Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas piden cambios a la legislación. Fondos a fuerzas armadas y límites a Trump, otros temas en debate.
Guillermo Michel (Unión por la Patria), referente de la oposición.
La agenda de Javier Milei sobre las Islas Malvinas movilizó a la oposición dura, que respondió durante el fin de semana con una serie de contrapropuestas, como revisar los convenios impositivos, excluir beneficiarios al RIGI, evitar la incidencia de Estados Unidos y mejorar el presupuesto de las fuerzas armadas.
Estas alternativas podrían trabar la discusión legislativa, con textos finales que tal vez no sean del agrado del Presidente. En La Libertad Avanza (LLA) esperan que el miércoles ingrese en Diputados el proyecto prometido por Milei, que modifica la ley 26.659, para elevar las penas y multas contra compañías que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. Además, se podría aplicar el juicio en ausencia a los empresarios que pisen el archipiélago.
El anuncio tuvo un rápido efecto. Cayeron las acciones de las empresas que operan en las islas. Rockhopper Exploration (Reino Unido) tuvo una caída del 10% en la Bolsa de Londres y Navitas Petroleum (Israel) tuvo un retroceso de entre 2% y 4,5% en Tel Aviv. En el oficialismo celebraron esa baja y consideran que el tema puede eclipsar las posibles derrotas legislativas de las próximas semanas, con temas como endeudamiento y discapacidad.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sorprendió este fin de semana con un dato: el gobierno premió con los beneficiarios fiscales, cambiarios y aduaneros del Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) a una firma con socios que operaron en el archipiélago.
La compañía mencionada por Ferraro es Southern Energy, cuyo 15% del capital accionario corresponde a Harbour Energy, que vendió sus activos en las islas en 2022. El diputado recordó que la ley 26.659 prohíbe al Estado contratar con esas empresas, sus controladas o sus accionistas.
"El problema es que Harbour arrastra una inhabilitación firme y vigente hasta 2028 y hoy es accionista de un proyecto beneficiado por el propio Estado a través del RIGI", denunció el diputado. Por lo tanto, si el debate llega al Congreso, el futuro de esa inversión corre riesgo.
El diputado entrerriano Guillermo Michel, de Unión por la Patria (UP), investigó la legislación y encontró un beneficio para las compañías británicas que pide derogar. Desde 1996, como parte de la política de seducción de Carlos Menem, está vigente la ley 24.727, por la cual se ratificó el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital.
Esta clase de tratados bilaterales permite a las empresas con presencia en los dos países tributar en uno de los dos países. "Se les otorga beneficios a las empresas inglesas que obtienen rentas en el país estableciendo un tope para las retenciones por el pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías. Tiene un costo fiscal, en promedio, de USD 50 millones por año para el fisco argentino", calculó Michel.
El diputado propuso en un proyecto de ley instruir al Poder Ejecutivo a denunciar el convenio, el trámite que inicia el Ministerio de Relaciones Exteriores para romper el tratado. "El artículo 31 establece que cualquiera de los Estados contratantes puede denunciar por canales diplomáticos", señaló el diputado.
Su compañero de bloque, Juan Marino, cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió jugar a fondo para evitar la exploración en Malvinas. Propuso hacer un piquete portuario y diplomático contra las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Planteó la posibilidad de coordinar con América Latina el cierre de puertos y servicios logísticos. Si el continente actúa unido, podemos poner en crisis la explotación”, se alarmó.
Marino advirtió sobre la influencia de Donald Trump, una postura que compartió con el bloque de izquierda. “Hay que exigirle hechos: apoyo efectivo a la soberanía argentina y ruptura con el respaldo británico, no subordinarse a su estrategia regional”, dijo sobre el presidente estadounidense.
Marino también cuestionó la creación del Consejo de Seguridad Nacional anunciada por Milei: “No aceptamos que Malvinas sea el caballo de Troya para desplazar al Congreso y avanzar en una doctrina de seguridad nacional subordinada a Marco Rubio”. Otras figuras del bloque, como Agustín Rossi, anticiparon que pedirán cambiarle el nombre a ese organismo.
El excanciller Jorge Taiana recordó que, en 2022, cuando era ministro de Defensa, inauguró "las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que durante tres años Milei paralizó y hoy, ante el creciente interés de la Causa Malvinas, el Gobierno vuelve a reactivar. No es estrategia geopolítica, es oportunismo electoral", se molestó.
En Provincias Unidas (PU) surgió otro reclamo. Pablo Juliano pidió evitar el desmantelamiento de la Armada, víctima del ajuste de la gestión. Exigió dar marcha atrás con la venta de los predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio; y restituir el financiamiento específico del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), que el Presupuesto 2026 eliminó.
"Y le pedimos que deje de desfinanciar nuestra presencia científica y logística en la Antártida. Garantice el abastecimiento y las obras de nuestras bases", cerró Juliano. Los debates llegarán pronto. Es la idea del Gobierno.
