SANTA FE EN LLAMAS

El hijo del contador de un narco de Rosario trabajó siete años con el juez Bailaque, sospechado de favorecerlo

Sebastián Mizzau obtuvo el empleo por la amistad de su padre con el magistrado federal, investigado por su papel en la causa Alvarado.

Un hijo de uno de los contadores que certificó trabajos para las empresas legales del narco Esteban Alvarado, una de las principales figuras criminales de Rosario, trabajó desde 2017 y hasta el mes pasado en el juzgado federal Nº 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque. Quien está en estos días bajo un trámite disciplinario en el Consejo de la Magistratura de la Nación bajo sospecha de haber generado una obstrucción en una investigación al narcotraficante.

La situación puede no tener nada que violente la legalidad, pero estalla de suspicacias en un momento en que el juez federal afronta sospechas, que él refuta, de haber favorecido a Alvarado.

A Bailaque se lo está investigando por rechazar en 2013 el pedido de intervenciones telefónicas hacia el grupo de Alvarado, solicitadas por fiscales federales que ya entonces lo conectaban con el comercio de drogas. Al mismo tiempo versiones indican que el contador le llevaba las cuentas personales al magistrado.

En febrero de 2019 Alvarado fue imputado en la Justicia provincial por el asesinato de un prestamista, lo que luego le valió condena a perpetua. En ese trámite también fue sentenciado por asociación ilícita, por montar una serie de empresas legales para financiar sus delitos. Una de esas empresas, Logística Santino SRL, era una compañía dedicada al servicio de transporte automotor de cargas y tenía como socia principal a su mujer, Rosa Capuano.

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El juez federal Marcelo Bailaque.

El juez federal Marcelo Bailaque.

El que firmaba los estados contables de Logística Santino era el contador público nacional Gabriel Mizzau. Según los investigadores patrimoniales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) también fue él quien gestionó el pedido de habilitación municipal para el instituto geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, una empresa integrada por Viviana Alvarado y Daniel Martín. Según los fiscales provinciales, y para los jueces que condenaron, este geriátrico era una firma de Esteban Alvarado, quien figuraba como empleado para simular ingresos legales.

El hijo de este contador que certificó balances o gestionó permisos comerciales para el grupo de Alvarado se llama Sebastián Mizzau y es empleado de la Justicia Federal de Rosario. Mizzau hijo entró en 2017 como empleado del juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque sin rendir concurso, como una buena cantidad de empleados, en base a la relación de amistad que su padre mantiene con el magistrado federal. Trabajó en ese juzgado hasta el mes pasado, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.

El contador Mizzau no fue jamás requerido por los fiscales provinciales ni federales en relación a las conductas reprochadas a Alvarado. Tampoco tiene su hijo ningún comportamiento reprobable que se conozca. Pero es un asunto que circula por ámbitos penales de Rosario el hecho de que un hijo de uno de los contadores que actuó para Alvarado trabaje en un juzgado federal, el mismo cuyo magistrado titular está bajo legajo disciplinario por pedido de tres fiscales provinciales y avalado por tres jueces que dictaron condena.

La intervención de Bailaque en el caso Alvarado

En 2022 Alvarado fue condenado por primera vez en Rosario por narcotráfico a 15 años de prisión. En su descargo ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura el juez federal Bailaque recordó que había sido él quien había procesado a Alvarado en ese caso y que había elevado la causa a juicio.

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Se trató de la detección de un camión detenido en la provincia de Río Negro que transportaba 493 kilos de marihuana. El camión que trasladaba la droga era propiedad de TOIA SRL, sigla de los nombres de Nadia Toledo y Ricardo Ianni, dos socios de Alvarado. Ianni iba en el camión y fue condenado en 2019 por ese delito por el Tribunal Federal de General Roca.

Pero todo el vínculo de Alvarado con ese cargamento no se siguió nunca en la Justicia Federal de Rosario sino que se puso en evidencia en el trámite que la Justicia de Santa Fe le seguía a aquel por el homicidio del prestamista Lucio Maldonado. Fue allí donde quedaron al desnudo las empresas de Alvarado y sus integrantes. El dueño del semirremolque donde iba la droga, por ejemplo, era Ricardo Peralta, ex chofer de Logística Santino SRL.

El juez Bailaque sostuvo en su defensa ante el Consejo de la Magistratura que él nunca tuvo las causas contra Alvarado sino que siempre le fueron delegadas a las fiscalías federales. Manifestó haber concedido la mayoría de las medidas de prueba en las pesquisas de 2013 contra Alvarado, salvo en los casos en donde por deficiente fundamentación ejerció como juez de garantías. Y que en esos casos los fiscales no realizaron ninguna apelación.

El pedido que llevó a Bailaque a afrontar el sumario disciplinario es que en 2013 no concedió tres pedidos de intervenir teléfonos pedidos por los fiscales Marcelo Di Giovanni y Santiago Marquevich en causas donde Alvarado era el principal apuntado. Estos pedidos finalmente los autorizó a los once meses. El jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que realizó los informes contra Alvarado, Emilio Lencina, dijo como testigo del juicio a Alvarado que esa demora le resultó poco comprensible. Bailaque expresa ahora que los rechazó como juez de Garantías y que deben evaluar el correcto basamento de los mismos.

En la sentencia contra Alvarado dictada por el Tribunal Federal Oral 2 de Rosario en 2022 figura que la empresa Logística Santino, de la mujer de Esteban Alvarado, tenía “asesoramiento financiero, contable y tributario” integrado por el CPN Gabriel Mizzau, cuyo hijo comenzó a trabajar hace siete años en el tribunal a cargo de Bailaque.

Letra P se comunicó con el juez federal Bailaque, quien manifestó su disposición a dialogar con este medio pero no pudo hacerlo hasta el cierre de esta nota.

Una medida en medio del mar de sospechas

En el medio de la estridencia de estas divulgaciones, este martes Bailaque procesó una vez más a Alvarado. Esta vez por el delito de lavado de activos. Los fiscales federales Federico Reynares, Juan Argibay y Matías Scilabra acusaban al líder criminal de haber creado, al menos desde mayo de 2022 hasta la actualidad, una fábrica de carbón ubicada en el barrio Belgrano de Rosario, mediante la cual se pusieron en circulación bienes de origen delictivo, básicamente automóviles.

La ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro.
El juez federal Marcelo Bailaque.

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