X

El crimen de Flores volvió a desnudar la interna Bullrich - Ocampo

Al ministro porteño lo dejaron solo y llamó a un Comité de Crisis. La Nación se desentendió por “motivos jurisdiccionales”. La decisión de Larreta de no exponerse. La disputa por retiro de federales.
Al ministro porteño lo dejaron solo y llamó a un Comité de Crisis. La Nación se desentendió por “motivos jurisdiccionales”. La decisión de Larreta de no exponerse. La disputa por retiro de federales.
Por 27/12/2016 05:24 PM

Ni bien el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta avanzaron con el traspaso de parte de la Policía Federal, comenzaron las rispideces entre sus ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y Martín Ocampo. Las internas volvieron a quedar al descubierto este lunes, luego de que se confirmara la muerte de Brian Aguinaco, el chico de 14 años baleado por motochorros en la tarde de nochebuena, y tras la marcha y los incidentes en la Comisaría Nº38, encargada de velar por la seguridad de los vecinos del barrio de Flores. Mientras los vecinos reclamaban voces oficiales para explicar la situación de inseguridad del barrio, la decisión del Gobierno porteño fue preservar la figura del alcalde y que únicamente hable y lleve las riendas del tema el titular de la cartera de Justicia y Seguridad.

La difícil y compleja relación con la cúpula policial y las diferencias de “tiempos” entre ambos funcionarios del PRO lograron que la discusión por el traspaso se atascara en un pantano durante todo el año 2016, a pesar del convenio firmado entre la Nación y la Ciudad y de la ratificación por parte de la Legislatura porteña. La pelea por los recursos para efectivizar el traspaso de las 54 comisarías y cerca de 20 mil policías desencadenó un año de constantes internas entre Ocampo y Bullrich, con repliques del propio alcalde, que enfureció cuando la ex ministra de Trabajo de la Alianza comunicó la aprobación del protocolo anti piquetes, que la Capital jamás aplicó y que días atrás le generó dolores de cabeza y reclamos a Rodríguez Larreta.

El ministro porteño debió afrontar la crisis desatada este lunes en soledad y sin apoyo de la Nación, que esquivó el conflicto y adelantó que no intervendría por “motivos jurisdiccionales”. “Desde enero que las comisarías son responsabilidad de Ocampo y el Gobierno de la Ciudad”, advierten fuentes de la cartera que conduce Bullrich consultadas por Letra P.

Durante 2016, uno de los puntos que atizó esta disputa entre ministerios fue la confirmación de la culminación “progresiva” del Operativo Cinturón Sur hacia fines de año. El esquema de seguridad se inició en 2011 durante la gestión de la ex ministra Nilda Garré y se basa en el despliegue de efectivos de Gendarmería y Prefectura en las comunas del sur del distrito, donde se registran los mayores niveles de delito y donde se ubica la Comuna 7, epicentro del reclamo vecinal de este lunes, al cual el PRO se apuró en catalogar como una embestida propiciada por motivos políticos y en la que hubo vecinos decididos a reclamar seguridad y otras personas que fueron a protagonizar desmanes. Cauto, este martes por la mañana, Ocampo se encargó de aclarar que “una minoría usó este reclamo genuino para destrozar la comisaría”.

El balance de su rol ante la crisis cambió para mejor por la determinación que exhibió ante los familiares de Brian este martes por la mañana en las oficinas del ministerio, pero en la Jefatura de Gobierno esperaban que el mismo lunes brindara alguna explicación política al hecho. En rigor, lo hizo por televisión, una vez entrada la tarde, pero la explicación no alcanzó y los vecinos reclamaron que se presentara en la marcha, cosa que no hizo. “¿Para qué se iba a exponer? Lo iban a linchar”, justifican fuentes de Uspallata 3160.

SILENCIO Y AUSENCIA. También, los vecinos, tras denunciar una “zona liberada” por la Federal, pidieron la presencia o la palabra de Larreta. Sus asesores le recomendaron evitar expresiones públicas sobre el tema, como sucedió con la tragedia en la fiesta electrónica Time Warp. Lo mismo hará su vicejefe, Diego César Santilli. “Es tema del Ministerio de Justicia y Seguridad. Lo están resolviendo correctamente”, explicaron fuentes cercanas al mandamás porteño.

