Quienes no tomen el retiro voluntario perderán parte del sueldo. Se suma al tributo extraordinario a grandes empresas. Los números de la economía riojana.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.
Sin puentes con la Casa Rosada que le permitan negociar recursos nacionales, Ricardo Quintela se vio obligado a ajustar más el gasto público. Ahora, la Legislatura de La Rioja aprobó un proyecto para obligar a los empleados públicos a jubilarse si es que reúnen las condiciones. Si no lo hacen, perderán un adicional salarial.
La medida no es la única que busca engrosar las arcas de esa provincia del Norte Grande. De manera simultánea, los legisladores sancionaron una ley a pedido del Ejecutivo que estableció un aporte extraordinario para grandes contribuyentes, incluido en el impuesto a los Ingresos Brutos, con el fin de financiar un programa alimentario.
La ley provincial 10.906, que reformó el estatuto del personal civil, obliga a los empleados públicos riojanos que reúnan la edad y los años de aportes necesarios a jubilarse. En rigor, la norma fija un plazo de diez días corridos para que los trabajadores intimados inicien el trámite jubilatorio. Para forzar su cumplimiento, se establecieron sanciones en la nueva ley.
Una de las penalidades es que, si un trabajador demora el inicio de su trámite de retiro, se le quitará un adicional remunerativo en su salario. Además, podrán permanecer en funciones durante tres meses o hasta que se les conceda la jubilación. Si el trámite no fue iniciado dentro de esos tres meses, podrán ser desvinculados.
La medida se inscribe en la estrategia del Ejecutivo riojano para reducir el gasto en personal en medio de las restricciones financieras de la provincia y la falta de transferencias discrecionales del Gobierno. Como La Rioja transfirió su caja previsional a la Anses, el pase de trabajadores al sistema previsional nacional permitiría disminuir la nómina estatal activa.
No es la única iniciativa que busca cuidar los recursos. En la ley inmediatamente posterior, la 10.907, la Legislatura aprobó el aporte extraordinario para grandes contribuyentes que pidió el Ejecutivo riojano. La medida busca financiar un programa alimentario ante el recorte de fondos nacionales denunciado desde la Casa de las Tejas.
El impuesto tiene una duración de cuatro meses y se pagará mensualmente entre septiembre y diciembre. El universo de contribuyentes alcanzados es pequeño, ya que tan solo 29 empresas superan el piso de facturación mensual de $2 mil millones fijado. El aporte extraordinario es del 25% sobre el impuesto determinado sin deducciones.
Lógicamente, la medida causó críticas a Quintela, que ya había echado mano a un aporte similar en 2024 aunque con un universo de contribuyentes mayor. No solo La Libertad Avanza salió a discutir la idea de que se cortaron fondos y pidió auditar los comedores escolares, sino también el Centro Comercial e Industrial rechazó fuertemente la medida.
Con esas y otras medidas de ajuste que implican un costo político, Quintela logró que su provincia tuviera superávit en el segundo trimestre de 2026. Según un estudio de la consultora Politikón Chaco en base a datos del Indec, La Rioja tuvo un superávit primario del 6,5% y financiero del 5,9% contrayendo la inversión y el circulante.
En materia de recursos, La Rioja sufrió una merma del 2,3% en sus ingresos con respecto al mismo periodo del 2025. Lógicamente hubo un freno a las transferencias de la Casa Rosada, pero también una caída en la actividad económica que impactó en la recaudación. Como consecuencia, Quintela recortó el gasto un 8,9% real. Fue el segundo gobernador que más ajustó en todo el país.
