El Presidente quiere cerrar el Estado si no consigue que le aprueben el presupuesto. Dudas por el alcance constitucional del proyecto. Aliados apoyan el debate.
Javier Milei con Toto Caputo, en el Congreso, donde el 15 de septiembre presentarán el presupuesto de Argentina.
NA
Luego de la remontada épica de la selección de fútbol contra Egipto, Javier Milei usó sus cuentas en redes sociales para confirmar que en el segundo semestre el Congreso debatirá un proyecto que permita cerrar las oficinas públicas de Argentina si no hay presupuesto nacional sancionado.
La iniciativa iría acompañada por otra para cambiar la Carta Orgánica del Banco Central y reducir sus funciones a sostener el valor de la moneda. Milei pide prisión para los directivos que alteren esa ecuación.
En la oposición no se tomaron en serio las amenazas del Presidente y, en su mayoría, creen que no será fácil encontrar un texto que reúna todas estas pretensiones. Aunque los más dialoguistas reconocen que es bueno debatir un cambio del sistema actual, que permite gobernar sin ley de leyes aprobada. Una curiosidad es que hay una propuesta de ley presentada por el diputado Juan Brügge, de la Democracia Cristiana.
El principal impedimento es que la Constitución Nacional exige garantías que cumplir. Además, algunos aliados que prefieren no dar la cara advierten que la restricción presupuestaria ya existe.
“El shutdown ya existe. Cuando se llega al límite, no se puede gastar. Pero eso se sortea con un DNU. El presupuesto es una autorización al gasto”, sostuvo uno de los diputados cercanos al Gobierno. “Se puede sobre ejecutar pero no sobre ejecutar. Cristina Fernández de Kirchner gastaba hasta un 50% por encima de lo pautado. Si quiere, Milei no gasta más. Pero es imposible pedir por ley que no sean posible dictar decretos”, amplió.
En el Gobierno explican que la idea es cambiar el artículo 27 de la ley de administración financiera, que habilita a un Presidente a prorrogar el presupuesto anterior. El debate no es casual que comience en agosto: el 15 de septiembre Milei presentará el cálculo de ingresos y gastos para 2027.
El sistema vigente genera una trampa recurrente de los Gobiernos, que consiste en aprovechar desacuerdos del Congreso para administrar el país con una pauta de ingresos subestimada y luego ampliar partidas a gusto.
En principio, los aliados apoyan este debate, aunque las dudas surgen sobre las medidas. “Cómo está ahora, el sistema no sirve, porque se da una mayor recaudación y se administra vía Jefatura de Gabinete. Lo ideal es que los gastos los defina el Poder Legislativo y el Ejecutivo ejecute. Veremos qué proyecto envían”, sostuvo Lisandro Nieri, el diputado radical que es protagonista de la Comisión de Presupuesto.
El mayor dilema entre los legisladores es cómo se implementaría en el país un cierre como se implementó hace una década en el país que ahora gobierna Donald Trump, donde no quedó una oficina abierta, los empleados se fueron a sus casas y dejaron de cobrar. “Es una idea ridícula, que Estados Unidos quiere eliminar porque no sirvió. No alcanza para evitar el déficit y encima, cuando se dispara el shutdown, genera costos, porque después hay que reabrir lo que cerraste”, sostuvo ante Letra P el diputado Itaí Hagman, de Unión por la Patria.
La principal restricción al shutdown es la Constitución, que tiene obligaciones que cumplir. Por caso, el abogado Andrés Gil Domínguez, experto en la carta magna, explicó límites claros. Por caso, en su cuenta de Twitter enumeró las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, que tienen jerarquía constitucional y convencional. Muchas, explicó, son sobre grupos estructuralmente vulnerables en sus derechos. “Hay que entender que nuestro sistema es distinto al americano”, reclamó el jurista.
El diputado Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, advirtió que una medida así dejaría a Argentina sin seguridad, salud y educación y un Presidente pagaría el costo. “Son ideas disparatadas copiando a Estados Unidos, donde funciona un federalismo en serio”, se molestó.
La diputada libertaria Lilia Lemoine compartió una respuesta al rionegrino del usuario Federico Domínguez, en la que aclara que en el país del norte los servicios oficiales siguen funcionando con el shutdown, pero sólo cierran las oficinas.
El diputado Brügge, de la Democracia Cristiana, presentó el año pasado un proyecto para reducir el alcance de la reconducción del presupuesto, que se produce cuando no hay uno aprobado.
A su entender, sería el shutdown argentino, porque las restricciones constitucionales impiden ir más lejos. Por caso, establece que, ante un segundo año consecutivo sin ley de leyes aprobada, el Estado debería reducirse a las materias de seguridad, defensa, salud y educación, “no estando el Poder Ejecutivo Nacional autorizado a realizar ningún otro gasto diferente”, señala.
Además, durante la ejecución de la prórroga –que sólo podría ocurrir durante un año- habría límites para dibujar los balances. Por caso, para el rubro recursos se deberían suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito y de excedentes de ejercicios anteriores “en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización”.
En el gasto también habría límites. Se incluirían “los créditos presupuestarios indispensables” para pagar deuda y “asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios”. También se eliminarían los gastos con fines que ya hayan sido cumplidos.
Brügge explica en los fundamentos que la Constitución establece que el congreso fija anualmente el Presupuesto y no aclara que el Ejecutivo puede ejecutar uno anterior, como luego dispuso la ley de administración financiera. “El proyecto tiende a dar previsibilidad a las cuentas públicas nacionales, evitando desviaciones o su utilización sin el debido contralor previo, en lo que hace a la oportunidad y conveniencia con la aprobación legislativa, y el control posterior en lo que respecta a la legalidad y transparencia del gasto”, señaló el diputado.