En medio del escándalo nacional, el gobierno de Santa Fe hizo caer 160 convenios y habilitó 103 nuevos. Denuncias penales pero sin demonización.
En medio de la polémica y denuncias que generó el acopio de alimentos en depósitos del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, el gobierno de Maximiliano Pullaro difundió la auditoría sobre comedores sociales y merenderos de Santa Fe que derivó en la suspensión de asistencia a 160 instituciones y la incorporación de 103 nuevas.
La coincidencia temporal fue, una vez más, una forma del gobierno Pullaro de exponer diferencias con el gobierno de MIlei. La auditoría, que se inició el 2 de enero pasado, permitió detectar “severas irregularidades”, según marcaron los funcionarios provinciales, pero no busca recortar la ayuda alimentaria o cuestionar el trabajo de las organizaciones que colaboran en los barrios.
La intención es “transparentar y distribuir equitativamente los fondos”, desde el ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. "No venimos a hacer una caza de brujas", resaltan.
El secretario de Desarrollo Territorial, Sergio Basile, marcó que “nunca se cortó el diálogo ni el acompañamiento alimentario con las instituciones”, y que la auditoría permitirá manejar con eficacia los recursos “para atender a las instituciones que hacen muy bien las cosas”.
La provincia marcó que aumentó las partidas en las políticas alimentarias en un 80% desde diciembre, mejorando además la calidad de los módulos que se entregan con aceite, arroz, fideos, lenteja, polenta, yerba, leche y lata de tomate. Durante el año se compraron para la entrega a comedores y merenderos cien mil módulos.
Desde el 2 de enero se audita el trabajo de 800 lugares. Hasta el momento fueron alcanzados 481, de los que 222 funcionan –o lo hacían, en el caso de los que fueron desafectados por irregularidades– en Rosario y 259 en el centro norte de la provincia.
Se suspendieron las asistencias a 160 instituciones donde se detectaron irregularidades como la suplantación de identidad –personas que debían tener una tarjeta de habilitación y no la tenían–, lugares inexistentes o que declaraban ofrecer un servicio alimentario que no prestaban.
El gobierno de Pullaro también fue a tribunales. Realizó más de una decena de denuncias penales ante la Justicia provincial ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito. En febrero se hizo la primera presentación, que fue ampliada con nuevo material en abril y mayo.
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, anticipó que es posible que se presenten más denuncias.
“Así como se detectaron comedores e instituciones que trabajan muy bien, lamentablemente, también nos encontramos con 160 espacios que no daban el servicio alimentario correspondiente al convenio o no existían, ya que al dirigirnos a las direcciones indicadas hemos encontrado baldíos o espacios vacíos”, puntualizó Tejeda.
El secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques, marcó que el cierre de los espacios que presentaban irregularidades permitió redireccionar los recursos y permitir incorporar 103 nuevos convenios con organizaciones sociales que trabajan con comedores.
“Esto tiene que ver con la posibilidad de distinguir a aquellos que trabajan bien, que son solidarios con sus vecinos y tienen arraigo en el territorio. Con quienes hacen las cosas mal, somos contundentes. No venimos a hacer una «caza de brujas», venimos a ser eficientes el sistema y a mejorar esta red”, marcó el funcionario.
La provincia invierte actualmente dos mil millones de pesos mensuales a través de distintos programas.
El jueves, mientras el gobierno de Pullaro destacaba el trabajo de auditoría que desarrolla sobre comedores y merenderos, llegó a Rosario la primera partida de alimentos que estaban acopiados en el ministerio de Capital Humano y que estaban a punto de vencerse. Son 10 mil kilos de leche en polvo que, según dispuso Nación, serán distribuidos por los tres centros de la Fundación Camino –vinculada a Conin– y 35 comedores relacionados.
Vecinos se concentraron frente a sedes de la entidad, pero se fueron con las manos vacías. Desde la Fundación explicaron que ya tenían dispuesto el reparto en 41 entidades de la ciudad señaladas por Capital Humano y que el resto de la mercadería permanecería en distintos depósitos hasta definir su destino.