En el trámite disciplinario que le siguen por omisiones en una investigación contra un líder del narcotráfico local, el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque tendrá por delante en unos días a los fiscales que le pidieron al Consejo de la Magistratura de la Nación que lo investigara. En lo que promete ser uno de los platos fuertes del sumario contra el magistrado federal.
El sumario disciplinario al juez federal Bailaque se inició el 10 de abril, en consonancia con el anuncio del cambio del procedimiento penal en la Justicia Federal de Rosario. La decisión fue parte del paquete de acciones institucionales que ese mes corrieron desde atrás a una brutal secuencia de sangre que conmovieron a la ciudad y el país, con cuatro trabajadores escogidos al azar y asesinados.
El proceso disciplinario contra Bailaque reavivó el debate crítico sobre el papel de la Justicia Federal de Rosario, que durante la gestación del fenómeno narco en Rosario tuvo una actuación que quedó bajo sospechas fundadas. Una de las más estruendosas se dio cuando en la Justicia provincial investigaron y llevaron a juicio por delitos violentos a Esteban Lindor Alvarado, que terminó condenado a distintas penas de prisión, y posteriormente por narcotráfico.
La denuncia de los fiscales de Santa Fe
En 2022, durante el juicio contra Alvarado por el asesinato de un prestamista, los dos fiscales del caso sorprendieron en sus alegatos de cierre al señalar, sin nombrarlo, que pedirían al Consejo de la Magistratura que analizara la conducta jurisdiccional de un juez federal. Era por haber negado nueve años antes medidas cruciales que un fiscal federal había pedido contra Alvarado.
Los fiscales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, del área de Criminalidad Compleja del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fueron citados por la diputada Roxana Reyes, que actúa como acusadora contra Bailaque. Fueron ambos los que al final del juicio pusieron en evidencia que en 2013 la Justicia Federal había desestimado importante evidencia contra Alvarado como actor del comercio de drogas en Rosario, surgida en una pesquisa de un año antes en la Justicia de San Isidro.
Los dos dijeron que la omisión quedó detallada en informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que indicaban contactos de Alvarado con el narcotraficante asesinado Luis Medina y que policías provinciales de cargos importantes le garantizaban sus negocios. También aludían a una incomprensible inacción de la Justicia Federal de Rosario, porque no autorizó medidas cruciales para el avance de la investigación.
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Los fiscales de Santa Fe Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
La cajoneada investigación de la Justicia Federal contra Alvarado estaba contenida en la pesquisa que hizo en Rosario Emilio Lencina, exjefe de la PSA en Rosario. “Lencina explicó cómo fueron los capítulos de esta investigación que tenía como referente a Alvarado. Habló de los 14 informes que presentó a la Justicia Federal. La causa es la 5433/2013. El juez era Marcelo Bailaque”, afirmó Schiappa Pietra. Con evidencia contenida en algunos de esos informes a partir de 2019 fueron condenados Alvarado y policías provinciales que le prestaban colaboración.
Según afirmaron los fiscales Edery y Schiappa Pietra, del expediente federal surgió que el juez federal actuante en el caso denegó de manera reiterada los pedidos de intervenciones telefónicas que en base a lo que surgía del trabajo de campo se hacía sobre los sospechosos. Las negativas a interceptar esos celulares iban en desmedro de una pesquisa exitosa ya que los sospechosos, dijo Schiappa Pietra, cambian continuamente sus líneas.
Los citados por el Consejo de la Magistratura
Entre los citados a declarar al Consejo de la Magistratura está el ex fiscal federal Marcelo Di Giovanni que fue quien en 2013 pidió tres intervenciones telefónicas que Bailaque desestimó inicialmente y autorizó recién a los once meses.
También fue convocada la exfiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, que avaló el pedido de investigación al juez federal. Al fiscal federal jefe de la Procuración contra el Narcotráfico, Diego Iglesias, y el fiscal federal Santiago Marquevich los requirieron asimismo a prestar declaración.
El presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, dijo en la última sesión haber recibido un descargo efectuado por Bailaque. Hizo leer el pedido de citación de testigos de la consejera acusadora. La producción de pruebas se aprobó el miércoles pasado y oportunamente se tomará la resolución que corresponda, afirmó Piedecasas.
Bailaque es juez de instrucción titular del juzgado federal 4 de Rosario que ahora mantiene los expedientes del sistema escrito que dejó de regir el pasado 6 de mayo. Actualmente se desempeña como juez de garantías en el sistema acusatorio iniciado desde entonces.