En los países europeos, por ejemplo, la tolerancia ante el negocio imparable de la droga es permitir el comercio por cuotas de calma urbana. A la versión argentina de esto, el procesalista Alberto Binder lo llama “doble pacto” y lo centra en las fuerzas de seguridad: umbrales lógicos de violencia a cambio de gobernabilidad.
Las medidas del gobierno de Maximiliano Pullaro
En el gobierno provincial indican que en el área metropolitana de Rosario hay 800 presos más en estos seis meses de gestión. Aluden a una evidencia en decomisos que sugieren que la plaza se ha ido secando de armas de fuego o que, al menos en este período, no es tan fácil obtenerlas.
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También se dio un cambio político con un paquete de leyes que buscó atacar directamente el fenómeno de la violencia, con un debate que no implicó ningún conflicto o disenso abierto, ni en la Legislatura ni en el Poder Judicial. Ese fuerte consenso, sumado a que por primera vez en diez años la seguridad no es motivo de objeción al oficialismo, genera una atmósfera que la delincuencia más robusta lee. No los tiratiros sino sus mandantes, que son los que deciden acciones.
Hay algo más. En las cárceles provinciales los presos de alto perfil ya casi no tienen contacto con el afuera. Está muy probado en audiencias penales que en los últimos años promovieron los delitos más conmocionantes.
Desde el cambio en la ley de ejecución de penas en diciembre y los crímenes de trabajadores escogidos al azar en marzo pasado, los presos denominados “nivel uno” no reciben siquiera visitas íntimas. Hay solo una de forma periódica, en ciertos casos cada dos meses, limitadas a treinta minutos de contacto indirecto a través de un blíndex. Eso implica una dificultad objetiva para trasladar órdenes extramuros que, rutinariamente, causaban hechos de sangre.
El elemento que falta
Son elementos atendibles para la baja por un motivo significativo: son todas circunstancias nuevas. Sin embargo, un descenso –muy bienvenido– en sólo medio año a un tercio de números que estuvieron arraigados en niveles epidémicos durante más de diez años es difícil de asimilar como resultado de medidas preventivas y de control, y ajustes institucionales y normativos.
Los suspicaces –suspicaces que ocupan lugares institucionales– marcan que el negocio criminal, básicamente el mercado urbano de droga, sigue tan activo y redituable como siempre. Si la oferta y la demanda de cocaína y marihuana no paran, por ejemplo, ¿por qué la forma de regular ese comercio clandestino, que es la violencia que duplicó tasas de homicidio, cayó este semestre a niveles previos a 2010?
Ahí es donde se instala la creencia de algún nivel de acuerdo de ciertos sectores policiales que recuperaron influencia en la calle. Nadie lo dirá, tampoco en esta nota, porque no hay evidencia. Pero hay dos cuestiones que lo marcan.
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Policías de Santa Fe durante un operativo de desactivación de búnker de venta al menudeo de drogas.
La primera es que ese es el modo como en Argentina, y en el mundo, funcionan las cosas cuando hay baja conflictividad con economías criminales prósperas. La segunda es que todos los demás factores son insuficientes para semejante frenazo.
¿De qué estamos hablando? De que un acuerdo directo entre sectores de la policía con factores criminales produce un reacomodamiento donde bajan, provisoriamente, los incidentes con armas de fuego. Cristaliza un fenómeno que tiene que ver con una estrategia de gobernanza territorial que tiene una condición fundamental: no se toca el negocio económico. Como pasa en Córdoba, donde hay comercio de droga, represión a este delito, evidencias de lazos policiales con narcos expuestas en juicio, pero un tercio de los homicidios de Rosario.
Cuando la prensa serpentea sobre factores no aludidos que explican la baja, cosa que es recurrente en las últimas semanas, se habla de esto. Pero es necio no atender que la gestión de Pullaro estableció una alteración de la política de seguridad en base a un plan anunciado antes de asumir.
Hay cambios verificables en el diseño estratégico policial, con tres reuniones semanales de inteligencia provincial, de trabajo operativo y de análisis delictivo que ajustan las órdenes de servicio de las semanas siguientes. La base operativa OJO elabora estados de situación, se definen acciones en base a mapas de calor y hay trabajos pautados en base a criterios con control de resultados.
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El ministro Cococcioni, la fiscal general Vranicich, autoridades de Seguridad de la Nación y fiscales provinciales durante el anuncio de detenciones por los homicidios ocurridos en marzo.
Existen dispositivos en ocho puntos denominados zonas priorizadas, las más críticas en delitos letales, con presencia policial fija. En todas esas zonas es notoria la baja de homicidios. Cuatro de ellas son en los barrios Triángulo, Ludueña, Tablada y Parque Casas (Cavia y Giraldo).
El mensaje a las calles de Rosario
El cambio en la ciudad para un mejor control es algo que, reconocen policías de mandos medios que hablaron con Letra P, estaba ausente en la gestión anterior. Las incidencias priorizadas, que son los hechos de cierta gravedad denunciados al 911, muestran que el delito más letal está concentrado en zonas específicas.
Es allí donde se aplica el mayor trabajo de control. Solo la Policía Federal por el Plan Bandera tiene 90 efectivos en el sector de la ciudad asignado, con proporción de un vehículo cada dos hombres. La presencia fuerte en territorio es percibida en las voces de los celulares secuestrados. El control de las órdenes de servicio de parte del OJO es obsesivo, indican cuadros policiales.
