El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, va por un marco legal a dos herramientas hipersensibles para la política criminal de la provincia, que hoy están en uso de manera cuasi discrecional: la regulación de los gastos reservados, un proyecto que se convirtió en ley la semana pasada, y la creación de una agencia de producción y gestión de información, una especie de AFI provincial, que aún está en etapa de discusión parlamentaria. Ambos temas fueron los que –tras años de enfrentamiento entre el exministro de Seguridad Marcelo Sain con el poder político santafesino – terminaron sentándolo en el banquillo de acusados con imputaciones penales en su contra.
Hace poco más de un año, a fines de noviembre del 2022, el fiscal Ezequiel Hernández imputó al exministro de Seguridad Marcelo Sain y buena parte de su entorno de funcionarios, como Nadia Schujman y Diego Rodríguez por espionaje ilegal. También los acusó por peculado. El fiscal detalló en su hipótesis que se apropiaban mensualmente de una parte del dinero destinado a gastos reservados de la Agencia de Control Policial, ex Asuntos Internos. Dos años antes, había habido un intento de la oposición por regular el control esa caja y sancionaron el mismo proyecto que salió la semana pasada. Sin embargo, en diciembre de 2020, el por entonces gobernador Omar Perotti lo vetó y le puso un freno a la posibilidad de una revisión periódica y con límites a cómo se destinan los fondos para la investigación preventiva y penal.
Ahora, con la nueva composición parlamentaria, sin el voto del exgobernador Perotti porque estuvo ausente en esa primera sesión, la norma salió sin contratiempos. Prevé un doble control: del Tribunal de Cuentas y de una comisión bicameral de la Legislatura, que hará un seguimiento de las partidas. Su aplicación va a ser indispensable si se aprueba la creación de la agencia de información y con la Emergencia en Seguridad ya en marcha, que implica que se puedan usar recursos con controles más flexibles y a mayor velocidad. Esta ley será el contrapeso.
En concreto, la ley de gastos reservados establece que no se puede ocultar en qué se usan los fondos públicos. Que se llamen reservados no implica que no merezcan control. Históricamente en la provincia funciona una multiplicidad de agencias que los utilizan, desde las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), Asuntos Internos, Protección de Testigos, el MPA, entre otras. Todas ellas, por su razón de ser, requieren de un mecanismo administrativo especial de rendición de cuentas que resguarde la información sensible y la temporalidad de esas investigaciones.
Omar Perotti y Marcelo Sain
En 2020 Omar Perotti vetó la ley de gastos reservados, y su ministro Marcelo Sain
El otro proyecto, que aún está en discusión y que va a necesitar de mayor diálogo, es el que crea la Agencia de Producción y Gestión de Información. Hasta ahora, el punto más conflictivo es cómo se controla. Hay sectores políticos que están pidiendo ajustar más esa vigilancia, por ejemplo, con una comisión bicameral de seguimiento y no que solo recaigan sobre el Poder Ejecutivo.
Desde la Casa Gris, el argumento de la ley es que esas tareas de inteligencia permiten tomar decisiones estratégicas en materia de seguridad pública y prevención del delito: “La investigación penal la hacen los fiscales cuando un hecho ya ocurrió y hay que aplicar sanciones. Necesitamos información para diseñar políticas públicas y monitorear las acciones. Hay toda una clasificación de la información según el nivel de sensibilidad de la afectación de los derechos de las personas. Esto implica el uso de información de distintas fuentes, pueden ser abiertas, como googlear a alguien; después hay fuentes que son cerradas, como el acceso a bases de datos; y la última es la producción de información propia para tomar decisiones estratégicas”.
La Policía de Santa Fe tiene entre sus divisiones administrativas la famosa “D2” o división de información. Hay una por cada regional policial. La creación de la agencia concentraría esas tareas bajo una única órbita, además de establecer límites y alcances inamovibles. Es decir, con garantías de que esa información tiene una finalidad específica, confidencialidad y un procedimiento seguro y rastreable.
“Sain hizo de la información ilegal y de lo inorgánico una práctica habitual. Fue lo que finalmente le valió la denuncia. Hoy en Santa Fe la inteligencia no está permitida ni prohibida y se hace a medias, a lo Sain. La ley va a generar actores, reglas y responsabilidades que traspasen a esta gestión. Es una actividad del Estado legítima, pero tiene que tener un procedimiento y un protocolo. Quien pide un perfilamiento, por qué, para qué, si hay una falla, hay que poder detectar el eslabón y que asuma responsabilidades”, expuso, como contraste, una fuente del ministerio de Seguridad.
El proyecto presentado ahora, plantea la creación de un grupo más reducido de investigadores, para que empiece a operar sobre las cuestiones más urgentes, en el marco de la Emergencia en Seguridad, y establece que luego, en 60 días, se enviará un proyecto de organización de la estructura definitiva de la agencia, que puede ser un proceso que tarde años.