Ante este marco, la “gestión de cercanía” quedará reservada para el funcionario que responde a DanielEl TanoAngelici, que ya mostró las primeras cartas: en un gesto político, avaló la propuesta de un grupo de comuneros de la oposición para formar un Comité de Crisis. Se trata de un cuerpo que actuará dentro del marco de la Junta Comunal Nº7 (Flores – Parque Chacabuco) y en la que intervendrán funcionarios de los ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Humano y Hábitat, Ambiente y Espacio Público, Salud y Tránsito. “La intención es ver los distintos programas que tiene la Ciudad para coordinarlos entre todos. De programas y de trabajo que ya se está realizando”, explicó el titular de la comuna, el macrista Guillermo Peña.

Se buscará un abordaje más profundo de la situación de la conflictiva Comuna 7. No es la única: los mismos comuneros que impulsaron esta iniciativa y la votaron en la reunión extraordinaria del lunes 26, le adelantaron al ministro que en el mismo estado de inseguridad se encuentran las otras comunas del sur: la 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo), la 4 (Pompeya, La Boca, Barracas y Parque Patricios) y la 9 (Mataderos-Parque Avellaneda). No es una situación que Ocampo desconozca: el desalojo parcial y paulatino de las fuerzas federales (se calcula que hasta el momento un 66% de los efectivos han vuelto a custodiar las fronteras) en esa zona complicó su gestión. Parte del reclamo vecinal reside en la desaparición de estas fuerzas de seguridad de las villas de emergencia y las inmediaciones a las estaciones de ferrocarril, donde se repiten los delitos de hurto, robo y homicidios. No es casual que las estadísticas anuncian desde hace tiempo que Flores es el barrio con la tasa más alta de asesinatos.

Este martes, Ocampo se reunió primero con los familiares del chico asesinado por motochorros y luego recibió a los comuneros. A la familia le aseguró el desplazamiento del titular del Comisaría Nº38, Alejandro Attili, y aumentar el despliegue policial en la zona. En tanto, ante los juntistas se comprometió a emprender la formación del Comité de Crisis.

Tras el caso de Brian, los juntistas de la Comuna Nº7 comenzaron a debatir una respuesta política ante el reclamo vecinal por justicia y las quejas por la “connivencia policial”. El domingo 25 de diciembre convocaron a una sesión extraordinaria de la Junta y el mismo lunes avanzaron con la idea del Comité de Crisis, que contó con un empuje clave del subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad, Leandro Halperín. El funcionario porteño fue quien convenció al ministro Ocampo de avanzar con ese reclamo que aglutinó a los siete comuneros en un pedido unánime firmado por representantes del PRO, el Frente para la Victoria y ECO.

CRÍTICAS. Según el diputado del Frente para la Victoria Gabriel Fuks, el hecho “demuestra que hay una crisis de seguridad porque la zona donde pasó es una zona donde el Gobierno Federal empezó a retirar las fuerzas del Operativo Cinturón Sur”. Para el legislador, es necesario que el Gobierno de la Ciudad “acuerde con el gobierno nacional cuál va a ser la decisión sobre el futuro del trabajo de las fuerzas”.

“En vez de dedicarse a la agenda de la Seguridad Ciudadana de cercanía, Larreta habla de los piquetes del microcentro. Habla de la agenda de los piquetes cuando la agenda es el robo en las calles, la inseguridad”, cuestionó Fuks.

En diálogo con Letra P, el comunero de ECO Alejandro Caracciolo defendió la iniciativa de la Junta Nº7. “Las salidas son institucionales. Sólo la política puede regular este tipo de cosas”, advirtió. Según el representante de la coalición de centroizquierda, “la inseguridad es producto de la exclusión social y el fuerte flujo de narcotráfico que hace destrozos en nuestra comuna”.

“Los domingos, los vecinos tienen que encerrarse. No queremos más que los vecinos se encierren los domingos y que las bicicletas vuelvan a las plazas”, agregó.

Testigos de los ataques a la comisaría y funcionarios del gobierno porteño aseguraron a Letra P que las personas que embistieron contra el edificio están identificadas y que hay vecinos y hombres ligados al Club Atlético San Lorenzo y al Club Atlético Huracán, pero que también son del barrio y no forman parte del liderazgo de ambas barras, como se informó el lunes. Es decir, la tesis sobre un móvil político tras la toma de la Comisaría Nº38 quedaría descartada, aunque alcanzó para que este martes Ocampo confirmara la decisión de desplazar al jefe de la seccional.

