Las autoridades de Seguridad Pública de Santa Fe, con el ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni a la cabeza, arrancaron con un diagnóstico respecto del estado de la criminalidad callejera en Rosario y la convicción de que el control de las acciones cruentas empieza con una reformulación de las rutinas internas en las cárceles. Eso se tradujo en acciones que se implementaron desde el primer minuto del nuevo gobierno, con una acción en los pabellones donde se alojan reclusos implicados en hechos de alta lesividad para confinarlos de modo especial.
Además de la medida operativa, correlativamente se decidió que fuera una medida comunicacional potente. La orden provino directamente de Maximiliano Pullaro. Se entendió que las últimas acciones cruentas de grupos criminales en la vía pública eran una expresión de fuerza para plantar posición o para negociar. Se le replicó con el mensaje –amplificado por el sistema de medios– a los detenidos en el pabellón 9 de Piñero, que fueron requisados, corridos de los ámbitos comunes y alojados en sus celdas. “Jefes narcos y sicarios irán a espacios de alta seguridad”, dijo el gobernador.
Cárcel de Piñero: Pullaro confirmó el traslado de presos a pabellones de alto perfil
Desde la Casa Gris dicen saber que los ataques contra el banco de Ovidio Lagos y Saavedra, la escuela Nº63 “Almirante Guillermo Brown” de la zona oeste y otro de mayúscula expresividad contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, son el primer vuelto de estas decisiones del Ministerio de Seguridad a cargo de Pablo Cococcioni.
Precisamente Cococcioni es el funcionario que estableció hace doce años que una criminalidad nueva en sus fines y en sus métodos requería de medidas especiales e inéditas en las prisiones de la provincia. Como secretario de Asuntos Penitenciarios implantó una división de internos por las acciones que motivaron su confinamiento, con lo que diseñó un sistema de control de ingreso de paquetes a las cárceles, dio discusiones personales como abogado en audiencias penales generadas por su decisión de limitar salidas transitorias y estableció los pabellones de alto perfil.
“Esperábamos esto. Nos hubiéramos sorprendido si no pasaba. Se responderá con total agresividad, dentro de la ley”, sostuvo este miércoles una voz oficial del Ministerio de Seguridad.
Las acciones decididas el lunes fueron largamente meditadas durante meses, se inscribieron en un plan estratégico que tiene como foco a los actores que manejan la calle desde las prisiones, algo que se ve todas las semanas en las audiencias que se realizan en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde permanentemente son reimputadas por delitos personas que ya están presas. Y ese plan prevé, según las fuentes, una respuesta puntual a cada réplica.
Las nuevas autoridades afirman que encontraron un desgobierno alarmante dentro de las prisiones con situaciones de flexibilidad que favorecen las actividades delictivas de los detenidos. Alegan, por ejemplo, que los inhibidores de señales para impedir comunicaciones con los celulares que entran a las cárceles están inactivos. “Los estamos revisando. No andaban. Era una joda”.
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El ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni.
En Rosario, los hechos de una criminalidad que recurre a una violencia nunca vista y desaforada en sus movimientos fueron ordenados desde las cárceles. Por ejemplo, la balacera que terminó con la muerte del gerente de un banco en el Casino City Center en febrero de 2020, el ataque mortal a una docente y su hija profesora de danzas en el Parque del Mercado hace 15 meses, el asesinato del músico Lorenzo Jimi Altamirano en febrero de este año frente a la cancha de Newell’s. Y hace dos semanas el crimen a quemarropa del chofer de la línea 115 César Luis Roldán mientras conducía el colectivo, hecho que según fuentes del MPA involucra a actores que están dentro de la cárcel de Piñero.
“No vinimos a ejercer la función de gobierno sin un plan y sin la decisión de hacer algo con los circuitos de estos criminales”, dice un funcionario de Seguridad. Eso puede ser tan cierto como que los rebotes de las acciones emprendidas pueden ser como los rebufos de un arma poderosa que al ser disparada produce golpes contra el que tira.
Tras las elecciones primarias que perfilaron a Pullaro como posible gobernador, ya los encargados del equipo de seguridad decían algo que Cococcioni blanqueó este miércoles: la decisión de iniciar traslados sistemáticos desde comisarías saturadas a instalaciones del Servicio Penitenciario. La razón no es solo la ilegalidad de que estén en penales policiales sino que eso distrae recursos de la misma fuerza para tareas de custodia.
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El grupo de Operaciones Especiales Penitenciario trasladó 86 presos de comisarías a cárceles.
Hay un plan de construcción inicial de cinco alcaidías, una por circunscripción judicial, y una cárcel de alta seguridad con tres mil plazas. Pero hasta que eso pase se tomó una decisión propia de cuando la manta es corta. “Si tenemos que vaciar comisarías generando momentáneamente más hacinamiento en cárceles lo haremos. Hay un problema de seguridad muy serio en el medio”, indicaron por entonces desde ese equipo, hoy en el gabinete, a Letra P.
El asunto es muy delicado y permite presagiar otros conflictos que ya se están manifestando. La situación de las prisiones es explosiva. Motorizada por la violencia epidémica que vive Rosario, las cárceles de Santa Fe sufrieron una brutal metamorfosis. Al dejar en abril de este año su cargo como fiscal general de la provincia, Jorge Baclini consignó preocupado ante la Asamblea Legislativa que las cárceles eran un problema que lejos de contener la violencia la reproducía.
“En 2014 arrancó en la provincia el nuevo sistema penal con 4.560 presos. Actualmente son más de 10 mil. La población se duplicó. Hay que preguntarse cuántos presos estamos dispuestos a tener, porque estamos excediendo la capacidad de mantenerlos”, dijo.
La saliente defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, se retiró el mismo día con una consideración idéntica en el mismo lugar. “La tasa de encarcelamiento desde 2012 se duplicó. Y desde 2017 aumenta 25 puntos en promedio por año. También se incrementó la violencia institucional”.
En una provincia que sufrió el trauma amplificado de la matanza de Coronda en 2004 la circunstancia es, para la política, un problema de primer orden.
