FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN

Alimentos: el sistema que Federico Sturzenegger le vendió a Javier Milei está sospechado de corrupción

Un modelo de compra abierta y seguro de entrega, cuestionado. Más intermediación, procedimientos opacos y licitaciones que ganan siempre las mismas empresas.

El “seguro de entrega” de compras de alimentos e insumos para afrontar emergencias sociales que Federico Sturzenegger le propuso al presidente Javier Milei que está sospechado de corrupción. Presentado como una innovación para evitar desmanejos, como los recientes en el Ministerio de Capital Humano, ya se aplica desde la gestión de Mauricio Macri.

En la provincia de Buenos Aires existe un sistema de Convenio Marco. Son compras que quedan abiertas y los ganadores de la licitación van entregando la mercadería en tramos, según se le liberen las órdenes de compra de acuerdo con los requerimientos del Estado provincial.

“La propuesta de Sturzenegger ya existe en la práctica en Nación y Provincia, pero sorprende al presidente Milei porque desconoce el funcionamiento de la administración pública”, dijo a Letra P el exdiputado Alejandro Rodríguez.

El actual director del Instituto Consenso Federal precisó que “ese sistema implica que la mercadería no es acopiada por el Estado, sino que está en poder de la empresa proveedora hasta el momento de su entrega efectiva”.

Federico Sturzenegger propone más intermediarios

Consultado por Letra P, el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política, Isaac Rudnik, advirtió que “el plan de Sturzenegger agrega intermediarios que dice querer eliminar” y puntualizó: “Son los que comprarían para que otros distribuyan”.

“No es problema que el Estado almacene, hay mucha experiencia en el tema en instituciones como la Iglesia, los movimientos sociales, etc. Lo único que se busca es encubrir que el gobierno retuvo, escondidos ilegalmente, alimentos comprados para comedores”,

Una ejecutiva de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que estuvo de acuerdo con la propuesta de Sturzenegger, dijo a este medio: “El depósito, la logística y la entrega la afrontará ahora el proveedor de alimentos y no el Estado. Los privados están mejor preparados para las condiciones óptimas de conservación y entrega”.

“Aunque el nuevo modelo de gestión tendrá un costo más alto para el privado que deberá transferir al Estado, porque –explicó- hay un costo de mantener el stock y otro por el riesgo de ese stock y la logística”.

Un sistema “opaco” y para pocas empresas

El escándalo por las 5.000 toneladas de alimentos retenidos por funcionarios de la cartera a cargo de Sandra Pettovello, expuso también un sistema de compras del Estado muy sospechado y que usufructúan un conjunto bastante acotado de empresas.

El Chino Navarro, ex secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la gestión de Alberto Fernández y referente del Movimiento Evita, afirmó que “la forma en que el Estado compra y administra alimentos y otros productos es ineficiente y también es muy opaca, desde siempre”.

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Para el desarrollo infantil hay dos tipos de asistencia del Estado: transferencias directas a los comedores, cuyas rendiciones nunca son satisfactorias; y la licitación de compras masivas de alimentos que se entregan en los depósitos y también se pierde la trazabilidad.

En uno y otro caso se detectaron irregularidades en las auditorias que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Allí figuran empresas como Hugo Holowaty que vende yerba, Alimentos Vida (Vidalac), Ignacio Kleñuk, Automotores Haedo, Proveeduría integral MC, Mafralac Alimenticia SRL o La Silibila.

En su mayoría, son empresas con plantas productoras y respaldadas en una trayectoria; otras son oficinas con CUIT multipropósito y versatilidad para entrar en licitaciones para proveer fideos, leche o una manta polar. Intermediarios que también podrán participar en el sistema de Sturzenegger.

Quiénes participan en los juegos del hambre

Pablo de la Torre fue eyectado de la secretaria de Desarrollo Social, acusado de contratar ñoquis a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). En marzo, esa entidad cuasi diplomática, cuyo representante en Argentina es Luis Scasso, acordó con Petovello, sin pasar por los controles del Estado, hacer una licitación de compra de alimentos para comedores por $4.500 millones.

En esa licitación se anotaron empresas como Tanoni Hnos, Valquiria, Nomero, Careaga y Teglia. También estaba la empresa Alimentos Fransro, que la propia OEI objetó y sacó de la compra.

La modalidad de compra masiva de alimentos, como las partidas que escondió Pettovello, es históricamente la más sospechada de corrupción. En 2020, por ejemplo, el ahora diputado Daniel Arroyo terminó renunciando por un caso de sobreprecios en la compra de fideos. Luego la Justicia sobreseyó al exministro.

La pobreza como telón de fondo

La discusión sobre las políticas sociales sucede mientras un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que el 20,6% de los hogares sufren insuficiencia alimentaria. Esto indica que hay 11 millones de personas que padecen hambre frecuente.

El Gobierno entrega la asignación Universal por Hijo (AUH) de $74.000 a cuatro millones de infancias y adolescencias. Además, aporta casi 2,5 millones de tarjetas Alimentar, mediante las cuales las familias con un hijo de hasta 14 años reciben $52.000, con dos hijos $82.000 y con tres hijos $99.500.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

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