El crimen de Flores volvió a desnudar la interna Bullrich - Ocampo

Al ministro porteño lo dejaron solo y llamó a un Comité de Crisis. La Nación se desentendió por “motivos jurisdiccionales”. La decisión de Larreta de no exponerse. La disputa por retiro de federales.

Ni bien el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta avanzaron con el traspaso de parte de la Policía Federal, comenzaron las rispideces entre sus ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y Martín Ocampo. Las internas volvieron a quedar al descubierto este lunes, luego de que se confirmara la muerte de Brian Aguinaco, el chico de 14 años baleado por motochorros en la tarde de nochebuena, y tras la marcha y los incidentes en la Comisaría Nº38, encargada de velar por la seguridad de los vecinos del barrio de Flores. Mientras los vecinos reclamaban voces oficiales para explicar la situación de inseguridad del barrio, la decisión del Gobierno porteño fue preservar la figura del alcalde y que únicamente hable y lleve las riendas del tema el titular de la cartera de Justicia y Seguridad.

La difícil y compleja relación con la cúpula policial y las diferencias de “tiempos” entre ambos funcionarios del PRO lograron que la discusión por el traspaso se atascara en un pantano durante todo el año 2016, a pesar del convenio firmado entre la Nación y la Ciudad y de la ratificación por parte de la Legislatura porteña. La pelea por los recursos para efectivizar el traspaso de las 54 comisarías y cerca de 20 mil policías desencadenó un año de constantes internas entre Ocampo y Bullrich, con repliques del propio alcalde, que enfureció cuando la ex ministra de Trabajo de la Alianza comunicó la aprobación del protocolo anti piquetes, que la Capital jamás aplicó y que días atrás le generó dolores de cabeza y reclamos a Rodríguez Larreta.

El ministro porteño debió afrontar la crisis desatada este lunes en soledad y sin apoyo de la Nación, que esquivó el conflicto y adelantó que no intervendría por “motivos jurisdiccionales”. “Desde enero que las comisarías son responsabilidad de Ocampo y el Gobierno de la Ciudad”, advierten fuentes de la cartera que conduce Bullrich consultadas por Letra P.

Durante 2016, uno de los puntos que atizó esta disputa entre ministerios fue la confirmación de la culminación “progresiva” del Operativo Cinturón Sur hacia fines de año. El esquema de seguridad se inició en 2011 durante la gestión de la ex ministra Nilda Garré y se basa en el despliegue de efectivos de Gendarmería y Prefectura en las comunas del sur del distrito, donde se registran los mayores niveles de delito y donde se ubica la Comuna 7, epicentro del reclamo vecinal de este lunes, al cual el PRO se apuró en catalogar como una embestida propiciada por motivos políticos y en la que hubo vecinos decididos a reclamar seguridad y otras personas que fueron a protagonizar desmanes. Cauto, este martes por la mañana, Ocampo se encargó de aclarar que “una minoría usó este reclamo genuino para destrozar la comisaría”.

El balance de su rol ante la crisis cambió para mejor por la determinación que exhibió ante los familiares de Brian este martes por la mañana en las oficinas del ministerio, pero en la Jefatura de Gobierno esperaban que el mismo lunes brindara alguna explicación política al hecho. En rigor, lo hizo por televisión, una vez entrada la tarde, pero la explicación no alcanzó y los vecinos reclamaron que se presentara en la marcha, cosa que no hizo. “¿Para qué se iba a exponer? Lo iban a linchar”, justifican fuentes de Uspallata 3160.

SILENCIO Y AUSENCIA. También, los vecinos, tras denunciar una “zona liberada” por la Federal, pidieron la presencia o la palabra de Larreta. Sus asesores le recomendaron evitar expresiones públicas sobre el tema, como sucedió con la tragedia en la fiesta electrónica Time Warp. Lo mismo hará su vicejefe, Diego César Santilli. “Es tema del Ministerio de Justicia y Seguridad. Lo están resolviendo correctamente”, explicaron fuentes cercanas al mandamás porteño.