Lo que en los últimos años disparó la tasa de homicidios en Rosario fueron las disputas criminales ligadas al comercio urbano de drogas. La fragmentación del mercado produjo una conflagración con delitos derivados, como usurpaciones, venta de protección y extorsiones, que llevaron las disputas a un inédito derramamiento de sangre, con 290 homicidios en 2022 como pico histórico.
Para este panorama Letra P consultó a actores del Ministerio Público de la Acusación (MPA), de la Justicia Federal, sectores académicos y de la propia Policía de Santa Fe, en actividad y retirados. También a referentes estatales dentro y fuera de funciones. Hay un consenso entre la mayoría de los que contemplan este fenómeno de declive notorio de la violencia altamente lesiva: lo que regula esta pausa es un convenio no escrito de vía libre al negocio sin represalia a cambio de calma pública. Bajo esta máxima de la fuerza de seguridad: “Vendan, no maten. Recauden. Y paguen”.
Un funcionario provincial acepta que la baja extraordinaria de homicidios habilita la especulación. Desde el 1° de enero al 15 de junio de 2023 había en Rosario 143 homicidios. A igual fecha de 2024, este sábado a las 8 de la mañana, son 53. No hay antecedentes de algo así. Los heridos de arma de fuego bajaron de 441 a 175 en la comparación interanual del primer cuatrimestre: un 60 por ciento menos.
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Fuente y elaboración, Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe.
Qué cambió en las calles de Rosario
¿Por qué ahora la policía tendría la capacidad de imponer esta tregua de sangre y antes no? Según los consultados porque en la fuerza policial habrían recuperado posiciones algunos veteranos con conocimiento de la calle, que les cortaron las alas a otros cobradores de uniforme que, solo con atrevimiento y por las suyas, durante diez años despojaron al transa del barrio y a menudo se notaron en legajos judiciales.
Al mismo tiempo hubo en el último trimestre una desaceleración de detenciones relevantes, si bien hubo casos resueltos con rapidez y solvencia, entre ellos la conmocionante secuencia de crímenes de trabajadores de marzo pasado. No están cayendo detenidos gatilleros ni tampoco hay grandes secuestros de droga, indican. Desde la Justicia Federal admiten que no hay en estos meses grandes operativos en la materia.
¿Qué cambió? Que ahora hay una conducción unificada que ejercen referentes policiales relacionados –algunos de los cuales están en cargos inespecíficos de su función auténtica– pero que detentan influencia real en la calle. Una distinción de los últimos tiempos.
Dice alguien desde el centro del sistema penal de Rosario: “Con la venta barrial cada policía tenía su pyme y ahora no. Se frenó esa atomización y ahora se ordenó el mercado. Es una lógica básica: si en un ámbito territorial tenés distintos puntos geográficos de venta y tantos recaudadores como quioscos, vas a tener pibes en la calle, cuentapropistas, que van a responder a esas jefaturas anárquicas y múltiples con la anarquía de los balazos. Antes, cinco policías pasaban y recaudaban los cinco. Ahora un jefe policial fuerte implanta su directiva sin competidores y baja el mensaje a los que tienen el negocio en cada zona”.
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Operativo de fuerzas de seguridad federales en Rosario.
El gobierno no tiene por qué entrar en un debate sobre un tema que nadie da abiertamente ni mucho menos prueba. Pero frente a esto último tiene un argumento. Supongamos, dirán, que un actor estatal acuerda con un actor criminal relevante. El que queda afuera del acuerdo, que antes disputaba una zona a tiros, ¿por qué aceptaría retirarse dócilmente? De la única forma que lo haría es con la aplicación de altas cuotas de violencia. Y esa violencia es lo que no se ve.
Salvo que alguien piense que no se vende más droga, la merma de la violencia pasa por una regulación diferente del comercio en Rosario. Y los otros factores son dignos de ser sopesados y no merecen análisis simplistas. Hay mayor presencia policial preventiva en la ciudad que durante la gestión de Omar Perotti, aunque eso suele tener una incidencia discutible en los delitos de sangre. Hubo medidas en pabellones carcelarios de alto perfil. No hubo impunidad en delitos de gran conmoción social y hay acuerdos y coordinación manifiestos entre Nación y provincia. Todo eso junto, también implica un mensaje que el campo del delito es capaz de receptar.
Cohesión en la seguridad de Maximiliano Pullaro
Esas variables producen cohesión política. De hecho, las voces disonantes hacia la gestión Pullaro desde los poderes del Estado provincial son marginales, cuando no nulas. En el medio no solo los crímenes caen a una tercera parte. Los que ceden son justamente los de la tipología que habían explicado el colapso: los asesinatos ligados a organizaciones criminales o mercados delictivos. En 2014 los de esta clase motivaban el 29% del total, en tanto que en 2022 llegaron al 72%. Esto último, lo que llamamos homicidios narcos, es lo que se vino abajo en lo que va de 2024.
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Dentro de la serie que inauguró 2013 (con 271 homicidios) hasta 2023 (260) los años de menor letalidad fueron en las gestiones de Pullaro como ministro de Seguridad: 2017 (165) y 2019 (168). Eran tiempos en que varios de algunos jefes policiales a los que se atribuye influencia ahora en la pausa de violencia estaban vigentes. El gobierno responde que había método con otro control carcelario y de la acción preventiva.
El éxito o el problema de una ciudad con su seguridad pública no puede dirimirse en un juego de sumas y restas de muertes sino en evidencias más profundas, indicativas de qué es lo que produce los ciclos de ruptura de su violencia. Para eso es indispensable el paso del tiempo y advertir lo que pasa en toda sociedad: qué formas de la criminalidad desaparecen, cuáles logran adaptarse y persistir. Y con qué demostración de fuerza.