auditoría de pensiones que debió realizar este año. Recién este viernes, el funcionario firmó giros para destrabar expedientes que estaban congelados.
Vilches ni siquiera garantizó la continuidad del sistema de prestaciones básicas que rige hace tres décadas y que un proyecto de ley de Milei enviado al Senado en abril propone eliminar.
Los referentes de La Libertad Avanza prometieron que propondrán una ley alternativa sobre discapacidad, pero esta nunca apareció. Generaron más sospechas entre los aliados. “Si tan fácil es cumplir los compromisos de la norma vigente, deberían prorrogar la emergencia y listo. Por alguna razón, no lo hacen”, fue el comentario más repetido.
Algunos gobernadores no están dispuestos a ceder. Observan un intento del ministro de Salud, Mario Lugones, de transferir ingresos de las arcas provinciales a las empresas de medicina prepaga. Antes de asumir, el funcionario era un empresario del sector.
La iniciativa que envió al Senado delató las intenciones de Lugones. Si no se mantiene el fondo compensador para financiar prestaciones, que se compone de aportes de obras sociales y prepagas, los grandes jugadores de la salud sumarán ingresos y el resto enviará a sus afiliados con discapacidad a las oficinas de asistencia social de cada provincia. No hay negocio para las provincias: perderían dinero y sumarían el costo político de golpear a un sector sensible, que hasta ahora tiene a Milei como único enemigo visible. Los voceros de LLA aseguran que habrá soluciones.
Confían en que el Presidente y el ministro de Economía, Toto Caputo, incorporarán artículos al Presupuesto 2027 para asegurar asistencia a la discapacidad. Hasta que no muestren el texto escrito, ningún aliado les prestará atención. “La situación está contenida respecto al año pasado”, aseguran, mientras esperan una respuesta que no llega.
El Presupuesto se presentará el 15 de septiembre y un día antes, por tercera vez en dos meses, Milei recibirá a su bloque legisaltivo en la Casa Rosada para aportar lineamientos.
No fue casualidad que las fechas prometidas por La Libertad Avanza para dictaminar los temas de la oposición fueron el 16 y el 30. La letra chica de la ley de leyes será lo que determine los acuerdos con los aliados en el resto del año. Diego Santilli firmó compromisos de obras con Jalil y prepara otros similares para los próximos días.
El problema del oficialismo es que, con el repliegue de los gobernadores, no volvió a tener garantías de abrir el recinto, porque en el mejor de los casos puede capturar votos sueltos en bloques que antes acompañaban en su totalidad.
Jalil es un caso. Decidido a correrle el arco al Gobierno, sus legisladores presentaron este sábado un proyecto para “federalizar” el reclamo por Malvinas, con jornadas en todo el país. O sea, ni siquiera el tema que une a todos los bloques se aprobará en el Congreso sin modificaciones.
Unión por la Patria ya anticipó que quiere cambiar el nombre del Consejo de Seguridad que pide Milei. También exigirán garantías de que la base naval de Tierra del Fuego no sea usada por Estados Unidos. El diputado Guillermo Michel fue más a fondo: propuso dar de baja el convenio para evitar la doble imposición con el Reino Unido, que permite reducir impuestos a empresas inglesas que inviertan en Argentina.
El anuncio presidencial de Malvinas fue festejado por todas las tribus del Gobierno, sobre todo porque logró bajar la cotización de las compañías petroleras que preparan la exploración en las islas. Además, por primera vez desde 2023 quedaron claros los roles: Santiago Caputo se abocó a la comunicación y la narrativa penetró en el prime time televisivo, que el asesor maneja a gusto.
Karina Milei y los Menem le reconocen esa virtud al asesor, sobre todo ahora que no necesitan su opinión para definir acciones cotidianas de la gestión y la negociación política.
Bullrich no se inmuta por las rebeliones de los aliados que sufre a diario y va para adelante. Es su mayor virtud: no sabe retroceder. La senadora quiere una sesión el próximo jueves para aprobar la reforma a la ley de biocombustibles, un proyecto suyo que sufrió muchos cambios por presión de las pymes y aun así no alcanzaron para conformarlas.
El dictamen tuvo las firmas justas y muchos aliados aclararon que pedirán aumentar el cupo previsto para las pequeñas compañías, denominadas no integradas, que deberían pelear mercado con las grandes aceiteras. “Es insólito, las empresas más poderosas del país quieren pujar con nosotros y sacar del mercado a las petroleras”, fue la queja de las pymes que llegó a todos los senadores. Casualidad o no, los patagónicos no firmaron y así el número para el recinto es complicado para el Gobierno.
Bullrich también se tiene fe de aprobar el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, un tema de mucho interés para el Círculo Rojo, que deberá litigar en tribunales porteños causas sensibles. Los gremios judiciales se oponen.
La próxima reunión de jefes de bloque del Senado tendrá un dato interesante: se sabrá si Bullrich pide incluir en una eventual sesión los tres pliegos judiciales que escondió durante meses y recién tuvieron las firmas la semana pasada.
Son los de Juan Manuel Mejuto, Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos para la cámara pena económica; y el de Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal. Bullrich acusa a los dos primeros de ser cercanos a la AFA; y a Mejuto de un supuesto pasado kirchnerista. Desde su prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner pidió esta semana aprobar casi todos los pliegos.
Por lo tanto, si estos expedientes no llegan al recinto, la jefa del oficialismo será la responsable. No sería sorpresa: la ley Hojarasca, ya dictaminada, sigue congelada. No la pide Bullrich ni la oposición.
El tratamiento de la reforma política se retomará el 15 de septiembre. Será un debate por capítulo y el Gobierno intentará suspender las PASO. Bullrich también quiere discutir los otros temas (financiamiento de campañas y caducidad de los partidos). Es un debate abierto. Lejos de cerrarse.