Ante este marco, la “gestión de cercanía” quedará reservada para el funcionario que responde a DanielEl TanoAngelici, que ya mostró las primeras cartas: en un gesto político, avaló la propuesta de un grupo de comuneros de la oposición para formar un Comité de Crisis. Se trata de un cuerpo que actuará dentro del marco de la Junta Comunal Nº7 (Flores – Parque Chacabuco) y en la que intervendrán funcionarios de los ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Humano y Hábitat, Ambiente y Espacio Público, Salud y Tránsito. “La intención es ver los distintos programas que tiene la Ciudad para coordinarlos entre todos. De programas y de trabajo que ya se está realizando”, explicó el titular de la comuna, el macrista Guillermo Peña.

Se buscará un abordaje más profundo de la situación de la conflictiva Comuna 7. No es la única: los mismos comuneros que impulsaron esta iniciativa y la votaron en la reunión extraordinaria del lunes 26, le adelantaron al ministro que en el mismo estado de inseguridad se encuentran las otras comunas del sur: la 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo), la 4 (Pompeya, La Boca, Barracas y Parque Patricios) y la 9 (Mataderos-Parque Avellaneda). No es una situación que Ocampo desconozca: el desalojo parcial y paulatino de las fuerzas federales (se calcula que hasta el momento un 66% de los efectivos han vuelto a custodiar las fronteras) en esa zona complicó su gestión. Parte del reclamo vecinal reside en la desaparición de estas fuerzas de seguridad de las villas de emergencia y las inmediaciones a las estaciones de ferrocarril, donde se repiten los delitos de hurto, robo y homicidios. No es casual que las estadísticas anuncian desde hace tiempo que Flores es el barrio con la tasa más alta de asesinatos.

Este martes, Ocampo se reunió primero con los familiares del chico asesinado por motochorros y luego recibió a los comuneros. A la familia le aseguró el desplazamiento del titular del Comisaría Nº38, Alejandro Attili, y aumentar el despliegue policial en la zona. En tanto, ante los juntistas se comprometió a emprender la formación del Comité de Crisis.

Tras el caso de Brian, los juntistas de la Comuna Nº7 comenzaron a debatir una respuesta política ante el reclamo vecinal por justicia y las quejas por la “connivencia policial”. El domingo 25 de diciembre convocaron a una sesión extraordinaria de la Junta y el mismo lunes avanzaron con la idea del Comité de Crisis, que contó con un empuje clave del subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad, Leandro Halperín. El funcionario porteño fue quien convenció al ministro Ocampo de avanzar con ese reclamo que aglutinó a los siete comuneros en un pedido unánime firmado por representantes del PRO, el Frente para la Victoria y ECO.

CRÍTICAS. Según el diputado del Frente para la Victoria Gabriel Fuks, el hecho “demuestra que hay una crisis de seguridad porque la zona donde pasó es una zona donde el Gobierno Federal empezó a retirar las fuerzas del Operativo Cinturón Sur”. Para el legislador, es necesario que el Gobierno de la Ciudad “acuerde con el gobierno nacional cuál va a ser la decisión sobre el futuro del trabajo de las fuerzas”.

“En vez de dedicarse a la agenda de la Seguridad Ciudadana de cercanía, Larreta habla de los piquetes del microcentro. Habla de la agenda de los piquetes cuando la agenda es el robo en las calles, la inseguridad”, cuestionó Fuks.

En diálogo con Letra P, el comunero de ECO Alejandro Caracciolo defendió la iniciativa de la Junta Nº7. “Las salidas son institucionales. Sólo la política puede regular este tipo de cosas”, advirtió. Según el representante de la coalición de centroizquierda, “la inseguridad es producto de la exclusión social y el fuerte flujo de narcotráfico que hace destrozos en nuestra comuna”.

“Los domingos, los vecinos tienen que encerrarse. No queremos más que los vecinos se encierren los domingos y que las bicicletas vuelvan a las plazas”, agregó.

Testigos de los ataques a la comisaría y funcionarios del gobierno porteño aseguraron a Letra P que las personas que embistieron contra el edificio están identificadas y que hay vecinos y hombres ligados al Club Atlético San Lorenzo y al Club Atlético Huracán, pero que también son del barrio y no forman parte del liderazgo de ambas barras, como se informó el lunes. Es decir, la tesis sobre un móvil político tras la toma de la Comisaría Nº38 quedaría descartada, aunque alcanzó para que este martes Ocampo confirmara la decisión de desplazar al jefe de la seccional.