La senadora presentó un dictamen con la reducción del cupo para las empresas no integradas. Sube la mezcla a 10% para biodiésel y 15% para etanol.
Patricia Bullrich durante el plenario sobre biocombustibles.
Patricia Bullrich lo hizo otra vez: al igual que con el súper-RIGI, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó un dictamen de su proyecto para reformar la ley de biocombustibles. La exministra consiguió las firmas justas y tuvo que esperar a la noche para tener la del libertario Agustín Coto.
Aun así, Bullrich a no puede garantizar la aprobación del texto en el recinto. El conflicto surge por la participación de las pymes, denominadas empresas "no integradas" que venden biodiesel y para eso compran la materia prima a las grandes aceiteras. La ley vigente les asigna la totalidad del mercado interno, que es el 7,5%. El dictamen eleva ese corte al 10% en 2028, pero reduce la participación de los jugadores chicos. De esta manera, las grandes aceiteras tendrían una nueva fuente de ingresos.
El dictamen reduce el cupo de las no integradas a 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3,5% hasta 2036. El beneficio se extiende cinco años más (la ley vigente culmina en 2031), una concesión de último momento de Bullrich para sumar aliados. "Podrán competir por el 7% del mercado restante", minimizó el cambio la senadora Flavia Royón, quien representa al Gobierno de Salta y preside la comisión de Minería, Energía y Combustibles, que encabezó el plenario, en el que se pasó a la firma el proyecto. También intervino Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Agustín Monteverde.
El capítulo de bioetanol tiene los votos para avanzar. Amplía el cupo a 12% y a 15% el año próximo, dividido en partes iguales para maíz y caña de azúcar. El aumento equipara la capacidad de producción del sector, que avaló los cambios. Por eso también aceptaron que se cambie el precio máximo, que no deberá superar el valor de la importación.
El dictamen tiene otras modificaciones. Impide que una empresa pueda tener más del 20% del mercado. En las integradas, este porcentaje es de 10%. "Estamos tratando de que sigan oferentes similares a los de ahora. Con una demanda similar, pueden seguir produciendo", sostuvo el diputado Pablo Cervi, de LLA, uno de los artífices del texto final.
Las pymes salieron al cruce y lograron ser escuchadas. "Las concesiones que se hicieron para conseguir la firma de los aliados no cambian el fondo del problema, las plantas regionales van a quebrar de todos modos, porque se achica la participación en el mercado, que baja de 7,5 a 3% y no hay criterios de regionalidad para segmentar", sostuvo en un comunicado la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles” (CEPREB).
Por este reclamo, al cierre de esta nota Bullrich contaba con 14 firmas, lo justo para dictaminar. Se esperaba sumar al fueguino Coto, quien firmó a la noche, luego de garantizar una mención especial de IRAM para definir zonas patagónicas.
Entre los firmantes hubo mensajes para una eventual sesión. Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas) firmaron en disidencia en defensa de las empresas integradas, que suman 250 y se encuentran en su mayoría en Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa.
Por esa razón, el radical santafesino Eduardo Galaretto no suscribió al igual que su correligionaria chaqueña Silvana Schneider. Tampoco los patagónicos Andrea Cristina (Chubut), Julieta Corroza (Neuquén) y José Carambia (Santa Cruz). En el Senado no hay plazos para despachar y Bullrich buscará aliados hasta último momento.
Aun si hay dictamen, el proyecto no tiene los votos para el recinto para aprobar la baja de la participación de las pymes. "Si no logramos sumar los votos, aprobaremos sólo el capítulo de bioetanol", admitieron a Letra P fuentes del bloque LLA. Durante el plenario, Unión por la Patria (UP), que presentó un despacho de minoría, planteó alternativas.
"Vamos a votar si hay acuerdo para levantar el corte", anunció Fernando Salino. De esta manera, el peronismo podría apoyar esta modificación en una eventual votación en particular, en caso de que esta iniciativa llegue al recinto.
Cervi anticipó una propuesta para ese debate. "El problema de las integradas es fiscal. Las empresas grandes pagan una sola vez los impuestos provinciales, como ingresos brutos. Las chicas varias veces. Los gobiernos provinciales son los que tienen que permitir que sean competitivas", señaló el neuquino.
