El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque presentó un descargo en el sumario que le abrió el Consejo de la Magistratura de la Nación y ofreció argumentos para negar responsabilidades en que la pesquisa contra un narcotraficante condenado en 2022 no haya avanzado en la Justicia Federal.
El magistrado federal tiene un trámite disciplinario requerido por fiscales provinciales que lograron la condena a prisión perpetua para Esteban Alvarado, figura destacada del campo criminal en Rosario, por distintos hechos de violencia en 2022.
Los fiscales manifestaron que en 2013 una fuerza policial había dejado evidencia elocuente por actividades de narcotráfico contra Alvarado y que las mismas que se habían estancado en la Justicia Federal. En el juicio provincial al menos dos testigos señalaron que Bailaque desestimó tres pedidos de intervenciones telefónicas y las autorizó recién once meses después de ser solicitadas.
Bailaque refutó que haya tenido incidencia en lo que los fiscales provinciales entienden que implicó impunidad para Alvarado. Fundamentó su defensa en cuatro puntos. El primero es que él delegaba la mayoría de los expedientes a los fiscales como si rigiera un modelo acusatorio pleno y que así ocurrió en el expediente que generó este reproche.
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Juez federal de Rosario Marcelo Bailaque.
El segundo es que en este caso respondió favorablemente a la inmensa mayoría de requerimientos del fiscal de la causa, los que detalla en su descargo, y que donde hubo negativas puntuales no fue por un motivo caprichoso sino cumpliendo su rol de juez de garantías.
El descargo ante el Consejo de la Magistratura
Como tercer punto, y fundamental de su defensa, Bailaque refiere que el fiscal actuante en este expediente tenía herramientas para apelar la negativa a los casos en que, según dice excepcionalmente, no atendió a sus pedidos. Y sin embargo no lo hizo. “El Ministerio Público Fiscal no presentó ni un solo recurso contra aquellas decisiones que no respondían a su interés”, manifestó Bailaque en un planteo por escrito ante el presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas.
“Este dato es muy relevante porque la responsabilidad de la investigación se encontraba a cargo del fiscal, de modo tal que si estaba convencido de la línea de investigación que llevaba adelante, debía articular las herramientas a su alcance incluyendo los recursos ante las decisiones de los jueces de primera instancia”, subrayó Bailaque.
El magistrado, que ejerce el cargo de juez de instrucción federal en Rosario desde 2008, manifiesta su intención de “despejar la más mínima duda que pudo haber sido insinuada” durante el juicio provincial contra el mencionado criminal “en relación a que yo podría haber interferido para de algún modo favorecer a Esteban Lindor Alvarado”.
Aquí es donde aparece el cuarto punto de su descargo. Es cuando afirma que fue él quien el 11 de diciembre de 2019 resolvió dictar el procesamiento de Alvarado como autor de transporte organizado de estupefacientes por un cargamento de casi 500 kilos de marihuana interceptados en la provincia de Río Negro. Y luego elevar a juicio en agosto de 2020 el caso por el cual Alvarado terminaría sentenciado a 15 años de prisión.
El juez de Rosario bajo la lupa
Todo este asunto fue motivo de debate público. El procesamiento de Alvarado por transporte de droga se produjo cuando ya había quedado en evidencia, en el trámite provincial donde era juzgado por el asesinato de un prestamista, las relaciones entre Alvarado y ese cargamento de droga decomisado dos años antes. Para el momento en que la Justicia Federal de Rosario se ocupó de este caso en Río Negro, los ocupantes del camión, de probadas relaciones con Alvarado, ya habían sido condenados.
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Eso motivó críticas públicas sobre un presunto accionar moroso u omisivo de la Justicia Federal de Rosario hacia Alvarado, sobre quien obraban 14 informes que lo relacionaban con el narcotráfico desde 2013, como señaló Emilio Lencina, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al declarar como testigo en el juicio provincial. Fue allí que se expusieron las omisiones que Bailaque rechaza y que derivaron en el trámite disciplinario.
Una de las críticas más fuertes contra Bailaque fue por entonces la del exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain. Quien al declarar como testigo en el juicio provincial a Alvarado efectuó una fuerte objeción al trato concesivo que a su criterio dio la Justicia Federal al capo criminal.
Bailaque recuerda en su descargo que Sain lo denunció ante el Consejo de la Magistratura en 2020. Y que “oportunamente el plenario de ese cuerpo (…) dispuso desestimar la denuncia” el 27 de diciembre de 2021.
La semana pasada el consejero Piedecasas admitió el pedido de prueba para que seis fiscales concurran a declarar en el trámite de Bailaque, solicitado por la diputada nacional por Santa Cruz Roxana Reyes, que actúa como consejera acusadora.
Bailaque en su descargo pidió que se desestimara el trámite disciplinario. “Recalco que el desempeño de mi función no puede ser catalogado como obstruccionista de la investigación, lo que rechazo rotundamente”.