La comisión de Salud avanzó con un debate. El oficialismo busca acordar con el PJ. Más responsabilidad para la ANMAT, que tiene dos exfuncionarias procesadas.
Silvana Giudici, de La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza (LLA) negocia con el peronismo en la Cámara de Diputados un proyecto para crear un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, una de las recomendaciones de la comisión investigadora por las muertes que hubo el año pasado debido al consumo de medicamentos con fentanilo contaminado. El caso involucra al ministro de Salud, Mario Lugones.
El funcionario quedó implicado en las causas judiciales que investigan los fallecimientos por consumo de este fármaco, que es usado también para producir droga sintética. La Justicia Federal de La Plata procesó a dos exfuncionarias. Se trata de Nélida Agustina Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Fueron embargadas y se les prohibió salir del país.
Lugones no quiso participar. Lejos de esconder el tema debajo de la alfombra, el oficialismo se puso al frente del debate en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside Manuel Quintar. La exPRO Silvana Giudici presentó una de las cuatro iniciativas. Hubo un compromiso para buscar un consenso y dictaminar el martes 23 de septiembre, si es posible por unanimidad.
Lugones no fue defendido por ningún oficialista y en la oposición pidió su renuncia. "En Argentina han pasado tragedias importantes y hubo consecuencias políticas, como la destitución de un jefe de Gobierno. Los informes deberían haber permitido la renuncia del ministerio de Salud", sostuvo Pablo Juliano (Provincias Unidas), el autor de otros de los proyectos.
El legislador radical destacó que el tráfico de drogas sintéticas producidas con fentanilo es un tema de relevancia internacional y hasta formó parte de bilaterales entre los presidentes de Estados Unidos y China.
Giudici evitó atacar al funcionario y defendió su iniciativa, que tiene dos cambios claves. El primero es obligar a las instituciones de salud a notificar de manera inmediata a la ANMAT y a la autoridad sanitaria de cada jurisdicción de "todo evento adverso por uso de medicamentos de alto riesgo y la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios que puedan comprometer la salud pública, por administración de medicamentos incluidos en el listado de 'Medicamentos de Alto Riesgo'”.
La iniciativa se completa con la creación del Sistema Nacional y Trazabilidad de Eventos, que integrará "los datos de trazabilidad clínica y farmacológica referidos a la administración de medicamentos de alto riesgo". Necesitamos una trazabilidad efectiva de lo que se inyecta a nuestros pacientes en cada terapia intensiva. Para que tenga la firma de un profesional y el lote al que corresponde la ampolla al momento en que se lo administra", sostuvo Giudici.
Juliano propuso cupos de importación de opioides inyectables. "Era todo un aguantadero. El importador no tenía ni bromatología". Otros proyectos fueron los de la exlibertaria Marcela Pagano y el de Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria.
"No alcanza con la milla final: tenemos que ver a quién se colocó la dosis", sostuvo la diputada y recordó que el consumo de fentanilo contaminado les costó la vida a 90 personas y hubo 44 víctimas no fatales.
Su iniciativa no es muy diferente al de Giudici. Crea un sistema de trazabilidad, aunque lo digitaliza y establece que la prescripción de cualquier Medicamento de Alto Riesgo se realizará con receta. Además, se habilita al Ministerio de Salud a disponer el bloqueo preventivo de lotes.
Fragmentos de este proyecto serían tomados en cuenta para el despacho final. El texto se definirá en una reunión de asesores el próximo martes. "Argentina debe tener una ley de trazabilidad de medicamentos. Un dictamen que reconstruya las falencias que tiene el propio sistema”, agregó Tolosa Paz.
