El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a responder con evasivas cuando le consultaron por la aplicación del protocolo antipiquetes firmado por los ministros de Seguridad de todas las provincias a principio de año, promocionado por Patricia Bullrich, pero que jamás se aplicó.
El alcalde no supo qué responder cuándo le preguntaron por la cantidad de cortes en las calles porteñas y la imposibilidad de la fuerza pública de frenar las protestas. Una oyente del programa Le doy Mi Palabra, que se emite por Radio Mitre, le consultó y Larreta respondió que “el protocolo no es una ley”.
No obstante, reconoció que “es un tema que tenemos que solucionar” pero le echó el fardo al kirchnerismo: “Fueron mucho años de descontrol”.
Semanas atrás, en la fatídica jornada en la que pararon todos los subtes porteños, el jefe de Gobierno también dialogó con Mitre y sostuvo que “tenemos que evitar el piquete por el piquete mismo, sin justificación”. “Pero cuando tenés problemas que vienen desde hace más de diez años, la gradualidad es el camino”, opinó Larreta, quien afirmó que esta práctica de cortar calles comenzó “hace muchos años”, pero “se generalizó” en la última década.
También, repasó que la ley que rige en la Ciudad para sancionar los cortes sin permiso “es el protocolo de convivencia”, a la vez que enfatizó que la problemática de los piquetes la tienen que “trabajar todos los días con el gobierno nacional”.
La excusa de Larreta ante el reclamo de la oyente no hizo alusión a los cruces entre la Ciudad y la Nación por el tema. Una vez firmado el protocolo, Bullrich afirmó que estaba para cumplirse y el gobierno porteño jamás lo aplicó, enfurecido por cómo la ex ministra de Trabajo de la Alianza los “primereó”.
Como informó Letra P, en febrero el gobierno de Mauricio Macri consiguió la aprobación del protocolo en manifestaciones públicas qué define cómo debe ser el accionar de las fuerzas de seguridad ante las protestas en todo el territorio nacional. La medida, sancionada en una reunión del Consejo de Seguridad Interior en la ciudad de Bariloche, autoriza al Gobierno nacional a filmar las protestas, a controlar el trabajo de los medios determinando el lugar desde el cual podrán tomar registro de los operativos de desalojo y, en caso de no prosperar negociaciones tendientes a que los manifestantes cesen en sus acciones, a proceder al desalojo.