Lo definió con los jefes de bloques dialoguistas. El 16 se aprobará el proyecto de Sturzenegger y pliegos judiciales. El 6 de agosto, la iniciativa de Losada.
Patricia Bullrich retoma la agenda con doble sesión para tratar propiedad privada y falsas denuncias.
Patricia Bullrich logró volver a timonear el Senado, luego del relanzamiento de la gestión que empoderó a los negociadores de la Casa Rosada, como el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En una reunión con los jefes de la oposición dialoguista, la titular del bloque oficialista acordó sesionar dos veces: el 16 de julio y el 6 de agosto.
Como explicó Letra P, la exministra de Seguridad había intentado sin éxito abrir el recinto esta semana, pero chocó con las ausencias de los aliados. “No hay que perder el ímpetu”, fue la frase que usó para pedir que nadie anticipe sus vacaciones.
La agenda se definió en una reunión de labor parlamentaria, con la presencia de los jefes de bloque. El tema central de la primera sesión será el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una propuesta de Federico Sturzenegger, que flexibiliza la venta de tierras e extranjeros.
La jornada se completará con otra tanda de pliegos judiciales, que le permitirán a Javier Milei haber cubierto 100 vacantes en los Tribunales Federales. Uno es el de Víctor Pesino, el juez laboral que cumple 75 años el 27 de julio, fecha límite para seguir el cargo. El Gobierno propone que siga cinco más.
Se aprobará una iniciativa para que Tucumán sea capital simbólica del país, por la declaración de la independencia. Después del receso invernal, el debate más picante será por la propuesta para aumentar penas por falsas denuncias, presentada por la radical Carolina Losada.
El 6 de agosto habrá otra sesión para sancionar “La ley hojarasca”, aprobada en Diputados, una iniciativa de Sturzenegger para eliminar legislación obsoleta. Si hay consenso, se tratarán además los cambios a la ley de salud mental.
La reunión de labor parlamentaria se llevó a cabo en la oficina de Victoria Villarruel, donde Bullrich llegó con un acuerdo cerrado con el resto de las bancadas. Estuvieron Eduardo Vishi (UCR), Martín Goerling Lara (PRO) y partidos provinciales. El peronismo estuvo representado por Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Fernando Salino (San Luis).
La jefa de La Libertad Avanza (LLA) llegó con un acuerdo cerrado con los dialoguistas y lo ejecutó. Quedaron si fecha para tratarse otros proyectos del Gobierno que no tienen consenso.
Uno es la reforma política, como explicó Letra P, sigue paralizada por la falta de acuerdo entre el Gobierno y los aliados. La UCR y el PRO no aceptan eliminar las PASO. Los partidos provinciales proponen la suspensión, pero tampoco logran acercar posiciones.
Santilli aceleró la negociación para que cada candidato presidencial pueda tener hasta dos listas legislativas de otras fuerzas adheridas, pero por ahora no hay consenso. “Ninguna postura tiene posiciones mayoritarias. No nos queda otra que seguir negociando”, sostuvo una fuente oficialista ante Letra P.
Otro proyecto pendiente es el Súper-RIGI, que curiosamente aún no fue remitido a la cámara alta, aunque fue aprobado en Diputados el 24 de junio. Martín Menem aún no lo remitió.
Bullrich deberá negociar para no tener sobresaltos en la sesión. Los cambios al régimen de inviolabilidad de la propiedad privada tienen un consenso acotado, porque un sector de la UCR cuestiona dos capítulos: el que habilita la venta de tierras a extranjeros -hoy acotada- y el que cambia la norma de manejo del fuego, que impide cambiar el uso de zonas incendiadas.
Sin respaldo del peronismo, la senadora debe acotar la lista de rechazos, para poder enviar el texto completo a Diputados.
La propuesta del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es un compendio de medidas para facilitar desalojos y restringir las expropiaciones. La negociación no fue fácil: el dictamen tuvo 13 correcciones posteriores.
Otro riesgo es la ausencia de algunos aliados que no confirmaban su presencia en el recinto.a citación formal los obligará a estar o pagar el costo por la ausencia.
Cuando se abra el recinto en agosto, la gran polémica será el proyecto para aumentar las penas por falsas denuncias, que actualmente son mínimas y excarcelables. Según explicó Losada, la iniciativa apunta a evitar las acusaciones ficticias por violencia de género.
Es por eso que se establecen penas de uno a cuatro años para quienes denuncien falsamente un delito ante la autoridad. Si la acusación es por delitos graves (como abuso sexual o violencia de género), la sanción podría elevarse. Y sube de tres a ocho años por falso testimonio.
Unión por la Patria manifestó el rechazo y respaldó a las organizaciones de la sociedad civil que advierten sobre el peligro de desalentar las denuncias sobre casos verídicos. Losada logró dictaminar la iniciativa y confía en llegar a la mayoría con el voto de su bloque, el PRO -que pidió tratarla en un comunicado-, el oficialismo y partidos provinciales.