Se cortó la lista de oradores cuando el diputado calificó de "tontita" a una libertaria. Se había careado con un oficialista. Críticas a la letra chica.
El Gobierno tuvo un accidentado debate por la ley de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. La Libertad Avanza levantó el plenario de comisiones en Diputados, luego de un fuerte cruce de Juan Grabois (Unión por la Patria) con la tropa oficialista. El oficialismo espera dos reuniones e intentará llevar el tema al recinto el 21 de octubre.
Los libertarios Carlos Zapata y Laura Rodríguez Machado decidieron suspender la lista de oradores luego de que Grabois le dijera "tontita" a una diputada libertaria y "facho de mierda" al salteño, quien le apagó el micrófono para que concluyera su exposición. "Pedí perdón", le gritaron Lorena Petrovic y Andrea 'La Nena' Vera, de LLA.
El diputado peronista quiso seguir el debate aún después de que Zapata anunciara que se había levantado el plenario. "No te vayas Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio", ironizó. Pero cuando la peronista Agustina Propato quiso tomar la presidencia, no tenía sistema de audio y la sala estaba vacía.
La tensión había escalado al inicio del debate y con los mismos protagonistas de UP. Propato se paseó por la sala con una bandera de Malvinas y logró la reacción libertaria. Grabois casi se toma a golpes de puño con el libertario Gerardo Huesen: se pusieron cara a cara y el tucumano ofreció su mejilla al grito de "Pegá, cagón". El líder social había reaccionado por los gritos del santacruceño Jairo Guzmán, quien no se movió de su silla cuando lo tuvo enfrente. "Cerrá el ojete", le pidió el bonaerense.
Los incidentes al inicio del plenario ocasionaron unos minutos de descontrol. Se apagaron los micrófonos y el personal de seguridad tuvo que intervenir para desarmar los tumultos. "Así no podemos seguir", se rindió Zapata, pero finalmente aceptó seguir con el debate, ante un pedido de Germán Martínez, quien exigió a Guzmán abandonar sus provocaciones.
Este diputado ya está en la mira de su propio bloque. Martín Menem le exigió no insultar en el recinto al gobernador de su provincia, Claudio Vidal, con quien busca un acuerdo electoral. "Hay un fuerte enojo con él", reconocieron en la bancada oficialista.
En este clima, el debate por el contenido de la ley fue accidentado y ningún aliado mostró apoyo. Las bancadas aliadas no hablaron y Unión por la Patria criticó la mayoría de los capítulos. No hay discusiones sobre la ampliación del alcance de las sanciones a cualquier actividad hidrocarburífera, de infraestructura o extractiva no autorizada en las zonas en disputa.
Tampoco por el aumento de penas por extracción ilegal, que suben de 5 a 20 años, con inhabilitaciones y multas de hasta 500 mil barriles. El resto del proyecto no tiene respaldo. El peronismo cuestiona la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, creado con Inteligencia, Defensas y Economía, al que se le asigna la protección de "infraestructura crítica".
En la oposición creen que puede tratarse de una trampa para desplegar de militares por el país. Además, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) pidió retirar el capítulo que estipula sanciones por supuestas campañas coordinadas destinadas a interferir en elecciones con financiamiento externo.
El Gobierno envió a tres funcionarios a exponer. Paula Tadei, en representación de la secretaria Legal y Técnica, cercana a Santiago Caputo. Explicó que el proyecto busca cumplir la disposición transitoria primaria de la Constitución que establece que la recuperación de las Islas Malvinas, "constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", destacó. Tadei tuvo que responder a una consulta recurrente de la oposición, sobre la ausencia de la palabra Reino Unido y Gran Bretaña. "No se nombra porque todos los títulos están orientados a la soberanía", respondió.
Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, explicó que la propuesta busca actualizar el marco legal. “La ley 26.659 estaba destinada específicamente a prohibir actividades relacionadas con los hidrocarburos. Con esta propuesta, cuestiones como la pesca o la minería no autorizada por el gobierno argentino quedarán dentro del ámbito de aplicación de la ley".
El general Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, defendió la iniciativa: “Es una oportunidad para hacer una actualización de la ley de Defensa y de tener una visión hacia los próximos 40 años de nuestro país vinculado con el rol de las Fuerzas Armadas”.
Los oradores de los bloques opositores despotricaron esta propuesta. "Afrenta al Congreso", gritó Agustín Rossi. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que la iniciativa "le quita al parlamento la intervención de autorizaciones militares para las fuerzas armadas argentinas y se pretende otorgar sólo al Poder Ejecutivo".
En el mismo sentido se expresó Eduardo Falcone (MID). "Hay un protocolo militar que prevé acciones de defensa que llegan hasta el derribo de un avión o hundimiento de un buque hostil decidido por el presidente o el ministro de Defensa". Eduardo Valés, de UP, recordó que unas horas antes de lanzar el proyecto Milei estuvo en Chile alabando a Pinochet, que no rima con Malvinas", ironizó.
